Exigen la libertad de Patricia Arce, dos veces violentada por el golpismo en Bolivia

Por la noche y de forma ilegal, un grupo armado de la policía boliviana ingresó al domicilio de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y se la llevó detenida. Está acusada de romper la cuarentena. A cuatro meses de la agresión que padeció, los responsables siguen libres y ella presa.

Por Laura Salomé Canteros @laurasalome

“Nos ha sacado con armas de fuego”. “Han querido romper las puertas”. “Llegaron con 8 movilidades que supuestamente eran de la policía”. “Invadieron mi domicilio privado”. “Nos sacaron y nadie sabe por qué delito nos han traído”. Con estas palabras, Patricia Arce, mujer política, alcaldesa de Vinto, denunció en un medio local su detención arbitraria. “Indican que estaba atentando contra la salud”, agregó desde su celda, “es un abuso contra mi persona y toda mi familia. Si es delito hacer buen trabajo para la población, no tengo miedo”.

Por la noche y de forma ilegal, un grupo armado de la policía boliviana ingresó al domicilio particular de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y se la llevó detenida. Sin acusación judicial ni orden de allanamiento, fue secuestrada a las 23 del martes 21 de abril, mientras miraba la TV en su habitación, junto a sus hijos. En Bolivia, el golpismo avanza -con los recursos del Estado y el monopolio del uso de la violencia- en la criminalización de la soberanía política del pueblo. Va contra las mujeres y en los territorios de mayor resistencia, en este caso, Cochabamba.

Patricia Arce es la alcaldesa electa de Vinto, en Quillacollo. Un municipio de aproximadamente 50 mil habitantes y 200 km de superficie. Arce fue candidata por el Movimiento al Socialismo (MAS), y en noviembre pasado, tras el levantamiento de policías y militares que concluyó en Golpe de Estado y suspensión de los derechos y las garantías constitucionales, fue tomada de rehén por varones armados, que formaron en varias ciudades grupos machofascistas y paramilitares, que la golpearon y humillaron, echándole pintura, cortándole el pelo y exponiéndola luego.

Sin embargo, tras ser violentada, Arce retomó las tareas en la alcaldía y en las útimas semanas estuvo entregando canastas solidarias a quienes más lo necesitan en el contexto de una cuarentena por el COVID19 que llega acompañada del hambre para el pueblo y la represión de un gobierno autoproclamado. Además, Arce se encontraba defendiendo a la comisión municipal de Villa Tunari, aprehendida hace unos días y entre quienes se encuentra la concejala, Lidia Hinojosa.

Encarcelar a las mujeres. Criminalizar la solidaridad

La dictadura patriarcal persigue la autonomía de los cuerpos- territorios de las mujeres. Según el comunicado que redactaron varias organizaciones feministas de Bolivia, “este gobierno transitorio lucha contra el pueblo”; y es “incapaz de hacer una gestión pública medianamente eficiente, persigue y encarcela liderazgos que sí resuelven la escasez, la incertidumbre, la falta de información”. “Este gobierno transitorio, en cambio, reprime a las organizaciones que llevan solidaridad a las ciudades y pueblos más vulnerables al hambre”, agregaron. En Cochabamba, son las organizaciones sociales las que iniciaron el reparto de alimentos ante esta ineficiencia.

Durante 2018, el municipio de Vinto tuvo la mejor ejecución presupuestaria del país y el año pasado estuvo entre los mejores, a pesar de las vulneraciones a los derechos humanos cometidas sobre Patricia Arce a manos de los golpistas. “La presidente transitoria, Jeanine Añez, nos demuestra una vez más que utiliza la pandemia para allanar su camino y el de su clan hacia el prorroguismo en el poder”, dicen desde las organizaciones entre las que se encuentra el Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Y además de la liberación de Arce, afirman: “exigimos Elecciones Nacionales, para salvar nuestras vidas de la enfermedad y para salvar a Bolivia de la dictadura”.

Por su parte, desde un espacio de mujeres del MAS, exigieron la libertad de Patricia Arce y además demandaron “que se respeten sus derechos como mujer y como autoridad de un cargo público”. Mencionaron las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre de 2019, que obliga al Estado a que adoptar las medidas necesarias “para proteger los derechos a la vida e integridad personal de María Patricia Arce Guzmán, y sus hijos”…, “e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y evitar así su repetición”. A cuatro meses, los responsables intelectuales y materiales de sus agresiones siguen libres y Patricia está presa.

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