Femicidios: un recorrido que muestra la violencia de género en la región (II)

Por Carla Perelló y Guadalupe Morán* / Foto: Eugenia Marengo

La violencia hacia las mujeres traspasa el debate en las universidades y la militancia feminista y se instala con fuerza en la agenda pública. Así lo demuestra un recorrido por los marcos legales de los países de la región, aunque la poca efectividad de las políticas públicas evidencia que todavía queda un largo camino por recorrer. (Segunda parte)

 

¿Qué es la violencia hacia la mujer?

“Son muy altas las cifras de feminicidio”. “América Latina es la segunda región que presenta los índices más altos de muertes de mujeres por violencia, tanto en el ámbito rural como en el urbano”. “Una de cada tres mujeres denuncian ser víctimas de violencia por parte de sus parejas”. “La mató por amor”. Existen diferencias en el lenguaje y en el tratamiento de la información que relata el flagelo de este tipo de violencia. Algo parecido ocurre en el terreno legal.

Gherardi apunta que cuando se revisan las experiencias de América Latina se verifica que el derecho no se ha utilizado eficazmente para promover la equidad de género. Cuando, en realidad, se trata de “una herramienta poderosa para generar cambios sociales”. Asimismo, resalta que, en toda la región, se evidencian “grandes brechas entre el reconocimiento normativo y su ejercicio efectivo”.

En este sentido, otro rango de diferencias se evidencia a la hora de definir qué es violencia machista. Muchas de las concepciones que se utilizan con frecuencia no son acordes a la Convención de Belem do Pará, que la define -en sus artículos 1 y 2- como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La precisión la dan la presidenta de la Feim y Mariana Winocur, autoras y compiladoras del informe “A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: para América Latina y el Caribe objetivos estratégicos y esferas de preocupación”, publicado en febrero último.

Por otra parte, Bianco destaca que pocos países contemplan en su legislación que la violencia sexual puede ocurrir dentro de las relaciones de pareja estables. En Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Jamaica y Santa Lucía no se reconoce la violación en las uniones de hecho. En Honduras y Nicaragua se menciona indistintamente que la persona perpetradora puede llegar a ser hombre o mujer sin considerar las desiguales relaciones de poder entre ambos géneros.

Para la legislación argentina -Ley 26.485, reglamentada parcialmente- el femicidio constituye un agravante “por violencia de género” y es sancionado independientemente de quien lo cometa. Costa Rica y Chile incluyen solamente el femicidio que haya sido cometido por cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, natural o adoptivo o con quien se haya tenido algún tipo de relación similar. Así, dejan afuera el ámbito público y el hecho perpetrado por desconocidos o grupos armados ilegales.

Cuentas pendientes

Una de las grandes falencias de los gobiernos y del trabajo académico en particular es que la recopilación de datos y la elaboración de métodos de medición estandarizados en la región no existen. La falta de precisiones al respecto, incluso, dificulta conocer fácilmente qué países cuentan con leyes que tipifican el delito. Las organizaciones de mujeres son el principal eslabón en la creación de instrumentos para conocer esta realidad, principalmente, a través del sondeo de medios de comunicación.

También son importantes las organizaciones internacionales. La CEPAL para estos casos recomienda la complementariedad de dos formas: encuestas que muestren la prevalencia de la violencia contra las mujeres y los registros administrativos en los distintos niveles y servicios públicos de los estados. Y, muestra, a su vez, que uno de los ámbitos de más confianza para denunciar son los espacios de salud.

Según Bianco, “América latina y el Caribe es la región donde se registran más femicidios, particularmente en países como Guatemala, México y República Dominicana, y aun así no todos reconocen legalmente el femicidio”.

En cifras

En Centroamérica y México, el femicidio “se ha incrementado”, destaca el informe de ONU-Mujeres de 2014, y consigna que entre 2003 y 2012 hubo 12.178 casos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En México se contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades del país entre 2007 y 2008. El 70 por ciento de las muertes violentas de mujeres en Guatemala es perpetrada con arma de fuego y casi una cuarta parte de las víctimas presenta señales de ensañamiento y tortura.

En Argentina, según la asociación civil Casa del Encuentro, muere una mujer cada 31 horas. “Sabemos que 15 mujeres mueren por día en Brasil solo por el hecho de ser mujeres”, lamentó la presidenta Dilma Rousseff al promulgar una ley que incluye el feminicidio en el Código Penal el 8 de marzo último. Según ONU-Mujeres son “cinco mil mujeres asesinadas anualmente” en ese país.

Según la representante del ELA, actualmente se encuentran vigentes discusiones muy interesantes acerca de la utilización de ciertos recursos como la difusión pública de las sentencias en litigios por cuestiones de género. Para esta especialista, no sólo “obedece a un deber de transparencia por parte del Estado y un derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía”, sino que permite conocer “de qué manera se aplica el derecho, con qué argumentos la justicia condena o absuelve, y por ejemplo si se recurre a visiones estereotipadas respecto de las mujeres, los varones o las relaciones sociales de género”. Además, Gherardi sostiene que es fundamental entender que las sentencias condenatorias de actos de violencia implican un acto de reparación para muchas de las mujeres involucradas quienes “a lo largo del proceso judicial logran superar su condición de “víctimas”, empoderarse y transformar sus vidas de modos más definitivos”.

El rol de Estado

Uruguay y El Salvador comparten el record de mantener la tasa más alta de mujeres asesinadas por una pareja o ex pareja en la región. De noviembre de 2013 a noviembre de 2014 fueron asesinadas 49 mujeres y murió una cada 15 días por razones de violencia doméstica, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior uruguayo. Según contabilizó la Coordinadora de Feminismos de ese país, a partir de la información difundida por medios de comunicación, ya son 20 las mujeres asesinadas en contextos de violencia machista en 2015.

Pese a que el movimiento feminista oriental cuenta con más de cien años de historia, recién hace casi dos años las organizaciones de mujeres decidieron construir un espacio donde debatir. En ese camino, realizaron el primer encuentro feminista del país y crearon La Coordinadora. “Tocan a una, tocan a todas” es la consigna de batalla que levantan cada vez que se enteran que una mujer murió a manos de un hombre y con la que el 3 de junio último movilizaron a más de diez mil personas en Montevideo.

“La evidencia señala que el principal problema no se vincula con el diseño de las normas sino con la ausencia de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación”, indica el Observatorio de la CEPAL en el informe “El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres” (2014).

“El feminicidio como figura legal es una herramienta política que ayuda, sin duda”, sostiene ante este medio Alicia Migliaro, vocera de La Coordinadora. No obstante, deja en claro que el trazo de la lucha es más profundo: “Nosotras creemos que a nivel social no hay conciencia de que la violencia hacia las mujeres está mal, es cruel, es sistemática, que sucede día a día y que está legitimada y avalada, porque son las formas en que los hombres y las mujeres se relacionan en el sistema capitalista y patriarcal. Lo trabajamos como categoría política para no reducir el problema a una cuestión jurídica. Esto tiene bases sociales y políticas que no vamos a tratar con mayores penas para los agresores”.

 

*de la redacción de Nodal Universidad

 

Primera parte:

Femicidio: un recorrido que muestra la violencia de género en la región (I)