Floresmilo Simbaña: “Los términos que ponía Rafael Correa para ir en alianza no eran apropiados”

Por Blanca Fernández, Melisa Argento y Adriana Rodríguez

Floresmilo Simbaña es dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En la siguiente entrevista, nos presenta un panorama sobre la gestión de Rafael Correa, centrándose en las diferencias con el gobierno ecuatoriano a partir de leyes que afectan directamente al medio ambiente, las comunidades originarias e incluso a la integración Latinoamericana.

¿Podrías explicarnos brevemente los elementos más históricos del conflicto coyuntural entre el Gobierno actual del Ecuador y la CONAIE?

La CONAIE viene desde hace muchos años atrás en una disputa y enfrentamiento con el gobierno de Rafael Correa. Solo como antecedente podría decir que, cuando Rafael Correa se presentó como candidato y ganó las elecciones en  segunda vuelta, como CONAIE apoyamos a Rafael Correa, porque el otro candidato era representante de un sector de la oligarquía agroindustrial bananera, Álvaro Noboa.

Previo haber intentado una alianza con Correa que finalmente no se dio, cuando ya fue electo presidente, firmamos un convenio de acuerdo político. Dijimos públicamente que ese acuerdo político, no implicaba ningún puesto burocrático dentro del gobierno, sino más bien, era en apoyo a un programa. Básicamente tenía que ver con eliminar definitivamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos -ya mediante movilizaciones en el año 2006, se había presionado al gobierno de entonces para que se cancelen las negociaciones-, y convocar un proyecto constituyente en el cual se reconozca la plurinacionalidad como carácter del Estado.

Esos fueron los puntos que nosotros  acordamos, y continuamos a partir de ahí conversando con el Gobierno en ese sentido: apoyamos incluso con movilizaciones la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 2007, donde hubo la oposición de los sectores de la derecha tradicional. Nosotros, respaldamos la convocatoria que finalmente se hizo. Nuevamente intentamos hacer una alianza política para ir en candidaturas conjuntas para la Asamblea Constituyente pero no se logró. Los términos que ponía Rafael Correa para ir en alianza no eran apropiados. Pese a eso, no rompimos el acuerdo político antes mencionado, y ya en la Asamblea Constituyente, teníamos reuniones conjuntas de los bloques, de nuestros asambleístas y con asambleístas del Gobierno que obviamente eran la mayoría

Ya en esa época los desacuerdos se fueron presentando, sobre todo en temas fundamentales como la naturaleza, el medioambiente y la reforma agraria y sobre todo en lo referente a la plurinacionalidad y la desprivatización. Acordábamos con algunos sectores del gobierno, principalmente con quien fue el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, pero no así con otros sectores y especialmente con el presidente Correa.

Cuando se aprobó la Constitución de 2008, nosotros que todavía tenemos un montón de críticas a sus normas, dijimos que por la razón política del momento histórico, íbamos a apoyar la aprobación de la Constitución e hicimos campaña por el SÍ para la consulta popular. En octubre de 2008, la Constitución fue aprobada con alrededor de un 68%. Sin embargo, posteriormente con la aprobación de las  leyes secundarias, los desacuerdos se incrementaron.

¿Cuáles son estas leyes que evidenciaron mayor desacuerdo?

Donde el enfrentamiento fue más directo fue en la nueva Ley de Minería. En dos aspectos fundamentales: que se promovía una apertura a un proceso de explotación minera a gran escala y a cielo abierto en el país. Nosotros decíamos que una de las consecuencias de eso, era que atar la minería al mercado y al capital internacional, entraba en contradicción con las posibilidades de una economía endógena, que era el discurso de Correa; es decir, ponía en riesgo el mismo proceso de integración regional latinoamericana. Y de hecho eso está sucediendo. El otro aspecto era que se afectaría sobre todo los territorios de los pueblos indígenas; además del terrible daño ambiental. Esto era asi porque acá la minería está en territorios de alta biodiversidad, habitados por poblaciones indígenas. Entonces, se lesionaban los derechos de la naturaleza con la Ley Minera,  y se lesionaban los derechos colectivos respecto de los territorios comunitarios.

También se empezó a discutir la Ley de Aguas que fue otro de los problemas que enfrentamos porque el gobierno tenía una perspectiva distinta. Se abrió más la brecha ahí; tuvimos un proceso de movilización muy grande.

¿Movilizaciones que desembocaron en la gran marcha de marzo de 2012?, ¿Cómo fue ese proceso organizativo previo?

La Ley Minera se aprobó a mediados del 2009. Inmediatamente se empezó a discutir la Ley de Agua y nosotros realizamos un proceso de movilización en septiembre de ese año, luego volvimos en el 2010 con una movilización en abril, fue una movilización tan fuerte que obligó al gobierno a suspender e ir a un proceso de diálogo que duró casi un mes. Se discutió tema por tema de la Ley de Aguas en donde el argumento fundamental del gobierno era de tipo económico, más que de tipo social. Otro de los argumentos era el de la eficiencia. Entonces para la comisión que estaba dialogando con el movimiento indígena respecto de la Ley de Aguas, la administración comunitaria, que era lo central de nuestra propuesta, no era eficiente. Nosotros demostrábamos con ejemplos lo dinámico que es la administración comunitaria incluso en términos económicos, porque este sistema llega a ampliar la inversión, y hacerla más extensiva. Además, la administración comunitaria está contemplada como un derecho en la Constitución. Otro de los puntos conflictivos era que la Ley de Aguas, en consonancia con la Constitución debía prohibir todo proceso de extracción minera en áreas de fuentes de agua. Y eso no pasó. Además, acorde con la definición de plurinacional de la Constitución, la institucionalidad estatal debe obedecer al carácter plurinacional y lo que quedó fue una institucionalidad sin ningún espacio para la participación social, así como lo comunitario quedó muy subordinado a las decisiones verticalistas emanadas exclusivamente de una burocracia. Desde abril del 2010 se suspendió la discusión, casi por cinco años, y finalmente la Ley fue aprobada en junio de 2014.

Otro de los temas que se dieron a partir de la resistencia de las comunas en contra de la minería, fue el enjuiciamiento de muchos de los dirigentes. Según el informe de organismos de Derechos Humanos para 2013 había exactamente 220 dirigentes enjuiciados y casi todos por “sabotaje y terrorismo”; una figura jurídica que se utiliza de manera masiva. Antes nuestros dirigentes eran enjuiciados por destrucción de la propiedad pública o privada, en última instancia por “alterar el orden público”, ahora indistintamente de los niveles de fuerza, todos son enjuiciados por “sabotaje y terrorismo”.

Ahí vino un caso dramático y sorprendente; cuando iba a realizarse la marcha en el 2012 que era por la Ley de Aguas, justo el día antes de que entrase la marcha a la ciudad, diez muchachos estudiantes, fueron encarcelados y acusados de sabotaje y terrorismo. Se exhibieron como prueba camisetas con la foto del Che, banderas sandinistas, música de Víctor jara; imagínate, esto en un régimen que se dice socialista del siglo XXI. Hay dirigentes de la CONAIE que han sido enjuiciados, incluso el penúltimo Presidente, Humberto Cholango, está siendo enjuiciado en estos momentos. También  se han cerrado o intentado cerrar organizaciones que han tenido una posición crítica a políticas públicas, ONG de carácter ambientalistas que han estado haciendo revisiones de políticas públicas, especialmente de la minería, pero el gobierno dice que “eso es hacer política”.

En este contexto es que el 10 de diciembre del 2014 recibimos la comunicación de que el Gobierno había decidido cancelar un convenio de comodato que tenía la CONAIE para el uso de  la sede central de la CONAIE, que está al norte de Quito y es un edificio del Estado que se obtuvo a través de un convenio suscrito en 1991. Y bueno, nosotros creemos que más bien obedece a razones políticas y no jurídicas.