España: Cuarta elección en cuatro años

En un escenario complejo de condenas a los líderes independentistas catalanes y de exhumación de los restos de Franco, mañana se realizará la repetición electoral en España, la cuarta en cuatro años.

María García Yeregui desde España

El próximo domingo 10 de noviembre -el día después del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín- hay repetición electoral en España. Un país, recordemos, con sistema parlamentarista, no presidencialista, donde el voto no es obligatorio y con una ley electoral que premia las mayorías. Un sistema en la que la abstención influye a la hora del reparto de bancas para poder legislativo que investirá al presidente del ejecutivo. Los números de votos que representa cada diputado varían entre sí. Y son los congresistas en función de sus grupos políticos, con una disciplina férrea de partido, los que finalmente votarán para investir un presidente que alcance la mayoría suficiente de la cámara. 

La ley electoral articulada en la Constitución del 78, favorece el voto rural por la llamada ‘ley del dos’, es decir que en cada provincia se juegan dos diputados como mínimo, independientemente de su población. Como decimos, favorece también las mayorías a la hora de traducir votos en bancadas, tanto a nivel estatal como a nivel de los partidos que se presentan por una sola de las comunidades autónomas en las que se divide el país, como los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. 

El régimen político reglamentado con esta estructura electoral, contaba hasta el comienzo de su propia crisis -a raíz de las políticas de ajuste implementadas tras la crisis de 2008-, con dos grandes partidos. Dentro de una arquitectura estatal muy poco centralista –el Estado de las autonomías-, el bipartidismo turnista del PSOE y del PP se veía cumplimentado para la gobernabilidad ejecutiva, en caso de que alguno de ellos no consiguiera la mayoría absoluta, por dos partidos mayoritarios conservadores en las nacionalidades históricas más relevantes, el País Vasco y Cataluña. 

Las dos zonas más desarrolladas y ricas del país –industria fabril y banca-, además de Madrid como capital, tanto antes de la guerra civil como durante el desarrollismo franquista, que reprodujo la relación centro-periferia “necesaria” -para los beneficios oligárquicos en este sistema capitalista- del subdesarrollo terrateniente o extractivo de materias primas, de otras zonas del país. Siendo así, ambos sufrieron, aunque aguantando mejor y siguiendo la inercia de la desigualdad centro-periferia, la llamada ‘reconversión industrial’ -la desindustrialización- que realizó el PSOE a partir del tratado de Maastricht de la Unión Europa. 

Nos referimos a los partidos tradicionalmente hegemónicos de Euskadi y Catalunya: el PNV -la derecha nacionalista democristiana vasca-, y la antigua CIU, el conservadurismo nacionalista catalán que ha dado paso al independentismo de derechas de Junts per Cat a lo largo de esta década. Los descendientes políticos de CIU que gobernaron Catalunya durante 23 años consecutivos, parecen olvidar que en su momento pactaron la gobernabilidad de España con el PP de José María Aznar, haciendo posible que la derecha españolista unificada -con estrategia centrista- llegara por vez primera a la Moncloa, en los años 90s.

Pues bien, a partir de la llamada crisis del bipartidismo, nos encontramos ante las cuartas elecciones generales en cuatro años. Unas elecciones que van a tener lugar en la coyuntura que abrió la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo (equivalente a la Corte Suprema de Justicia en Argentina) en el juicio al llamado ‘Procés’ independentista catalán de 2017. 

Diez días después de hacerse pública la sentencia, se exhumó a Francisco Franco de su mausoleo, bautizado por él como ‘Valle de los Caídos’. La forma y el contexto no acompañaron la demorada aplicación de la ley de Memoria Histórica, aprobada por el PSOE de Zapatero en 2007, en cuanto a hacer efectiva la prohibición de monumentos públicos que exalten la dictadura. 44 años han pasado desde el funeral de Estado del 24 de noviembre de 1975, tras haber muerto en la cama el 20N. Más de cuatro décadas para concretar una medida reparatoria tan fundamental como no tener un monumento nacional-católico y fascista en honor al dictador. Sin embargo y, por desgracia, una vez más, el logro de la lucha de las organizaciones memorialísticas ha sido doloroso, por haber estado mal contextualizado y ejecutado (más si tenemos en cuenta la imagen televisiva producida). 

El traslado de los restos del genocida al panteón familiar de Mingorrubio fue, en última instancia, consecuencia también de la decisión de otros magistrados del mismo Tribunal Supremo, que denegaron el recurso presentado por la familia del dictador para impedir el traslado de sus restos o, en todo caso, volverlos a inhumar esta vez en la catedral de Madrid. Unos recursos que paralizaron la decisión política durante un año, hasta la reciente orden judicial del Supremo. Un decreto del gobierno de Pedro Sánchez que fue aprobado, en el Congreso de los diputados formado a partir de las elecciones generales de 2016 -las segundas de la serie-, por la misma mayoría que votó a favor de la moción de censura que nombró a Sánchez presidente, para echar al PP de Mariano Rajoy, sentenciado por financiación ilegal, de la Moncloa.

Así, el 24 de octubre, los restos de Franco salían del Valle de los Caídos después del que el día 14 se hubiera confirmado la vergonzante condena por sedición, a nueve de los doce procesados independentistas. Sin embargo, no fueron declarados culpables de rebelión, contrariamente a lo que vienen defendiendo las derechas españolistas que no cesan de llamarles “golpistas”, ¡lo que hay que oír teniendo presente la historia sufrida por el país a partir de golpes de Estado militares! Un cargo, el de rebelión, del que eran acusados tanto por parte de la fiscalía como por la abogacía del Estado. 

En conclusión, la ‘verdad jurídica’ del Estado es que los líderes independentistas no son golpistas pero sí sediciosos, tanto los dos presos políticos -“los Jordis”, activistas que practicaron la desobediencia civil- como los ocho presos de conciencia por razones de naturaleza política -cargos políticos electos del anterior gobierno de la Generalitat (gobierno catalán histórico) que son algunos de los responsables de las leyes de desconexión, la organización del ilegalizado referéndum de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia.

Este mismo octubre, el de las luchas antineoliberales de América Latina en Ecuador y Chile, al otro lado del charco, en Catalunya, también era un mes de movilizaciones masivas, huelgas y enfrentamientos con la policía que han dejado detenidos, heridos, maltratados y tuertos por el uso de pelotas de goma en las cargas policiales. Fue la reacción popular de sectores independentistas ante la sentencia. 

Se ha abierto una nueva fase, que veremos cómo se dirime el domingo, dentro de la correlación de fuerzas de los dos grandes partidos independentistas, divididos desde que comenzó la respuesta judicial del Estado. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es hoy la fuerza hegemónica, confirmada como tal a partir de las últimas elecciones generales el pasado 28 de abril, en las que España zafó de las derechas sin filtro. Este partido -cuyo líder es el condenado con más años en la sentencia y que no salió del país, a diferencia del que fuera presidente de la Generalitat en 2017 por Junst per Cat, y que se encuentra en Bruselas-, difirió con esa derecha independentista en la estrategia política. ERC decidió apoyar en la investidura a un gobierno progresista con Pedro Sánchez como presidente en caso de que PSOE y Unidas Podemos llegaran a un acuerdo para asegurar que las derechas no llegaran al gobierno central. 

Por el contrario, Junts per Cat votó ‘no’ a Sánchez, argumentando la cuestión de los presos, en las dos sesiones de investidura fallidas de julio. Este es el partido que tiene actualmente la presidencia de la Generalitat consecuencia de un acuerdo postelectoral con ERC. No preelectoral como el que hicieron para ganar las elecciones catalanas que abrieron la fase de organizar la estrategia independentista desde las instancias oficiales catalanas, es decir el referéndum de independencia y su arquitectura legislativa. 

Sin embargo, en las movilizaciones de estas semanas algunos de los líderes de ERC fueron abucheados en ciertas concentraciones en las calles. Por tanto, después de los resultados en los comicios del próximo domingo, veremos si continúan con la misma estrategia en el Congreso nacional, frente al peligro de un gobierno de las derechas, más cuando nos encontramos esta vez ante un Sánchez girado hacia los votantes españolistas –el giro al centro dicen los medios-, anunciando medidas como volver a insertar en el código penal la convocatoria de referéndums, despenalizada por Rodríguez Zapatero, y negando que en haya un conflicto territorial en España, limitando el problema a una cuestión de convivencia entre catalanes.

La sentencia de los jueces del Supremo estaba vista para sentencia desde julio. Estaba anunciada para septiembre, pero se retrasó precisamente para no coincidir con la situación política, la de una nueva convocatoria de otra ronda de investidura, que finalmente no tuvo lugar. Y es que Sánchez decidió en septiembre no acudir a esa investidura, forzando la convocatoria de repetición electoral, sabiendo que tanto la sentencia como la exhumación se producirían en las fechas previas. 

Un contexto en que las derechas mediáticas han venido trabajando sobre el sentido común con los disturbios en Catalunya como fondo, de cara a la campaña permanente. Han seguido con la presión contra el autogobierno catalán y practicando la táctica, con características de ‘doctrina del shock’, de presentar el escenario para abogar por la aplicación de la ley de seguridad nacional. Una exageración descerebrada permanente –como que Barcelona era Beirut- que ha acompañado a las imágenes de los enfrentamientos en las calles con los cuerpos policiales -cuyos responsables no ordenaron sacar, por ejemplo, camiones hidrantes, mientras las órdenes de cargar para la dispersión efectiva y total se daban ante cada corte de ruta que los CDR (comités de defensa de la república) hacían como medida de fuerza. La estrategia de los mandos policiales ha sido dejar el cuerpo a cuerpo para los grupos policiales, armados con pelotas de goma, prohibidas por el parlamento catalán. De cara al domingo, el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha enviado refuerzos a Catalunya ante las posibles acciones de boikot. El agravio de por lo menos la mitad de Catalunya está en las calles en una nueva llamada a las urnas que desestima el resultado anterior, mientras la policía reprimió el uso de urnas en el ilegalizado referéndum del 1 de octubre de 2017. 

En definitiva y no de forma casual, la polarización en torno al eje nacional, vuelve a estar en el centro de la escena. El hastío también sigue presente como una sensación mayoritaria en las calles de todo el país. Y por desgracia se come la insuficiente -perseguida por movimientos de derechas y reprimida por la policía en Madrid- respuesta de movilización en las plazas de las ciudades de todo el Estado, frente al peligro de profundización en el ataque a los derechos civiles y políticos, in crescendo a partir de las medidas de disciplinamiento social en Catalunya.