Guerra y paz: la actualidad de los derechos humanos en Colombia

Por Sergio Segura

El actual discurso de la paz en Colombia tiene tiene un contraste claro: Desde hace décadas no han variado los actores que perpetúan las violaciones a la vida, la integridad y la libertad de los colombianos. Durante 2016 se ha cometido un asesinato político por semana.

Desde que se anunciaron los diálogos entre insurgencia y Gobierno, y en la medida que se ha venido “desescalando” el conflicto armado en los últimos meses, son profundas, súbitas y violentas las consecuencias humanitarias para otros sectores de la sociedad.

El 22 de abril en la ciudad de Cali hombres armados ingresaron a la vivienda de Flor Silva, dirigente sindical del movimiento Congreso de los Pueblos. Al no encontrarse en su vivienda y debido a la alarma de la comunidad, huyeron del lugar en motocicletas y camionetas de vidrios polarizados. Semanas atrás, en las oficinas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia dejó un comunicado donde afirma que el Congreso de los Pueblos es un objetivo militar.

Un día antes a lo ocurrido con Silva, Javier Henao fue detenido por tropas del batallón Bombona del Ejército Nacional en el departamento de Antioquia. Actualmente le imputan el delito de rebelión, aun cuando su actividad política ha sido reconocida públicamente dentro de la vocería campesina de la Cumbre Agraria y por el trabajo comunitario que desarrolla desde el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y el Congreso de los Pueblos.

En el mes de marzo, mujeres del movimiento Marcha Patriótica iniciaron vigilia en iglesia de Bogotá, denunciando los 112 asesinatos de los que han sido víctimas militantes de la organización. Además de recalcar el silencio de la iglesia católica frente a los actos de terrorismo de Estado, se hizo homenaje a Klaus Zapata, integrante de la Juventud Comunista asesinado el 6 de marzo en el municipio de Soacha. Exigieron la libertad de 300 prisioneros políticos de su movimiento. Además, hace unos días, asesinaron al docente Diego López mientras dictaba clase. López participó activamente de la última movilización sindical y de docentes en el departamento del Cauca.

La semana pasada fue encontrado sin vida Nelson Junca, un egresado de la Universidad Pedagógica que habían reportado desaparecido desde el 5 de abril. Otro estudiante, Miguel Barbosa de la Universidad Distrital, se debate entre la vida y la muerte tras ser agredido por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), según sus compañeros de clase. Aunque la Policía lo niegue, recordemos que también negaron el asesinato de Nicolás Niera y Óscar Salas. Hace unos días un policía pidió perdón por haber modificado la escena del crimen de la muerte de Diego Felipe Becerra, el grafitero asesinado por un patrullero de la Policía por pintar una pared en 2011.

Según documental presentado en la Feria del Libro de Bogotá, la mal llamada “limpieza social” existe hace más de 35 años y van 4.928 personas asesinadas. Es histórica y permanente la estrategia de exterminio contra la juventud popular, no existen políticas públicas para enfrentar el “fenómeno” y las estadísticas se esconden. Los líderes comunitarios del barrio Potosí en Ciudad Bolívar (Bogotá) afirman que van 40 jóvenes asesinados, pero no tienen como levantar información completa porque es un problema invisible, tanto para los políticos sordos como para los programas de seguridad que no quieren entender que esta generación no ha vivido ni un solo día de paz . La Policía dice que esas operaciones no existen, otros dicen que “si los mataron, fue por algo”. Lo cierto es que este tipo de aniquilación social no cuenta con un delito penal, no hay responsables, aunque se sabe quiénes son. El Estado brilla por su silencio y complicidad.

2016: un asesinato político por semana

El partido político Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista han denunciado que “hay un plan para asesinar a sus jóvenes militantes”, haciendo referencia a los 12 homicidios del año en curso contra integrantes del movimiento social. El ministro del Interior responsabiliza a las Bacrim, paramilitares que en los últimos meses recrudecieron la violencia para mostrar su desacuerdo con los diálogos de paz. “Me siento en el exterminio de los 80’s”, manifestó Aida Avella, dirigente de la UP.

Según la unidad investigativa de Indepaz, fueron 14 los grupos narcoparamilitares que hicieron presencia en 149 municipios de 22 departamentos en los primeros tres meses de este año. Sus objetivos militares siguen siendo los reclamantes de tierras, los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Con los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el gobierno de Álvaro Uribe, se le hizo creer al país que el paramilitarismo terminaba. El lenguaje cambió y desde entonces se llaman Bandas Criminales (Bacrim), neoparamilitares o grupos post-desmovilización.

“Que la paz no nos quite la vida”

De acuerdo al último informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) sobre situación de derechos humanos en Colombia, los métodos de victimización más utilizados son las amenazas, los heridos, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, sin olvidar la importancia de los atentados, la desaparición y la violencia sexual. En ese sentido hay que señalar quiénes fueron los presuntos responsables durante el año 2015 en el marco de la persecución política, el abuso de autoridad e intolerancia social: paramilitares (1065 víctimas), Policía Nacional (572), Ejército Nacional (292), Fuerza Pública (24), Fiscalía (28). En menor medida los delitos fueron ocasionados por el Gaula, la Fuerza Aérea y el INPEC para el caso de la tortura en las cárceles.

Las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron según la presunción de responsabilidad: paramilitares con el 69%, Ejército Nacional 14%, Policía Nacional 13% FARC-EP 4%. Se presentaron igualmente seis “falsos positivos” en la primera parte de 2015, con responsabilidad directa de Ejército y Policía. Las restantes ejecuciones extrajudiciales denunciadas fueron inscritas a años anteriores. Cabe señalar que desde octubre de 1984 hasta diciembre de 2015, el periodo en el que se presentaron la mayor cantidad de denuncias fue entre 2002 y 2010, mientras Álvaro Uribe fungía como presidente y Juan Manuel Santos como ministro de Defensa.

Quienes se dedican a defender los derechos humanos, actividad directamente vinculada con el apoyo a los procesos de paz y la búsqueda de justicia social, enfrentaron en 2015 amenazas realizadas en 78% por paramilitares, 18% sin información y 3% por el Estado colombiano.

Van cuatro años de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Santos; esto se traduce en una importante reducción de las hostilidades entre combatientes, pues se redujeron los militares muertos en 23.7%, así como en 61% para las FARC-EP y 58.3% para la guerrilla ELN. La muerte de policías disminuyó en 68.8%. No obstante, no es esa la realidad para los líderes cívicos, ambientales y sociales. De 421 amenazas recibidas en 2012 se pasó a 873 en 2015, equivalente a un aumento del 107.3%. Entre 2014 y 2015, periodo en el que se avanzó considerablemente en los puntos de acuerdo de La Habana, las amenazas aumentaron el 53.7% por parte de la Policía Nacional y en 27.8% desde los paramilitares. Las del Ejército se redujeron, ‘solo’ se documentaron 74 amenazas para 2015 (-25,3).

Tampoco es alentador el panorama en cuanto a detenciones arbitrarias se refiere; como victimario la Policía ejecutó 160 detenciones arbitrarias y el Ejército 115, un aumento de 175,9% y 130% respectivamente en comparación con 2014.

En su informe anual, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta celeridad para la revisión disciplinaria de estas actuaciones, así como solicita verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para los pueblos indígenas, afro y campesinos que fueron despojados de sus territorios. También anota que el 36.5% de la población privada de la libertad no tiene sentencia, así como recalca la falta de seriedad para dar resultados en torno a los “falsos positivos”.

Algunas conclusiones

Aunque se intente fortalecer la institucionalidad estatal ad portas de la firma de los acuerdos de paz, la garantía de derechos para las mayorías sigue siendo ignorada con vericuetos políticos. El Estado continúa reprimiendo y criminalizando a quienes levantan la protesta como forma de exigir respeto.

El intelectual portugés Boaventura de Sousa Santos lo anunció en una conferencia: “La paz de Colombia es una paz capitalista. Aunque es el único país que nos puede dar buenas noticias para la América Latina actual, esperamos que la retirada de insurgentes de diferentes territorios no signifique la profundización del extractivismo”.

Mientras sigan funcionando oficinas de sicarios como empresas de vigilancia privada, la “guerra” contra el paramilitarismo no será exitosa. Hoy, se sigue confirmando que el Estado colombiano no es un Estado democrático y que los grandes medios de comunicación han demostrado total desinterés en prepararse para una “paz estable y duradera”.