Hay que ir al default: no pagar es una opción

Hay que ir al default: no pagar es una opción

Por Francisco J. Cantamutto. Se viene un mes movido en materia económica, en el cual Argentina negociará los fondos buitres con el “mediador” puesto por el tribunal estadounidense. Las glorias del “desendeudamiento”

Mientras la oposición patronal se regocija ante la tragedia de la supuesta estrategia de desendeudamiento y afila las billeteras prestos para pagar con dinero ajeno, el país se enfrenta a una situación que puede ser clave en el futuro inmediato. La desestimación de tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia del fallo contrario a la Argentina convalida la decisión en primera instancia del juez Griesa. Aunque esta decisión cosechó repudios de diversos tipos, incluso en la reciente cumbre del G77, queda firme y obliga al país a negociar con los fondos buitres, abriendo la puerta a nuevas demandas que pueden ir de los 20 mil millones de dólares en juego actualmente hasta el conjunto de la deuda total canjeada en 2005 y 2010. Así, Argentina se encuentra en una situación no tan distante a la de 2001 en materia de deuda: la política oficial de “desendeudamiento” se enfrenta sus propios límites y estalla en la cara del gobierno.

A pesar de las argucias lingüísticas del oficialismo es simplemente imposible de negar la gravedad de la situación. Pero el principal error está en adjudicar todo el problema a una arbitraria decisión de un juez foráneo. Aunque ciertamente su decisión es repudiable, asumir que fallaría en relación a una cierta racionalidad sistémica que protegiera el futuro de todas las renegociaciones es simplemente desconocer las normas más básicas de funcionamiento del capitalismo: Griesa, igual que Obama, están pendientes de que el capital financiero imperialista que representan cobre su cuota, no de que el futuro de la humanidad tenga lógica.

Y en este sentido, el oficialismo pretende desconocer una tendencia de continuidad que contribuye a desembocar en esta situación. Se trata de la pésima estrategia de negociación oficial establecida desde el gobierno de Duhalde y continuado por el matrimonio Kirchner-Fernández: pagar hasta donde se pueda. El gobierno se ha encargado de difundir la idea de que esto sería asegurar la soberanía nacional, extraño argumento defendido desde todas las trincheras del oficialismo. La idea de hacer a los acreedores “socios del crecimiento”, suponiendo que así todos ganaban representa la ilusión de límites a la voracidad del capital. Mientras los fondos alcanzaban, no fue notable la magnitud del ajuste real que ocurría.

Tal como la propia presidenta se ufanó y sin eufemismos, tornó a la Argentina en una “pagadora serial”, a la que cualquier demanda merecía honra. Así, la deuda pública se pagó completa y un 25% más desde 2001, y aún así, ésta creció en más de un 50% según la última estimación oficial. Sin embargo, en esta cuenta faltan “anotar” todos los compromisos de pagos de municipios y provincias, los intereses a valor actualizado así como las promesas de rendimiento de los cupones de PBI, pero además, todos los nuevos compromisos asumidos este año: pagos a empresas vaciadoras en el CIADI, el premio a REPSOL por destruir nuestras reservas de hidrocarburos, el arreglo con el Club de París. Tomando en consideración todos esos montos, la deuda total superaría los 300 mil millones de dólares: claro que su estimación es compleja por la falta de registros. Esto significaría que no existe ninguna disminución en el peso del PBI, principal argumento del oficialismo para sostener el éxito de su política.

Este incremento, incluso considerando sólo las cifras oficiales, implica un aumento de los pagos en los años por venir: en el próximo año y medio hay que pagar unos 30 mil millones de dólares. La mala noticia es que tenemos aproximadamente 27 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central. No es necesario ser economista para saber que las cuentas no cierran. El gobierno estaría obligado, en su lógica, a renovar deuda, al costo que sea. Por eso, no ha ahorrado en gestos para el gran capital: ajuste en todas sus variantes ha sido el programa ortodoxo en 2014. Ningún programa compensatorio (PROGRESAR, por ejemplo) logra compensar la magnitud del ajuste.

Expliquémonos: el otro “logro” de la política oficial ha sido incrementar el porcentaje de deuda total intra-Estado, argumentando su benevolencia. Se trata de la siguiente operación: el Tesoro recurre a fondos de distintos organismos públicos (ANSES a la cabeza, pero también el Banco Central, el Nación, etc.) para pagar a acreedores privados y organismos, y les da a cambio una promesa de pago incierta. Aunque esto elimina algunas molestas negociaciones, no hace desaparecer el problema de la deuda, sino que lo digiere al interior del propio Estado. Por ejemplo, debido a que ANSES “presta” sus fondos para pagar deuda, tres cuartos de nuestros jubilados cobran la mínima, que está por debajo de la canasta de pobreza: es decir, la pobreza de los mayores garantiza el pago de la deuda a fondos buitres. Éste es un llamativo olvido cada vez que se enfatiza el uso de estos fondos para pagar la AUH. Asimismo, el pago con reservas del Banco Central ha degradado el valor del peso, forzando a la devaluación que vimos en los últimos años. Como el gobierno se encuentra en dificultades para seguir quitando fondos de estos organismos, entonces debe achicar gastos por otro lado: por eso la crudeza de las negociaciones salariales con los docentes (no sólo de provincias sino nacionales, como se ve con los universitarios) y por eso el salario de los empleados públicos se mantiene un 35% por debajo de su nivel real de 2001. Seamos claros: para pagar deuda, hay que recortar derechos. Y ésta es la política oficial del kirchnerismo.

La contracara de este proceso ha sido la tantas veces denunciada legitimación de la deuda. Una deuda contraída con todos los vicios legales posibles, como ha sido establecido en diversas instancias. Aceptar la legalidad y legitimidad de la deuda de los acreedores, así como su estructuración normativa bajo legislación y jurisdicción extranjera ha sido la línea de continuidad de la política kirchnerista: un error que se paga leyendo a través del periódico yanqui que un juez desconocido nos obliga a negociar. Insistamos: no hay pura responsabilidad extranjera, el kirchnerismo se encargó de facilitar la tarea de llevarnos a este agujero.

¿Hay alternativas? Claro que las hay, a pesar de que el arco de los partidos del establishment quiera negarlo, y someterse a la negociación, que sólo puede llevar las de perder. La alternativa más obvia es la que todos quieren evitar, como si fuera un problema: declarar el default. O sea, declarar la imposibilidad de pagar, suspendiendo todos los pagos, y forzando a nuevas negociaciones. Sólo que esta vez habría que auditar por completo la deuda, poniendo a la luz su completa fraudulencia. Para hacerlo, el país bien podría apoyarse sobre UNASUR o CELAC, que funcionarían como espacios políticos de impulso a estas propuestas, siendo que varios gobiernos de la región (Bolivia y Ecuador, por ejemplo) señalaron su apoyo a una estrategia de este tipo. Se podría crear un frente contra el pago de la deuda a nivel internacional. Claro que para esto habría que desafiar realmente a las estructuras de poder nacional y mundial, y el gobierno no parece mostrar señales de querer tal cosa. La disputa está puesta sobre la mesa: o las necesidades del pueblo argentino, o los intereses de los acreedores.