Femicidios: un recorrido que muestra la violencia de género en la región (I)

Por Carla Perelló y Guadalupe Morán*

La violencia hacia las mujeres traspasa el debate en las universidades y la militancia feminista y se instala con fuerza en la agenda pública. Así lo demuestra un recorrido por los marcos legales de los países de la región, aunque la poca efectividad de las políticas públicas evidencia que todavía queda un largo camino por recorrer. (Primera parte)

 

En los estados de América Latina y el Caribe poco a poco pareciera cerrarse el debate sobre qué hacer cuando una mujer es asesinada por la violencia machista. Así lo demuestra el avance producido en materia legislativa en 18 países de la región mediante la tipificación del delito de femicidio o feminicidio en los ámbitos administrativo, civil y penal, que investiga y sanciona ese accionar. Sin embargo, los datos y las noticias diarias encienden luces de alarma frente un hecho que se impone: no se evita la muerte, expresión más extrema de la violencia ejercida hacia el género femenino. Según informes de organizaciones internacionales, los pasos dados para garantizar el pleno ejercicio de derechos y la igualdad son “dispares” y “heterogéneos”. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? ¿Qué rol tienen la academia y los movimientos de mujeres que encabezan estos cambios?

Según la historiadora Dora Barrancos, el avance de la equidad de género en las universidades en las últimas décadas resulta notorio. Sin embargo, destaca que, en lo que se refiere a la violencia de género, “los letrados de las universidades no han sido capacitados para intervenir en una denuncia sobre acoso tanto dentro de la universidad como en el ámbito privado. Estamos frente a discriminaciones aún en instituciones donde se supone hay una reserva de criticidad, pero aún ahí hay discriminación”.

En este sentido, el debate teórico conceptual ha sido fecundo y consiguió traspasar los límites de los claustros universitarios. Una de las principales referentes en la materia es la catedrática mexicana Marcela Lagarde. Según explica esta antropóloga, militante feminista y ex diputada, el término femicidio es una categoría utilizada por Diana Russell y Jill Radford en Francia, que traducida al castellano “es una voz homóloga a homicidio” y sólo significa asesinato de mujeres. Pero, según puntualiza la mexicana, “estas autoras definen al femicidio como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios”.

Con todo, Lagarde da un paso más y realiza un aporte teórico singular al postular una diferencia entre femicidio y feminicidio. Con el segundo concepto identifica la responsabilidad del Estado. “Es la inexistencia o debilidad del estado de derecho, en la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo. (…) El conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz”, detalla Lagarde.

¿Pero qué ocurre en términos legales? En diálogo con Nodal Universidad, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), aclaró que los países de la región han tomado ambos términos prácticamente de manera indistinta.

En suma, para Bianco, el aporte de la academia va más allá de los conceptos y le atribuye un rol importante a los análisis de campo sobre este flagelo que se convierten en materia prima para la militancia de base.

Del dicho al hecho

Uno de los frutos más importantes del activismo en la academia y en las organizaciones sociales fue la concreción de un marco legal que contemple la violencia hacia las mujeres. En este sentido, nuevamente Lagarde fue una de las primeras en apuntalar una red de acción que poco a poco se conformó a lo largo y ancho del continente. Y, precisamente, la ola que comenzó a teñir de violeta feminista a Latinoamérica y el Caribe en materia legal comenzó en México en 2007. Desde entonces, ha sido explícita -al menos en la letra de la ley- la intención por parte de los estados de la región de proveer herramientas para trabajar en la erradicación definitiva de la violencia contra el género femenino, que incluye a mujeres, lesbianas y trans.

En una entrevista a Diario Femenino, durante su visita a la Argentina para participar de la marcha #NiUnaMenos, Lagarde reconoce que el mayor reto es que se aplique la legislación que contempla la violencia hacia las mujeres: “Es un camino arduo. Esas leyes tienen que bajar a la sociedad, filtrarse en la enorme montaña que es el patriarcado. Tienen que abrirse camino sobre todo en las instituciones, porque son los funcionarios quienes aplican la legislación”.

En diálogo con Nodal Universidad, Natalia Gherardi, miembro del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), comenta que en el ámbito académico, a pesar de la existencia de una Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho, aún “son marginales las experiencias de formación” profesional con enfoque feminista. Sin duda, se trata de un verdadero obstáculo, ya que quienes transiten por las universidades serán los que ocupen las magistraturas, diseñen y apliquen las políticas públicas y, por lo tanto, se corre el riesgo de que, frente a la carencia de formación académica específica, acaben por revictimizar a las mujeres que acudan a la justicia.

En tanto, el documento, publicado en marzo último, “A 20 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing” del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, también resalta la cuestión institucional: es fundamental que la autonomía femenina se exprese en la toma de decisiones mediante el acceso a cargos de poder real dentro del Estado, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Sin embargo, resta un largo camino por recorrer. Según grafica ese texto, “las cifras de violencia muestran que los esfuerzos son todavía insuficientes y urge ampliar la acción de los Estados para prevenir y atender la violencia contra las mujeres”.

Sin letra chica

Todos los países de la región ratificaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. A su vez, catorce de ellos han ratificado protocolos de actuación internacionales y han tomado la Convención de Belém do Pará como norma marco en sus respectivas constituciones.

Para subsanar la falta de articulación real entre los diferentes instrumentos legales, ONU – Mujeres elaboró un “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”. Además, la asesora regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alessandra Guedes, informó recientemente que en septiembre de este año presentarán una estrategia y un plan de acción a los países de América Latina en vistas de fortalecer el sistema de salud con el foco puesto en la violencia contra las mujeres. “La idea es tener un marco a nivel regional de los pasos que debemos tomar para fortalecer la respuesta del sistema de salud pero también su relación con los demás sectores”, puntualizó la especialista.

 

*de la redacción de Nodal Universidad

 

Segunda parte:

Femicidios: un recorrido que muestra la violencia de género en la región (II)