Esperando el segundo semestre: veto presidencial y respuestas fragmentadas

Por Federico Orchani* – @fedeorchani

Fortalezas y debilidades del veto presidencial. Una economía que no para de recalentar y tensa la calle. Respuestas fragmentadas y heterogéneas.

Vetos y votos

En el nuevo relato –ahora macrista– de “país normal” pareciera que la cantidad creciente de padecimientos que sufren millones de argentinos y argentinas se va a resolver con la llegada del segundo semestre. Sin embargo, la creciente inflación y los brutales tarifazos hacen que sea poco creíble la promesa de mejora, más bien a penas una “profecía” de difícil cumplimiento.

La sanción de la “ley anti despidos” luego de la masiva movilización obrera del 29A y el posterior veto presidencial a la ley abren una serie de interrogantes de difícil respuesta en el corto plazo. ¿Sale fortalecido el presidente Macri luego de vetar una ley que prohibía a los empresarios no despedir trabajadores durante 6 meses o por el contrario, es una muestra de debilidad ante la falta de respuesta estatal a la crisis del empleo? Como aquella metáfora futbolística del equipo que consigue un empate pero no logra valorar si el resultado es beneficioso o por el contrario solo hasta promediar el final del torneo. Porque al igual que en el fútbol, la política es un juego de a varios, donde pesan una multiplicidad de variables y relaciones de fuerzas. Aunque pueden extraerse de manera provisoria una serie de reflexiones parciales. El gobierno de Cambiemos y en particular el presidente Macri, que declaró en la semana previa a la sesión en diputados tener “abstinencia de veto”, dejó en claro al vetar la ley que no acepta ningún tipo de regulaciones en la economía. Primero intentó mediante un show de apuro lograr un compromiso no legal del mundo empresarial de “no reducir sus plantillas”, acuerdo que al otro día ya estaban incumpliendo. Luego no quedó otra alternativa que vetar la ley, pero para eso el gobierno “ganó tiempo”. Primero demorando el proyecto en el Senado, luego sumándose al juego de rosca de minorías junto al Frente para la Victoria (FpV) y el Frente Renovador (FR) con excepción de la Izquierda. Esta ofreció un patético juego parlamentario donde los únicos privilegiados no fueron precisamente las y los trabajadores, sino quienes aspiran a demostrar carácter y gobernabilidad como es el caso del PRO, o quienes especulan con algún tipo de redito político de cara a las próximas elecciones, como el FPV que debe levantar cabeza o el FR que también debe demostrar que puede ser alternativa.

Así, las y los trabajadores “no” tendrán su ley, por el contrario, crece un clima de incertidumbre ya que las respuestas de momento por parte de las centrales sindicales no son de lo más contundente. A excepción de las CTA, las CGT no se pronunciaron a favor de un “Paro” nacional, incluso sabiendo de antemano el anuncio del propio Macri sobre el veto a la ley. Quizás, –siguiendo a Eduardo Lucita– esto se deba a que “entre los dirigentes de las CGT pesa la devolución parcial del dinero que se les debe de las Obras Sociales y además que entre tanta rosca e idas y vueltas pasó desapercibido que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que por unanimidad se votara momentos antes de la Emergencia Laboral, excluía explícitamente de ese tratamiento a la Obras Sociales, cuyas cajas suele manejar discrecionalmente la burocracia sindical peronista histórica”.

El palacio y la calle II

El gobierno nacional, sabe que no le alcanza con “los avances de la justicia” sobre la corrupción y la cantidad de casos que se amontonan en tapas de diarios e incontables minutos de TV. La llamada “cuestión social” debería no ya solamente preocupar sino desesperar las acciones del gobierno para contener el creciente clima de malestar social producto de una realidad cada vez más caliente: inflación y tarifas. En un artículo firmado por Ismael Bermúdez en el diario Clarín del día domingo, se cita un informe de la UCA donde se alerta que “los incrementos en los precios y las tarifas y la menor actividad interna están generando un aumento de la pobreza. Estos nuevos pobres son, en general, familias de trabajadores de sectores populares no marginales o clase media baja que no cuentan con sistemas de protección social. Y si bien hay una clara intención en generar medidas de alivio, muchas de ellas ocurren a destiempo o son parciales”. Se trata del mismo Observatorio que había calculado a marzo pasado “una tasa de pobreza de entre el 29 y 33% de la población, con 1,4 millones de “nuevos pobres” con relación a fines de 2015”. Cuesta creer realmente en la buena voluntad de los empresarios y que un eventual “efecto derrame” luego de la tan anunciada llegada de inversiones pueda generar un cambio fundamental sobre la realidad que afecta a millones de trabajadores y trabajadoras que están fuera del “mercado formal”. Entre otras cuestiones por la problemática estructural ya conocida que conlleva una matriz productiva fuertemente extranjerizada y dependiente del agro negocio y el extractivismo que generan una casi nula oferta de empleo, sumado a la inexistencia de lo que se conoce como “burguesía nacional” que se desviva por el crecimiento del país.

La decisión política del gobierno nacional ante este cuadro viene siendo el ajuste y el recorte. Pasó y sigue pasando con el empleo público y ahora se suman los recortes a la educación pública lo que motivó una masiva movilización pocas veces vista en los últimos años protagonizada por la comunidad docente, no docente y estudiantil.

Son los trabajadores de la llamada “economía popular” quienes salieron a protestar por la creciente carestía de vida y porque los salarios que perciben por ejemplo los trabajadores cooperativistas en relación de dependencia con el Estado están lejos incluso del salario mínimo. Ocurrió en la Capital Federal donde la “toma” pacífica de la jefatura del gobierno porteño obligó a los funcionarios locales a mejorar la oferta de aumento salarial y nuevos puestos de trabajo que luego incumplieron. En la Casa Rosada conocen bien esta realidad, quizá fue el motivo del anuncio conjunto en el municipio de Almirante Brown de la construcción de un plan de viviendas y aumento de planes sociales junto a un grupo representativo de organizaciones sociales, algunas provenientes del kirchnerismo.

Las organizaciones populares deben actuar de manera muy cuidadosa, la política corporativa sirve de freno a las luchas populares que en un contexto de ofensiva conservadora deberían ser unificadas lo más posible y actuar con independencia política, pero hay gestos que confunden. Vale el ejemplo del accionar de las CGT que demoran una respuesta que debió ser casi automática ante una realidad por demás anticipada. Porque la crisis de representación que se llevó puesta a las estructuras tradicionales a fines de los 90’ y principios de los años 2000, hoy parcialmente recompuestas, puede llevarse también por delante ese caudal de representación política ganado en las grandes barriadas de las grandes ciudades dominadas históricamente por el aparato clientelar.

*Militante del Frente Popular Darío Santillán