Honduras, 10 años de resistencia

A 10 años del Golpe de Estado y ruptura de la legitimidad democrática continúa la movilización popular que grita Fuera JOH.

 Por Raúl Palencia y César Saravia Foto Contra Corriente

Crisis política y resistencia popular a 10 años del Golpe

En las últimas semanas, un nuevo episodio de movilizaciones populares y represión estatal se ha vivido en las calles de Honduras. La gota que derrama el vaso de un pueblo golpeado y convencido del fraude electoral, fue la aprobación en la cámara Legislativa del primer debate de la ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación. Esto es posible una vez que el gobierno de Juan Orlando Hernández declara al Sistema Nacional de Salud en estado de emergencia y justifica su decreto en la necesidad de la mejora del servicio. Las palabras suenan a despidos, privatización y concesiones para quienes desde las organizaciones sociales y movimientos populares llevan más de una década de lucha organizada en las calles y en las instituciones del Estado.

Desde finales abril, las protestas en las calles son multitudinarias y las componen estudiantes, trabajadores y sindicatos del sistema de salud que exigen que se anule los decretos aprobados por el Congreso. Para el 30 de mayo se llamó a un paro general al que se sumaron las ciudades de Copán, El Progreso, La Paz, Comayagua, Atlántida, San Pedro Sula, Olancho, Valle y Choluteca llegando a la cantidad en diez mil personas movilizadas en contra de los dos decretos que buscan privatizar la salud y la educación.

La movilización popular de amplios sectores es el resultado de un Honduras en plena crisis social, por consecuencia de una serie de medidas neoliberales presionadas por el Fondo Monetario Internacional que busca profundizar el modelo extractivista, promoviendo la inseguridad en los territorios, la migración, la impunidad, la falta de justicia, la privatización, las concesiones transnacionales, el crimen organizado, los femicidios y el narcotráfico vinculado al gobierno. Todo esto estrangula a un pueblo que hoy sale a las calles gritando y condensando su bronca en el “Fuera JOH, convencido de que la lucha popular y la dignidad son todo lo que les queda para alcanzar ese objetivo estratégico de refundar Honduras. Pese a todos estos golpes, hoy siguen más vivas que nunca las palabras que el río susurrara a Berta y que todo Honduras grita a una sola voz: ¡Vamos a vencer!

Golpe contra el pueblo

La madrugada del 28 de junio del 2009, el ejército hondureño, amparado por la oligarquía y la intervención de Estados Unidos, entró a la casa presidencial, a punta de fusil, para capturar al entonces presidente Manuel Zelaya, electo vía voto popular, y enviarlo en un avión vestido todavía con su pijama, hacia Costa Rica. Esta acción autoritaria fue la respuesta de la derecha y del imperialismo al intento de Zelaya de llevar a cabo un proceso de consulta popular, que se presentaba a los ojos del movimiento popular como una herramienta legítima para avanzar en el objetivo de alcanzar, en palabras de Berta Cáceres, “la refundación de Honduras”.

Durante su gobierno el presidente Zelaya había mostrado una tendencia progresiva a alinearse a las organizaciones sociales y a los gobiernos populares aglutinados en el  ALBA, del cual Honduras se había hecho parte. Este acercamiento con los movimientos generó una radicalización de la política pública empujada desde abajo, cabe recordar que Zelaya llegó a la presidencia a través de uno de los partidos tradicionales como lo es el partido liberal, de corte derechista. Al momento del golpe, la región vivía un auge de gobiernos progresistas y/o populares, que alcanzaba a diez países en ese momento. Estas y otras medidas llevaron a Estados Unidos a actuar contra uno de los países que fue históricamente uno de sus bastiones, por su ubicación geográfica, tanto para acciones militares como para experimentos políticos y económicos.

Las respuestas internacionales fueron que la OEA desconociera a Honduras y la ruptura de relaciones por parte de varios países de la región. Sin embargo, esta presión duró poco y rápidamente se dio paso a la “normalización” de la situación en Honduras, mediante los acuerdos de Cartagena, que habilitaban la vuelta de Zelaya a Honduras pero reconocían al régimen golpista.

De alguna forma, lo ocurrido en Honduras fue visto con relativo desdén por buena parte del progresismo latinoamericano, como antes había ocurrido en Haití. Esta falta de interés representaría años más tarde una debilidad a la hora de dar respuesta a la avanzada conservadora en la región y dejaría abierto en Honduras el camino hacia un régimen autoritario y asesino.

Durante estos 10 años posteriores al golpe, la resistencia en las calles y en los territorios ha sido constante. La movilización popular durante el Golpe fue amplia, pero no logró revertir la imposición del presidente y la instauración de un modelo extractivista – militar. Se estima que cerca del 35% del territorio hondureño ha sido concesionado a transnacionales. Entre las primeras medidas que el régimen golpista adoptó fue la aprobación de una Ley de Agua, que privatizó el servicio,  y la prohibición de la comercialización de la pastilla del día después, que se suma a la prohibición total del aborto en Honduras. De esta manera, estos 10 años han estado marcados por el avance del Capital sobre los territorios de las comunidades y  por un aumento del control sobre los territorios- cuerpos de las mujeres.

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Este proyecto que, como lo ha denominado el COPINH, es un proyecto de continuidad y de permanente Golpe de Estado, que se expresa en la persecución, criminalización y asesinato de líderes sociales. De 2010 a la fecha más de 150 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas y asesinados, entre ellas, Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. El crimen contra Berta levantó la voz para exigir justicia a nivel mundial, a pesar de lo cual hasta hoy continúa la lucha contra la impunidad, a la espera de que se juzguen a los autores intelectuales, entre los altos puestos de la empresa DESA, encargada del proyecto de la represa Agua Zarca, y algunas de las familias más ricas del país.

Fue la propia Berta quien denunció esta política represiva: “la criminalización del movimiento indígena y negro es una política del régimen sucesor del golpe de estado, en particular contra todo el que está en resistencias y en construcción del proceso constituyente originario, refundacional, democrático, multicultural, multilingüe e incluyente”. 

Este proyecto de golpe permanente, tiene como su contracara lo que podemos denominar como resistencia popular permanente. La resistencia del pueblo Lenca y el COPINH, contra la represa Agua Zarca, del pueblo Tolupán, de la OFRANEH, de los movimientos estudiantiles y el movimiento feminista han sido claves para que a 10 años el régimen golpista no haya sido capaz de estabilizarse. Esto explica que pese al cerco mediático que rodea al país, de manera muy frecuente se desaten crisis políticas en Honduras que trascienden las fronteras. El pueblo hondureño ha estado constantemente en la calle durante estos años, frente al agotamiento de la soberanía popular y el deterioro de los marcos de participación y de respeto de los derechos humanos, que se agravaron con el fraude electoral del 2017, donde se impuso a Juan Orlando Hernández como presidente por segundo periodo consecutivo.

Luego del fraude de 2017, el despojo de los bienes comunes, el deterioro de los servicios públicos y la precarización general de la vida de la población, con cifras de pobreza que alcanzan el 60%, ha convertido en Honduras en un país expulsivo. Si bien es cierto la migración hondureña hacia Estados Unidos es antigua, en 2018, la misma se expresó en su forma más clara con el surgimiento de las caravanas migrantes, donde más de 5 mil hondureños y hondureñas, junto a migrantes de otros países, principalmente de Centroamérica, caminaron kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos, en algunos casos con el objetivo de permanecer en México. Las caravanas mostraron en todo su esplendor la situación de deterioro social que vive Honduras, en la que en muchos casos la lógica ya no solo es migrar para buscar una mejor calidad de vida, sino donde está en juego la existencia misma.

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