Fondos buitres: venció la RUFO y otra vez volver a pagar

Por Francisco J. Cantamutto. Mientras la muerte del fiscal de la causa AMIA ocupa la atención mediática, en diciembre venció la cláusula RUFO y el gobierno tendría las manos libres para negociar los pagos al fondo buitre MNL Capital. Luego del fuego verbal volverían los pagos a rajatabla.

 

En diciembre pasado venció la cláusula RUFO (Derecho a Futuras Ofertas) que, según la interpretación mayoritaria, trababa la negociación con el fondo buitre MNL Capital. El referido fondo de inversión, manejado por Paul Singer, se hizo famoso por obtener sentencia firme a su favor en el tribunal del juez neoyorquino Thomas Griesa. Aquel que en lugar de esperar paciente el pago que el kirchnerismo ofrece a todo acreedor, pidió todavía más y provocó la crítica incluso de otros operadores financieros, tanto bancos como fondos buitres. El fondo, con poco más del 1% de la deuda defaulteada en 2001, fue el que dio la excusa al gobierno para inventar la falsa dicotomía de “Patria o buitres”.

La cláusula RUFO había sido incorporada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna en el canje de 2005 y permitía que los bonistas que ingresaran al canje pudieran reclamar para sí la aplicación de nuevas ofertas que consideraran más apropiadas. Junto a la cláusula MFC (Acreedor Más Favorecido), lo que el kirchnerismo hizo en 2005 fue atarse de manos a cualquier negociación, porque todo bonista, que entrara o no al canje, podía reclamar nuevas ofertas.

Pero no es sólo esto: Kirchner y Lavagna prorrogaron además la aplicabilidad de jurisdicción extranjera, cediendo soberanía en juzgados y jurisprudencia externa, un cambio de gestión de la deuda que la dictadura puso en marcha y el kirchnerismo validó una y otra vez. Se renunció a la vez a oponer inmunidad soberana. Esto es lo que permitió que Griesa se envalentonara y avanzara en sus (ridículas) demandas.

Como si esto fuera insuficiente, el gobierno se comprometió a no gravar impositivamente los pagos de los bonos, sea capital o intereses, ni usar los activos del Estado en favor de otros acreedores, garantizando así la plena capacidad de cobro de estos bonistas. Es decir, dejó plena garantía de cobro, sin ningún tipo de impuesto sobre el mismo. Sería bueno pensar con qué salario, pensión o jubilación para trabajadores el gobierno hizo algo semejante: penaliza salarios con el impuesto a las ganancias o utiliza los activos de ANSES para pagar otras obligaciones no relacionadas con el organismo.

Junto a todo lo anterior, se agrega otro arreglo típico de las reestructuraciones de bonos: la cláusula de Paridad de trato a los acreedores (Pari Passu), cuya vigencia pone en duda los alcances de la RUFO: si la paridad de trato y el derecho a la mejor oferta (MFC) se mantienen incluso ahora, no faltará acreedor dispuesto a litigar y juez dispuesto a dar la razón, lo cual abre la puerta a millonarias demandas contra el país. Esto llevó a especialistas como Javier Llorens o Héctor Giuliano a poner en duda si la situación cambió tanto respecto de hace un mes atrás.

Debe enfatizarse, una vez más, que todo lo anterior fue revalidado por el canje Lavagna-Kirchner de 2005, ese que ha sido presentado y defendido como una gran conquista, a pesar de haber dado continuidad jurídica a la deuda de la dictadura y el programa neoliberal, además de incorporar nuevas prerrogativas para el capital especulativo. Y tal como declaró desde el primer momento el gobierno, el objetivo nunca fue liberar al país de las cadenas de la dependencia o algo semejante, sino reinsertar a la economía en el crédito internacional. Por eso, todas sus medidas en este tema han estado encaminadas a garantizar derechos del capital. No obstante, un default de la magnitud del de 2001 no podía dejarse pasar sin más, y las exigencias se multiplicaron sin ofrecer mucho a cambio: el país ha sido virtualmente ignorado por los flujos de crédito (aunque no así de inversión directa). La política de pagar toda deuda a cualquier costo ha puesto al gobierno en aprietos una vez que el superávit comercial comenzó a verse presionado.

Una negociación inminente

Sin embargo, la clase dominante no tienen mayores dudas: habiendo capeado el temporal de 2014, el gobierno ya no tiene excusas para avanzar en la negociación con el fondo buitre. Desde fines del año pasado el kirchnerismo se esforzó por reunir fondos para tener liquidez para realizar una oferta contundente y abrir definitivamente el camino a una nueva fase de aceleración del ciclo de endeudamiento. El arreglo con China y con el Banco de Francia, así como la liquidación de las exportaciones de soja, fueron todos elementos para lograr liquidez mínima, esa que evitó la caída de las reservas en el último tramo del año. Teniendo los fondos, es un problema de tiempo llegar a un arreglo con los buitres.

Por ese mismo motivo es que el gobierno se ha esforzado por sostener el tipo de cambio a un nivel estable, o que se ajuste por detrás de la inflación: para evitar encarecer el dólar. Ocurre que para pagar deuda en dólares, conviene evitar que éste se encarezca: el Estado recauda en pesos y tiene que comprar las divisas para realizar los pagos. Así, se desoyen los reclamos del capital industrial por nuevas devaluaciones (habría pedidos por llevarlo a valores que oscilan entre 11 pesos y 14 pesos por dólar) favoreciendo los intereses del capital financiero, que requiere el dólar relativamente barato para poder pagar deuda. A pesar de la pérdida de competitividad, el gobierno evita la devaluación, a la que teme además porque pueda incrementar la inflación. Al desoír los reclamos del capital industrial, éste reacciona atesorando sus recursos, reduciendo su producción y despidiendo personal.

Así, el kirchnerismo inicia el año siguiendo la ruta del capital especulativo, aquella que ya en 2010 señalara Amado Boudou: arreglar todos los pagos para volver a endeudar el país. Incluso a costa de ganar más enemigos entre las filas del capital “amigo” de la producción.

No puede dejar de señalarse, una vez más, que todo este batallón de medidas y cláusulas viene a sostener un objetivo mayor: evitar cualquier tipo de auditoría real de la deuda. A pesar de que la Ley de pago soberano indicaba la creación de una comisión de investigación, a cuatro meses de su aprobación, aún esperamos noticias de la misma. La auditoría de la deuda de Ecuador, que logró quitas reales de deuda a diferencia del caso argentino, demoró más de un año, pero bajo la voluntad del poder ejecutivo. En la Argentina, el kirchnerismo se ha negado en reiteradas ocasiones a avanzar en este sentido.

Este año se cumplen 15 años del fallo del juez Ballesteros sobre la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda: sería hora de recuperar ese antecedente. No pagar: investigar.