Guatemala: el derrotero de una trama de corrupción

Por David Solís Aguilar* y Brenda Oliva Lara** desde Guatemala

Un análisis sobre los años de gobierno de Otto Pérez Molina y su abrupto final en prisión, acusado de liderar una red de corrupción. Las resistencias a un modelo represivo y neoliberal, la impunidad que sigue protegiendo al ex dictador Ríos Montt y el rol de Estados Unidos.

Desde el mes de abril, Guatemala se encuentra sacudida por un intenso proceso de movilización social, a partir de la divulgación por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) de un vasto caso de corrupción conocido como “La Línea”, gestado en abril de 2014 con la defraudación aduanera en el seno del gobierno del exmilitar y hoy expresidente Otto Pérez Molina. El caso provocó la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti en mayo y del propio Pérez Molina días atrás; ambos se encuentran en prisión y serán juzgados por ser los supuestos cabecillas de esta red de corrupción.

En medio de este proceso judicial, se ha gestado un constante proceso de movilización por parte de amplios sectores organizados o no de población urbana y rural, mestiza e indígena, y de diversas capas sociales en repudio a la corrupción e impunidad y por la renuncia de los gobernantes.

También en este contexto, el domingo 6 de septiembre se realizaron las elecciones para renovar el Congreso, las alcaldías y el Gobierno nacional. En la primera vuelta, 13 partidos compitieron por la presidencia, de los cuales 11 representan propuestas ideológicas de carácter conservador en distintos matices, y en la cual se impuso de manera inesperada el exhumorista Jimmy Morales, del recién formado partido FCN Nación. Una cerrada disputa voto a voto por el segundo lugar en el balotaje se dirimen la ex “primera dama” (2008-2011) Sandra Torres, del partido UNE, y el empresario Manuel Baldizón, del partido LIDER.

De este modo, emergen del actual contexto guatemalteco complejas interacciones a partir de la trama de corrupción expuesta en el caso “La Línea”, con sus consecuentes nebulosas para la vida social y el sistema político del país.

El des-gobierno neoliberal

Fueron necesarias dos rondas de votación en 2011 para que el general retirado Otto Pérez Molina llegara a la presidencia como candidato del Partido Patriota (PP), agrupación de derecha liberal fundada en 2001 por sectores de militares retirados ligados a activos sectores empresariales (oligárquicos) y otros no tradicionales (ligados a aparatos de crimen organizado).

Pérez Molina le había ganado en el balotage a Manuel Baldizón, empresario vinculado a actividades ilícitas según diversos medios de comunicación del país, quien en la reciente elección aparecía días previos como el candidato favorito de la mayoría en las encuestas.

El gobierno de Pérez Molina arrancó en 2012 con múltiples promesas para diluir las acusaciones públicas por su vinculación personal con graves crímenes contra población maya en el departamento de El Quiché cuando era Mayor del Ejército durante el gobierno de facto del ex general Efraín Ríos Montt (1982-1983), época en que se perpetraron crímenes de lesa humanidad y genocidio contra poblaciones indígenas en el marco del periodo conocido como “conflicto armado interno” (1954-1996).

Con posiciones adyacentes al gobierno de Pérez Molina, el Congreso se configuró como la sumatoria de dos bancadas mayoritarias (PP y LIDER), ambas estratégicamente aliadas con las cúpulas militares así como del empresariado, esto con el fin de: a) perpetuar el saqueo al Estado a través de contrataciones de obra pública y proveeduría de servicios; b) favorecer la continuidad e implementación políticas económicas neoliberales; c) procurar el control del sistema de justicia a través de intervenir en el nombramiento de magistrados, así como en el cambio de la Fiscal General en 2014; d) instrumentalizar el Estado para la favorecer las actividades neoextractivistas y el consecuente despojo a comunidades indígenas y campesinas de sus bienes comunes; f) bloquear iniciativas como la Ley de Desarrollo Rural Integral.

El gobierno de Pérez Molina se caracterizó por la sostenida erosión a la capacidad del Estado para implementar políticas públicas que permitan a la mayoría de la población salir de la miseria. Esto se evidencia con la crisis en los servicios públicos de salud, la bajísima inversión en la educación pública y la denegación al goce efectivo al derecho a la “reparación” reconocido en los Acuerdos de Paz (1996) para cientos de miles de sobrevivientes de la violencia estatal durante el Conflicto Armado. Estas víctimas son en su mayoría poblaciones rurales e indígenas altamente vulneradas por el desigual acceso a la propiedad de la tierra, de capital para la producción familiar, así como a salud y educación.

Conflictividades territoriales

El carácter oligárquico, militarista, neoliberal y neoextractivista del gobierno se mostró con claridad a partir de marzo de 2012, cuando surgió la Resistencia Pacífica de La Puya, en contra de la instalación de minería metálica a cielo abierto en una zona campesina mestiza cercana a la ciudad capital, proyecto en manos de una empresa transnacional en alianza con empresarios exmilitares que se ha impuesto a través de la represión policial.

Desde el inicio de este gobierno, las comunidades en resistencia por la defensa del territorio se enfrentaron a la militarización, como sucedió en mayo de 2012 en Santa Cruz Barillas con la implementación del estado de sitio para reprimir a la organización comunitaria en oposición a la instalación de un proyecto hidroeléctrico, propiedad de una transnacional española que dejó decenas de presos políticos de los cuales dos líderes comunitarios aún siguen en prisión.

Se reeditaron así distintas formas y mecanismos de violencia estatal. En octubre de 2015 se perpetró la conocida Masacre de Totonicapán, en la cual seis comunitarios maya kˈiche fallecieron por las balas de soldados al mando superior del presidente. Esta fue la respuesta represiva a la manifestación convocada por autoridades ancestrales que exigían el cese de la persecución por su lucha contra el incremento de la energía eléctrica.

El estado de sitio se repitió en abril de 2013 en comunidades indígenas Xinca agrupadas en la Resistencia Pacífica El Escobal, en San Rafael Las Flores, donde el gobierno replicó al ataque armado contra comunitarios que resistían a la operación de un proyecto de minería metálica -cuya empresa transnacional inversora está vinculada al secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de líderes xinca durante marzo de 2013-, a quienes en abril le fueron suspendidos sus derechos constitucionales. Finalmente en mayo capturaron a dirigentes comunitarios que a la fecha siguen judicializados.

En agosto de 2014, la comunidad maya Q’eqchí de Samococh enfrentó otra violentísima represión policial mientras protestaban contra las imposiciones tarifarias en el servicio eléctrico. Tres comunitarios fueron asesinados por agentes policiales, de los cuales 19 han sido puestos a disposición de la justicia por tales crímenes.

El patrón autoritario de Pérez Molina se presentó de nuevo en octubre de 2014, con la aplicación de un estado de sitio suave o estado de prevención contra las 12 Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez, donde la población maya Kaqchikel resiste desde hace ocho años a la construcción de una planta de la empresa Cementos Progreso, propiedad de una influyente familia oligarca.

El gobierno mostró el mecanismo de estado de sitio como expresión sistemática de represión y persecución, enfocada contra poblaciones indígenas y campesinas que defienden su territorio contra la penetración, extensión y funcionamiento de actividades neoextractivas.

Frente al pasado llevado a juicio

En abril de 2013 inició el juicio o debate público contra el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) y su jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya Ixil. El 10 de mayo, el Tribunal encargado sentenció a Ríos Montt a la pena de 80 años de prisión por genocidio, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad aprobó -con el voto favorable del entonces magistrado y hoy presidente transicional Alejandro Maldonado Aguirre- un recurso interpuesto por la defensa del exmilitar por la que suspendió la sentencia, ordenando el reinicio de la fase de debate.

Las incontables maniobras legales de la defensa de los exmilitares han postergado el reinicio del juicio para enero de 2016, vulnerando así el derecho a la justicia, la verdad y la dignificación de miles de sobrevivientes agrupados en la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR).

La acelerada anulación de la sentencia contra Ríos Montt estuvo acompañada por una campaña mediática que afirmaba que “no hubo genocidio”, haciendo resonar la postura no sólo de los sectores militares vinculados a dichos crímenes sino también de la cúpula empresarial agrupada en el CACIF.

Estos ataques de la oligarquía empresarial y mediática en defensa de Ríos Montt fueron alimentados por una mayoría simple de diputados de la alianza PP-LIDER en el Congreso, que aprobó una resolución fantaseando la “inviabilidad jurídica” de la existencia del genocidio durante el conflicto armado interno, contradiciendo el Código Penal guatemalteco que establece la tipificación de tal delito.

A estas voces “patriotas” se sumó el mismo Otto Pérez Molina, quien públicamente afirmó que en Guatemala “no hubo genocidio”, reproduciendo así la línea argumentativa de la resolución del Congreso en defensa de influyentes exmilitares históricamente compañeros de la reaccionaria oligarquía local.

Entre las principales consecuencias del juego de político por la defensa de Ríos Montt en 2014 fueron dispuestas para sacrificio público la jueza Yasmín Barrios, quién fue sancionada con la prohibición de su ejercicio profesional por un órgano “ético” del Colegio de Abogados de Guatemala. Por otra parte, la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz fue obligada a dejar su cargo con anticipación al final del periodo legalmente establecido, como consecuencia de un fallo de la misma Corte de Constitucionalidad, abriéndose así un proceso de selección al puesto de Fiscal General concluido con la designación de Thelma Aldana por el hoy expresidente Pérez Molina.

Al tiempo que se deponía del Ministerio Público a Paz y Paz, el entramado de intereses oligárquico-militares lograba que en el Congreso la alianza de partidos LIDER y PP pactaran el nombramiento de 126 magistrados afines en Salas de Apelaciones y en la misma Corte Suprema de Justicia, para así controlar una multiplicidad de decisiones judiciales.

Pasos de la CICIG

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 durante el gobierno del empresario derechista Oscar Berger y aprobada por el Congreso en 2007, es un órgano independiente de las Naciones Unidas (ONU) que cuenta con el apoyo a veces tácito y en otras explícito del gobierno de Estados Unidos y de las embajadas europeas en el país. La finalidad legal de la CICIG es apoyar al Ministerio Público en investigaciones criminales por delitos cometidos de parte de aparatos ilegales y clandestinos de seguridad, y estaba designada por un periodo de dos años que culminaría en agosto de 2009.

Al final de su primer periodo de mandato, la CICIG había logrado una decidida aprobación de organizaciones de la sociedad civil debido al aporte en la investigación por la llamada “masacre de Pavón”, realizada en un centro penal bajo el comando de altos funcionarios de seguridad del gobierno de Berger, tal como lo expone el documental “Ejecuciones extrajudiciales en Centroamérica”.

Fue entonces que el centroderechista gobierno de Álvaro Colom consintió la prórroga para la comisión hasta septiembre de 2011, en medio de las investigaciones que este organismo internacional realizaba por el asesinato, en mayo de 2009, del abogado Rodrigo Rosenberg, quien en un video previo a su muerte y difundido posteriormente acusa de su asesinato al mismo presidente Colom.

Con el final del segundo periodo en 2011, el gobierno de Colom solicitó a la ONU una tercera prórroga del mandato de comisión. Para 2012, el hoy dimitido expresidente Pérez Molina se encontró con la responsabilidad de definir el final o la continuidad de la presencia de la CIGIG en el país, momento en que gestionó de manera anticipada la extensión para un cuarto período de mandatado (2013-2015) ante la Secretaría General de la ONU.

CICIG dentro de la “Alianza”

Desde septiembre de 2013 a la actualidad, el contexto político en Guatemala y Mesoamérica se ha transformado profundamente, en particular a partir de la crisis gestada desde 2013 y potenciada a mitad de 2014 por la repentina y masiva migración en forma ilegal hacia los Estados Unidos de miles de niñas y niños guatemaltecos, hondureños y salvadoreños no acompañados de mayores, quienes cruzaban el territorio mexicano expuestos a sufrir todo tipo de violencias por parte de traficantes de personas, armas y drogas.

Esta crisis provocó la alarma de Barack Obama, quien consideró a la multitud de niños migrantes centroamericanos como una amenaza a su “seguridad nacional”, designando así al vicepresidente Joe Biden como encargado de atender la situación a través del “diálogo” con los gobiernos del denominado Triángulo Norte de Centroamérica y con la observancia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La intervención del gobierno norteamericano se cristalizó a fines de 2014 con el llamado “Plan Alianza para la Prosperidad”, iniciativa elaborada por técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que consiste en una estrategia de la élite empresarial centroamericana aliada con el capital norteamericano para aumentar sus negocios financieros, neoextractivos y de contrataciones de obra pública.

Este plan establece “dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas” y “desarrollar oportunidades para nuestro capital humano”, como acciones complementarias a otros proyectos neoliberales de alcance regional como el convenio DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica –sin Panamá ni Belice-), así como el Proyecto Mesoamérica que articula la integración regional desde México hasta Panamá en materia de electricidad, telecomunicaciones e infraestructuras públicas como puertos y carreteras, todo en manos de grandes empresas privadas transnacionales o del capital transnacionalizado.

El plan implicaría el desembolso de mil millones de dólares al año durante cinco años (2016-2020) en Honduras, Guatemala y El Salvador, con la ecuación de $1 del gobierno de EE.UU. por $1 de los Estados centroamericanos, lo cual les llevaría a contraer onerosos créditos con el BID para mantenerse en la “Alianza para la Prosperidad”; recursos que aún no son aprobados por el Congreso estadounidense ni presupuestado por los gobiernos centroamericanos.

CICIG a debate

Otros ejes de acción de la “Alianza para la Prosperidad” se refieren a “mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia” y “fortalecer instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado”. De este modo, se puede entender la insistencia de las autoridades norteamericanas durante el primer cuatrimestre de 2015 al gobierno de Pérez Molina para solicitar a las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta 2017.

Lo anterior quedó en evidencia a través de una ofensiva diplomática sin precedentes del Departamento de Estado norteamericano hacia el gobierno guatemalteco para presionarle por la extensión del mandato de CICIG, que llevó al mismo Joe Baiden a visitar Guatemala el pasado mes de marzo, cuando declaró que el “mandato de CICIG debe prolongarse”.

La presión del gobierno de EE.UU. a Pérez Molina para la extensión del mandato de CICIG fue señal de un distanciamiento con la oligarquía guatemalteca y sus brazos políticos en el Congreso (PP-LIDER) así como de los medios de comunicación corporativos del país, los cuales reprodujeron por meses posturas de “políticos” y de la cúpula empresarial del CACIF en contra de la prolongación del mandato a CICIG.

El desencuentro entre los norteamericanos con la oligarquía y el gobierno guatemalteco se presentó al tiempo que las aduanas del país eran defraudadas por la organización criminal “La Línea”, controlada desde la Casa Presidencial por Pérez Molina y Baldetti, en ejecución conjunta con empresarios importadores.

Es entonces que para el gobierno de Obama la puesta en marcha de la “Alianza para la Prosperidad” es estratégica para la disminución de los flujos de migrantes centroamericanos a su territorio, a la vez que se favorece la alianza entre las oligarquías centroamericanas. En tal contexto, para Guatemala la CICIG es el garante “ético” por excelencia, ya que su mandato conlleva el mejoramiento al acceso a la justicia y el fortalecimiento de la institucionalidad estatal, por tanto la confianza de la población en el Estado, lo que a su vez facilitaría la cierta estabilidad para la implementación de las acciones económicas de dicha “Alianza”.

Continuidades a exponer

Fue en abril de 2015 cuando la CICIG y el MP expusieron el caso “La Línea”, hecho que impulsó al gobierno de Pérez Molina a la ampliación del mandato de la comisión hasta 2017. En mayo, bajo presiones políticas, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti se vio obligada a renunciar por su vinculación con esta red criminal, perdiendo su inmunidad y quedando sujeta a la justicia. En este contexto, miles de guatemaltecos y guatemaltecas se hicieron presentes en las calles protagonizando durante más de cuatro meses masivas movilizaciones, centradas en el descontento generalizado a causa de la corrupción, con la consigna “renuncia ya” dirigida al exbinomio presidencial, a la vez que se manifestaba descontento por el proceso electoral aún en desarrollo. El análisis del momento actual y los posibles rumbos del país se expondrán en una próxima entrega.

*: Politólogo costarricense, defensor de DD.HH. en Centroamérica

**: Psicóloga guatemalteca, investigadora del CONICET en Argentina