Familias desalojadas violentamente en Merlo

Por Mario Hernandez

Luego de 4 meses, volvió a ser noticia el Barrio Nueva Esperanza, en Merlo Gómez, al oeste del conurbano bonaerense por el violento desalojo de sus habitantes llevado adelante durante el pasado jueves. Se trata de alrededor de 1.500 familias desalojadas que ocuparon el predio el pasado 22 de octubre en Libertad, partido de Merlo.

El fiscal Fernando Capello, quien interviene en la causa por la toma, había ordenado –promediando las 10 am– que se detenga el desalojo iniciado en la madrugada del jueves por efectivos de la Policía Bonaerense y pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas para ser censados. Al retirarse el fiscal, comenzó un operativo desproporcionado que incluyó miles de policías, la Guardia de Infantería y helicópteros. A su paso quemaron y tumbaron las viviendas que con mucho esfuerzo las familias fueron construyendo.
Miles de familias se fueron del barrio sin resolver el problema de la vivienda, y la mayoría sin saber dónde pasar la noche.

El procedimiento se inició a las 4 am cuando unos 1.200 agentes cercaron el lugar, ubicado al costado de la ruta 1003, y luego comenzaron a ir casilla por casilla para pedirles a los ocupantes que voluntariamente dejen sus precarios hogares. La medida se había tomado pese a que el Juzgado de Garantías Nº 4 firmó una resolución en la que exhortaba a las autoridades a suspender cualquier intento de desalojo por el plazo de 180 días y “convocar mesas de gestión” para solucionar el problema.
Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (FPV), manifestó que había personal de la Municipalidad para garantizar que el desalojo sea pacífico. “La información que tenemos es que va a ser absolutamente pacífico, hemos hablado con ocupantes y organizaciones. A todos se les explicó que la posición nuestra es no avalar ninguna toma”, reafirmó en declaraciones al canal de noticias TN.
Sin embargo, por la tarde, tras la retirada del fiscal y sin mediar explicaciones, comenzó el violento operativo. Los vecinos denunciaron que el operativo fue “ilegal” y que hubo “represión”. El 75 % de las viviendas fueron derrumbadas por topadoras y quienes se resistieron a abandonar el predio fueron ferozmente reprimidos, dejando el saldo de 7 detenidos, que luego fueron liberados, aunque se desconoce aún si les han abierto causas judiciales, así como el estado físico en el que se encontraban.

“Con topadoras arrasan las casas y ni siquiera podemos retirar nuestras pertenencias, como camas, heladeras y colchones”, se quejó en diálogo con la agencia de noticias DyN, Rodrigo Alonso, uno de los delegados de la toma, al tiempo que aseguró que fue “ilegal”, pues existía una “prórroga” judicial de “180 días para el desalojo firmada ayer” y protestó al sostener que “no” había “ningún tipo de contención social” para las personas retiradas.

Posteriormente, los vecinos dieron a conocer un comunicado donde afirman que: “La policía avanzó sobre nuestras precarias casas sin orden de desalojo, con topadoras y helicópteros. Miles de familias se fueron del barrio sin resolver el tema de la vivienda, y la mayoría sin saber dónde pasar la noche. Denunciamos que el fiscal Fernando Cappello nos mintió en la cara cuando prometió a los delegados que no habría desalojo y que se realizaría un censo. Nosotros ya hicimos ese censo: somos 1.500 familias que reclamamos una vivienda digna. En lugar de cumplir con su palabra, al retirarse el fiscal comenzó un operativo absolutamente desproporcionado que incluyó miles de policías, la Guardia de Infantería y helicópteros. A lo largo del día de hoy fueron avanzando: a su paso quemaron y tumbaron las viviendas que con mucho esfuerzo las familias fuimos construyendo”.

El viernes a partir de las 9.00 se realizó una concentración en la Municipalidad de Merlo, Avenida Libertador San Martín 391, entre Chacabuco y Bolívar para pedir explicaciones al Intendente Gustavo Menéndez y exigir una solución al problema de vivienda tras el violento desalojo. Al no tener respuestas algunas familias volvieron a instalarse en el predio ocupado y para el próximo martes está prevista una nueva concentración en la Municipalidad.

Historia reciente

El pasado sábado 13 de febrero por la noche, una banda de narcotraficantes instalada en un sector de casas sobre la ruta 1003 arremetió a balazos contra un grupo de jóvenes. Una de esas balas hirió a tres niños y le quitó la vida a Oscarcito, un pibe de 8 años, que jugaba en la calle. Los vecinos del barrio Nueva Esperanza hace tiempo habían denunciado a las autoridades municipales la preocupación por las zonas liberadas y la connivencia policial.

A pesar que el Intendente Gustavo Menéndez reconoció la responsabilidad y la autoría por parte de un grupo ligado al narcotráfico, dejó abierta la “necesidad” de desalojar la toma, aunque todos los testimonios de funcionarios, familiares y vecinos coinciden en que el asesinato de Oscarcito nada tenía que ver con la disputa de tierras o con los vecinos que ocuparon terrenos.
El propio padre del pequeño de 8 años baleado en un supuesto enfrentamiento entre bandas en Merlo, negó la versión oficial y, en el sepelio de su hijo, aseveró que un grupo armado disparó a quemarropa contra un grupo de niños. Quien manifestara lo de la “guerra de bandas” fue el intendente Gustavo Menéndez, del FPV, quien en todo momento salió a criminalizar a los vecinos y condenar la toma de terrenos. Saúl, el padre de Oscar habló con el canal C5N poco antes de darle el último adiós a su hijo, negó la información suministrada en un primer momento por la policía y contó cómo se dieron los hechos ocurridos el sábado por la noche.

“Terminaron de festejar un cumpleaños en la casa de un amigo, algunos chicos se habían retirado y algunos chicos que habían quedado comenzaron a jugar con cohetes y a estos malvivientes, que no sé qué se les pasó por la cabeza, vinieron a la represalia de estos cohetes con armas de alto calibre. (Hubo) Dos nenas heridas, dos muchachos también heridos, y a Oscar, que estoy a punto de enterrarlo, (de) ocho años”, dijo a punto de quebrarse el hombre.

Nota relacionada: Merlo: Cuatro meses de lucha por el derecho a la vivienda