Por Tomás Eliaschev. En esta primera parte del diálogo con Marcha, Alejandro Mosquera -de la Comisión Provincial por la Memoria- evaluó los tires y aflojes por la policía judicial, la idea de crear fuerzas comunales, y los casos de José León Suárez y Luciano Arruga.
-¿Por qué plantean que tiene que haber una policía Judicial?
-Cuando la provincia de Buenos Aires pasó del sistema inquisitivo, con un juez que instruye, al acusatorio contempló como uno de sus pilares poner a la cabeza del Ministerio público fiscal la investigación. Hubo mucha resistencia conservadora a los nuevos fiscales, el más común era que no conocían el territorio, la calle, y que esa función era de la policía. La Bonaerense, al enterarse que la medida no se complementaba con la creación de un cuerpo de investigación civil dependiente del Poder Judicial, supo que todo seguiría igual: continuarían manejando la investigación, la agenda criminal, y por tanto mantendrían su poder arbitrario y con capacidad para armar causas, regular el delito, e incluso la recaudación ilegal. Por supuesto, también la “capacidad de proteger” vía la impunidad a sus miembros en las conductas ilegales. El resultado fue calamitoso en términos de la seguridad de los vecinos, del cumplimiento del servicio de justicia por parte del Estado. Se mantuvo y creció la impunidad de los delitos y las violaciones de los derechos humanos de los grupos sociales y etáreos más vulnerables.
-¿Qué opinan de la respuesta que han recibido de ejecutivo provincial?
-Reconozco que tomaron más del 80% de nuestro proyecto, tanto en la letra como en los textos. Sin embargo, omitieron propuestas que estaban en el proyecto nuestro lo que desnaturaliza aspectos centrales de la iniciativa, como los mecanismos de control de gestión, los procedimientos de selección y los criterios de incorporación de los recursos existentes. El Ejecutivo eliminó en su propuesta el requisito de la audiencia pública para los nombramientos jerárquicos del nuevo organismo, la posibilidad de participación ciudadana en la selección de jurados y el requisito de la formación básica para los ingresantes. Plantean excepciones al concurso de antecedentes y merito que proponemos y esas excepciones lesionan los principios básicos. Muchas veces, en la practica, la excepción se trasforma en regla y desnaturaliza todo lo nuevo que se ha creado. Intentaremos en el debate en el Senado sumar todos los aportes que desarrollen el proyecto, lo mejoren, y a la vez subsanar estas faltas e incongruencias del proyecto enviado por el Ejecutivo.
-¿Qué opinan de la propuesta que hacen Daniel Scioli y Ricardo Casal de crear policías municipales?
-La CPM está estudiando el proyecto, por lo cual en esta respuesta no comprometo a mis otros colegas. Creo que es una acción que separada de un contexto de reforma integral de la bonaerense sirve para poco. Es necesario un cambio estructural y democrático de la fuerza, que tomara lo mejor de la reforma León Arslanián y corrija sus errores. Sobre la base de los principios señalados por el Acuerdo de Seguridad Democrática, hay que producir una transformación verdadera y sustentable en el tiempo. Hay que recuperar el gobierno civil de las fuerzas de seguridad, diseñar un nuevo paradigma de la seguridad comunitaria. Precisamos una estrategia de intervención y prevención provincial que diseñe cuáles son los cuerpos que deberían conservarse en forma centralizada, y cuáles descentralizar creando en los municipios nuevos cuerpos dependientes del poder civil comunal, con presupuesto, con dependencia orgánica y funcional, con disposiciones de ascensos y a cargo del poder disciplinario. Con controles autónomos y civiles en cada municipio, con formas de participación ciudadana que no permitan el copamiento ni por el intendente ni por la policía de los foros de seguridad, tomando los aspectos positivos y negativos que tuvo la experiencia de la reforma del 98. No estoy de acuerdo en este proyecto que se está discutiendo: no es parte de una reforma integral que desarticule la demagogia punitiva, la mano dura, la utilización de la policía centralmente como control social de los más excluidos. La idea no tiene consenso. No puede pensarse exclusivamente en reuniones del ejecutivo provincial con los intendentes. Además, la creación de fuerzas de seguridad comunales debe estar acompañada de una reforma política que termine con la reelección indefinida de los intendentes. La combinación de perpetuidad, fuerza policiales y debilidad en los controles sobre todo en el conurbano es un combo ineficiente y peligroso.
-¿Qué opinión le merece que hayan removido al comisario Mario Briceño, a un año de los asesinatos en José León Suárez?
-La remoción es positiva, pero insuficiente y menos si se la quiere presentar como una modificación “normal”. Lamentablemente los funcionarios de seguridad cuando sucedieron los asesinatos de José León Suárez expresaron y popularizaron la versión policial tratando de ocultar el asesinato a mansalva de pobladores por parte de un grupo de policías. La denuncia de los familiares, de vecinos, de organismos e instituciones de derechos humanos como la CPM y el CELS, y la decidida acción de militantes del Movimiento Evita, permitieron que se corriera el telón y se viera la verdad de lo ocurrido.
-¿A tres años de la desaparición de Luciano Arruga, que consideración hace del hecho de que los ocho policía sigan trabajando, sin que se sepa en qué comisaría?
-El sistema recrea impunidad. Y se repite en infinidad de casos donde pasado el tiempo de la disponibilidad preventiva el personal acusado o sospechoso vuelve a la actividad. Quienes sostienen este método explican que el sumario administrativo tiene que esperar qué pasa en la justicia. Eso es totalmente falso. La Justicia tiene sus plazos y procedimientos totalmente distintos a las investigaciones administrativas que tienen como objetivo la toma de decisiones en ese ámbito. El criterio de postergar hasta que la Justicia se pronuncie suena similar a las épocas del menemismo, que eludían tomar decisiones sobre funcionarios procesados a esperas de la decisión judicial que llegaba 10 años después o nunca. La auditoría interna de policía ha cambiado de responsable, esperamos que esta gestión cambie profundamente el sistema. El mensaje que se construye hacia las fuerzas, y en especial hacia los grupos que violan los derechos de la gente de nuestro pueblo, con este sistema de que vuelven un tiempo después a la fuerza, es nuevamente el de que todo está permitido, que no pasa nada. Es un mensaje de impunidad y protección.