Estrategias de las derechas y cloacas del Estado en una España de luto

Mientras continúa el luto oficial por las más de 30 mil víctimas del Covid-19 en España, en el parlamento la derecha extrema presiona hasta el desgaste del actual gobierno de coalición progresista.

Por María García Yeregui

España está de luto oficial por las víctimas del Covid-19, las 27.127 personas fallecidas (según datos del 2 de junio, con prueba verificada). Son más, por eso están en marcha investigaciones públicas -dada la expansión vírica que tuvo lugar en las residencias de ancianos- para conocer aquellos decesos que no fueron confirmados como casos, pero que responden a personas que también son víctimas del virus. Se manejan que unos 10 mil ancianos más en residencias.

En esta coyuntura, la situación política que enfrenta el país responde a la estrategia de la extrema derecha (Vox) y la ‘derecha extrema’ (el Partido Popular de Pablo Casado, principal partido de la oposición) para destituir al gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez (PSOE) con Unidas Podemos. Lo hemos visto otro miércoles en el Parlamento. 

Al respecto de las sesiones parlamentarias, cabe señalar que en España, pese a haber sido una de las cuarentenas más estrictas de occidente –hasta el 11 de mayo-, la figura constitucional de excepcionalidad que fue aplicada para suprimir derechos fundamentales como el de reunión o libre movimiento por parte del Estado, es decir, el Estado de alarma, ha necesitado para su continuidad la votación de sucesivas prórrogas parlamentarias, cada 15 días desde su decreto del 14 de marzo hasta la sexta y última de este miércoles 3 de junio. 

A mediados de abril, se retomaron las sesiones de control al gobierno, también cada dos semanas. Fue tras la hibernación total de la actividad que tuvo lugar durante 15 días –excepto las actividades realmente esenciales-, después de que la primera quincena de confinamiento, en la que la Ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño –el alma de la elite de la Unión Europea del gobierno- impuso el funcionamiento de algunos sectores económicos no esenciales, aunque incluidos como tales, como el de la construcción. 

Los plenos del Congreso, por supuesto, se han celebrado en el hemiciclo con una mínima representación de diputados, sólo 43, para asegurar el distanciamiento social. Esta circunstancia es factible al tratarse de una democracia parlamentaria –no presidencialista-, y ser un modelo de la misma que funciona institucionalmente con una férrea disciplina de voto para los diputados en función de sus grupos parlamentarios -es decir, de los partidos políticos-.

Pues bien, en la última sesión de control al gobierno, esta semana, se constató una vez más la dura confrontación, la presión encaminada al desgaste progresivo hasta el derrocamiento del gobierno a través de una nueva convocatoria de elecciones. Un Ejecutivo que, recordemos, salió de un pacto de gobierno tras la repetición electoral del 10 de noviembre –un año, el 2019, con 5 convocatorias electorales en el país que ganó siempre pírricamente el PSOE-. La tensión generada desde la oposición por PP y Vox ha ido in crescendo a lo largo de todo el mes de mayo, el de la planificación de la desescalada. Pero está aupada en una estrategia que comenzó desde el primer momento de la crisis sanitaria. 

La portavoz del PP, la patricia argentina y marquesa española, Cayetana Alvarez de Toledo -que merece artículo a parte desde su llegada a la política española- dijo en el atril del Congreso, dirigiéndose al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias: “usted es el hijo de un terrorista; a esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político”. El padre de Iglesias fue reprimido y condenado por la dictadura con la acusación delictiva de repartir octavillas. Fue militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), organización ligada a una escisión del PCE, que defendía la acción directa contra el aparato de represión dictatorial al final del franquismo, entre 1973 y 1978, año en el que se disolvió tras las primeras elecciones. Unas elecciones convocadas en 1977 por los sectores reformistas del propio régimen en el poder, a partir de la legislación de la reforma política que preparó la llamada ‘transición pactada’ española.

No obstante, el eje del pleno y de la prensa durante esta semana -opacando la aprobación gubernamental del Ingreso Mínimo Vital- es la crisis del Ministerio del Interior con la Guardia Civil (cuerpo policial militarizado). Unos hechos que continúan destapando la realidad estratégica implementada por parte de las derechas. No sólo de opinión y movilización, durante algunas semanas de mayo, con el uso de la sistematicidad de difusión de bulos en redes y acompañada de una prensa conservadora desaforada -mayoritaria en el país-, sino dentro de las instituciones coercitivas del Estado y la judicatura; mientras, eso sí, los relatos explicativos vertidos, desde ese primer momento de la crisis epidémica, como parte fundamental de dicha estrategia, emborronan cualquier evidencia hasta hacerlas desaparecer para amplios sectores sociales. 

El nuevo suceso saltó a la palestra la semana pasada, el lunes 25 de mayo: el equipo del Ministro de Interior, juez Grande-Marlaska, destituyó a dos altos mandos del cuerpo policial militarizado. Como respuesta corporativa a la primera destitución, hubo una dimisión de otro alto mando de “los del tricornio” (como se conoce popularmente a los agentes de la Guardia Civil). Desde luego, la explicación oficial del ministro no ayuda frente a las acusaciones de purgas obstruyendo a la justicia, vertidas por la oposición. Grande-Marlaska respondió con una actitud burocrática de “lavar los trapos en casa” nada convincente, evitando destapar otro caso de cloacas estatales –las conocemos bien porque los hemos vivido muchas veces, por ejemplo, el terrorismo estatal de los GAL en los gobiernos de Felipe González o, muy reciente y sin terrorismo de Estado, los casos de espionaje político del comisario Villarejo como el del último gobierno del PP y la constitución de la llamada ‘policía patriótica’. 

En las explicaciones oficiales -como ya pasara con otro episodio en el comienzo de las investigaciones por bulos y mentiras sistemáticas en redes- Marlaska mantiene la mentira burocrática de normalidad formal, anunciada en comparecencia de prensa ante las preguntas de periodistas con actitud de desdén institucionalidad naif, que es parte del oscurantismo institucional al no ayudar sino profundizar en no distinguir entre las deducciones críticas de nuestras realidades y el escándalo mediático continúo o las mentalidades conspiranoicas multiplicadas en esta era. Así, según la primera versión del ministro, la destitución del jefe de la comandancia de Madrid fue simplemente un adelanto jubilatorio, para pasar a centrarse después, ante la petición de dimisión en el Congreso, en la versión de la defensa de la libre designación de equipos del ministerio en proceso de reestructuración.

Es decir, nada que ver con los informes de la Guardia Civil llenos de bulos, de manipulaciones en declaraciones y falsedad de fechas -hasta de los días de las afirmaciones de la OMS-. Un informe que ha trascendido en prensa, plagado de las fakenews que han circulado masivamente como parte de la intoxicación de sectores conservadores-reaccionarios. Unos informes cuyo destino era una investigación judicial abierta para inculpar al delegado del gobierno en Madrid por la autorización de las marchas del 8M. Una denuncia que está en investigación para la apertura de juicio que, como han declarado juristas varios, su indagatoria no ha respetado las directrices del funcionamiento de las causas durante el Estado de alarma. Hasta el punto que la propia Abogacía del Estado lo ha llegado a calificar como una ‘causa general’ contra el gobierno. 

Casualidades de los juzgados a los que van a parar ciertas denuncias, no siempre por supuesto, pero cuando pueden lo hacen coincidir en cuándo y dónde ponen la denuncia. Las conocemos bien, desde los movimientos sociales, por propia experiencia, tanto los militantes político-sociales como específicamente los grupos de derechos humanos y civiles por las denuncias de la propia policía -contraatacando a las consecuencias de su racismo institucional sobre los cuerpos- contra migrantes subsaharianos ‘sin papales’, manteros, que tras haber sido apaleados en las detenciones en la calle o las comisarías, son contradenunciados. Ahí están las sentencias, los porcentajes de absolución de los policías sistémicamente. Las hemos vivido muchas veces. Estos últimos años con casos como el del centro social de Barcelona –documental ‘Ciutat morta’- o con el caso de los jóvenes de Alsasua en el País Vasco. No sabemos si es así en este caso puesto que a la jueza no le tembló la mano con sentencias de falsedad de títulos a cargos importantes del PP como su líder y la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid hasta la sentencia.

El hecho es que la acusación de purga ideológica sobre el cuerpo policial con el fin de encubrir la culpa gubernamental en la situación de colapso epidémico, para asegurar la impunidad gubernamental, cerrando las investigaciones de la policía-militar e injiriendo en la justicia -por exigir conocer la investigación del cuerpo policial que la jueza había, por su independencia frente al gobierno, explícitamente prohibido o, dicho de otro modo, al parar la indagatoria de la jueza a la que le calló la denuncia- es un argumento cerrado. 

Un relato circular, construido a partir de las acusaciones vertidas masivamente, desde el 9 y 10 de marzo, de que el gobierno mentía y ocultaba cifras para permitir las manifestaciones del 8M. Así comenzaron una campaña de culpabilidad dolosa por los muertos, por la tragedia del país, a partir de convertir la marcha del 8M de Madrid en un chivo expiatorio, aunque hubiera partidos de fútbol y otros eventos multitudinarios. La argumentación conspiranoica nacional que posibilita una evasión tanto del resto del mundo como de los tiempos y las causas del negacionismo –tanto progre como conservador- que implicó la demora de reacción en el viejo continente y que, efectivamente, ha costado vidas, está “atada y bien atada”(cita de Francisco Franco) para la derecha social. 

Y todo, pese a que, como decimos, la jueza en cuestión –perteneciente a una asociación del ala conservadora de la judicatura, por otro lado igual que el ministro Grande-Marlaska- haya abierto una causa no urgente en una situación de limitación de las mismas, por la emergencia sanitaria, a causas urgentes que según los criterios vigentes en la cuarentena ésta no cumpliría, estando las indagatorias restringidas hasta la desescalada. No obstante, la investigación comenzó y los informes que han sido filtrados contienen bulos de la estrategia mediática y de redes de las derechas, falsedades de fechas y manipulaciones de declaraciones de responsables sanitarios.

 El hecho es que los relatos derechistas están, como hemos pretendido explicar, bien alimentados y continúan con la construcción de la imagen del gobierno como ‘autoritario’. Lo llevan articulando también desde hace tiempo por parte de la ultraderecha. Han pasado de las descalificaciones compartidas con el PP de un gobierno “pro-separatista, pro-etarra, golpista, chavista y comunista”, a uno ‘totalitario’. El esperpento propagandístico no tiene desperdicio. ‘Totalitario’ el gobierno de un país extremadamente descentralizado y que, por su minoría parlamentaria, está obligado a pactar en el Congreso con arcos tan diversos como la ahora ‘derecha españolista útil’ de Ciudadanos, el nacionalismo vasco conservador del PNV o la izquierda independentista vasca y catalana, incluso en esta situación de emergencia sanitaria, para algo como prorrogar el Estado de alarma desde el gobierno central. Por no hablar de los presidentes de las comunidades autónomas –gobernadores- que tienen y han ejercido durante todo el brote las competencias de gestión de sanidad y educación, transferidas por la Constitución del 78 que articuló el estado autonómico.

Esos son los discursos usados, antes y después de las semanas de caceroladas de teflón en las calles -sin respetar la distancia de cuidado en la zona que fue epicentro epidémico, Madrid, cuando aún estaban en la fase 0 de desescalada como consecuencia de las cifras de contagios y muertos de hace un mes-. Articulan su estrategia discursiva usando significantes de los movimientos emancipadores históricos –hasta el lema zapatista de ‘gobernar obedeciendo’ fue usado por las redes para la movilización del sábado 23 de mayo exigiendo la dimisión del gobierno: frente a un gobierno que afirma “un buen ciudadano es el que obedece”, contrapusieron que “un buen gobierno es el que obedece”-. 

Los estudios que sabíamos que estaba haciendo la extrema derecha tanto de los movimientos de los indignados del 2011 como su propia historia fascista de propaganda, la contracultura neonazi a partir de los 90s o la influencia norteamericana, más la copia de las tácticas de comunicación y movilización de las derechas latinoamericanas frente a los gobiernos progresistas, han eclosionado en esta coyuntura de pandemia. 

El eje principal de discurso está construido a partir del concepto de libertad, ya fagotizado por el individualismo neoliberal post-caída del Muro de Berlín. Así, confundiendo privilegios con derechos y patrimonializando, no sólo la idea del país sino de pueblo, las movilizaciones de esos sectores privilegiados están pudiendo conjugar la oposición binaria del imaginario de Guerra Fría, eso sí, caricaturizada. En este caso contra un gobierno que cuenta sólo con 4 ministros de izquierda, caracterizado como progresista y que está implementando políticas de emergencia de tipo keynesiano -similares a las tomadas por el resto de países europeos del entorno que han roto la ortodoxia coyunturalmente-, cuya vicepresidenta tercera y ministra de economía, Nadia Calviño, es exponente de la elite economicista de la Unión Europea como ya en tantas ocasiones estas semanas nos ha demostrado. Pero eso ya es otra crónica.