“Falta un sustento para reformas estructurales”

"Falta un sustento para reformas estructurales"

Por Lucas Padulla. Segunda parte de la entrevista que Marcha le realizó a Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS sobre el último informe de ese organismo en torno a los Derechos Humanos en nuestro país.

En esta segunda parte de la entrevista con el Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), repasamos los ejes que giran en torno a la autonomía policial, el sistema penitenciario, la ley antiterrorista y el aborto.

-Otro modelo que analiza el informe es el de la Policía Federal y la Metropolitana.

En la Federal sí hay una clara voluntad de asumir, con el nuevo Ministerio de Seguridad, el control político civil de las fuerzas y las políticas de seguridad. Muchas medidas que van en el sentido de quitarle poder y autonomía a la policía, desde la cuestión de los pasaportes, las seccionales, un ejercicio de supervisión de los ascensos. Lo que nosotros planteamos que está faltando, ya pasado un año, es un nivel de regulación marco normativo que le de sustento a reformas estructurales.

Y en el caso del Gobierno de la Ciudad, es una cosa mixta. Es una fuerza de seguridad nacida hace poco con todas las posibilidades de ser una fuerza de seguridad democrática, diferente, pero a pesar de todo eso, ha funcionado y funciona básicamente con el viejo modelo de delegación.

Este control que se intenta aplicar a la policía, ¿está previsto también para el sistema penitenciario argentino?

El servicio penitenciario es todavía más difícil, porque a diferencia de la policía, lo que pasa adentro de las cárceles no lo ve nadie, solo lo sufren los presos. Por un lado es todavía más difícil generar consenso y voluntad política, más que en los temas de la policía. Por supuesto hay herramientas y experiencias exitosas como el sistema penitenciario de España, que fue reformado de una manera exitosa. En el caso de la Provincia de Buenos Aires las condiciones de sobrepoblación carcelaria son un problema grave y el acceso a otros derechos como salud y educación también.

-¿Por qué no se establece un consenso en la clase política?

Es muy buena pregunta, pero no sé si tiene una respuesta tan fácil, tan simple. Porque, creo, el tema carcelario no es un tema que venda, los presos no le interesan a nadie, socialmente no generan empatía y me parece que la clase política se desentiende del problema porque no sabe, no tiene elementos para resolverlo. No los tiene o no los provee o no los procura, pero me parece que es algo que está lejos.

-Dentro de un contexto de propuestas de cambio o legislaciones progresistas, ¿cómo se enmarca la llegada  de la Ley Antiterrorista en Argentina?

Desde el CELS creemos que fue un severo retroceso en materia de protección de los derechos humanos por distintas razones. Por cómo quedo legislada, con una formulación muy vaga, abierta, que va en contra de lo que es un principio fundamental de los DD.HH. que es el principio de legalidad, en la que tiene que haber descripciones muy claras y precisas de lo que está prohibido. También, porque su formulación tal cual esta hecha puede ser utilizada para aplicársela a lideres sociales, sindicales y, de alguna manera, utilizarla como herramienta en contra de la protesta social. Después, por la forma en que fue sancionada: pocos días antes de fin de año sin un debate apropiado. Y, en cuarto lugar, porque creo que tiene un vicio de origen que es su legitimidad, que tiene que ver completamente con cumplir con un organismo internacional como es el GAFI y que no tiene ningún tipo de racionalidad de política criminal con lo que pasa en Argentina.

-Uno de los últimos capítulos es sobre el aborto. ¿Cuál es el panorama para el 2012? 

La buena noticia del aborto, por lo menos en la agenda de mínima, en términos de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, es el fallo de la Corte que despejó cualquier duda que hubiera sobre la constitucionalidad y legalidad del aborto terapéutico. Fue una interpretación amplia y una directiva muy clara a los ministerios de Salud, provinciales o federales, para actuar en casos de ese tipo. A pesar del fallo, algunas provincias están poniendo obstáculos. Afortunadamente, el candidato a Procurador (Daniel) Reposo, que tenía una postura absolutamente retrógrada al respecto, finalmente renunció a su candidatura. Su posición era, inclusive, contraria al fallo de la Corte; era más regresiva que cualquiera de las posiciones conservadoras. Me parece que hay un largo trecho por recorrer en materia de orden terapéutico. Todavía hay bastante masa crítica en el Congreso para que los proyectos de legalización del aborto se discutan. Y ahí creo que nadie tiene muy en claro qué va a suceder porque no está claro ni cómo se alinea el oficialismo.

-¿Cómo se explica la inacción del Estado cuando debería ser, como dice el CELS, “respetuoso, protector y garante de los DD.HH de su población”? 

Hay una falta de entendimiento de que, también en estos casos, se tratan de problemas relacionados con la violación a los derechos humanos. Los derechos de las mujeres son parte de la agenda de los derechos humanos y las obligaciones del Estado. Y, de alguna manera, en estos casos, lamentablemente, siempre mete la cola una visión religiosa o moralista del problema; que, en definitiva, es un problema de salud pública. El índice de mortalidad materno en este caso es altísimo. La religión no tiene nada que hacer en esta discusión. La respuesta tiene que ser de una política publica sobre salud.