El INCAA firmó una resolución que generó malestar en la comunidad cinematográfica del documentalismo independiente: control ideológico, censura, la reducción de proyectos aprobados y la creación de comités elegidos a dedo. Marcha dialogó con Hernán Martín, miembro de DOCA, para explicar la problemática.
El 5 de abril el Instituto Nacional de Cines y Artes Audivisuales -ente autárquico que regula la actividad cinematográfica argentina- firmó la resolución 982/13. Sin embargo, la publicación en el Boletín Oficial no se dio de manera apacible ni mucho menos. En la resolución figuran numerosos artículos que han sido rechazados públicamente por organizaciones independientes de cineastas: la consideran como un retroceso respecto a cómo venía funcionando el sector documental, a la vez que señalan ciertos ingredientes de control ideológico y censura que el texto establece implícitamente en su contenido.
Son 6 las asociaciones de documentalistas que encabezaron el reclamo de la derogación inmediata de la resolución firmada por Liliana Mazure, Presidenta del INCAA. A tal fin, más de 200 directores, estudiantes y realizadores de cine se movilizaron el pasado miércoles a las puertas del Instituto, en defensa del cine documental y de la pluralidad de voces. Uno de las consignas de la fecha manifestaba en un cartel: “¿Qué modelo de cámara compra la gestión del INCAA?”, apreciándose debajo de la imagen una cámara de seguridad, en alusión al control ideológico que denuncian estos sectores. Al día siguiente, los representantes de las asociaciones tuvieron una reunión con las autoridades para tratar el tema.
Ahora bien, ¿cuáles son los puntos de la resolución que critican los documentalistas independientes? Marcha se comunicó con Hernán Martín, miembro de Documentalistas Argentinos (DOCA), para dar cuenta de la preocupante situación que se vive dentro de la comunidad cinematográfica. Por empezar, la resolución crea tres Comités nuevos: el Comité de Visualización, el Comité de Evaluación y el Comité de Créditos. Estos Comités, explicó Martín, “ahora pasarían a ser elegidos por un Consejo Asesor, no a través de las asociaciones nacionales y provinciales” como se venía dando anteriormente. “Según la promesa de Mazure, todo va a seguir como está” pero “si eso no figura más en la resolución, la suspicacia respecto a que esto suceda es grande” sostuvo.
El Consejo Asesor está constituido por 2 representantes del sector de directores, 2 representantes del sector de productores, 1 representante del SICA, 1 de la Asociación Argentina de Actores y los 5 representantes de las 5 regiones del país. Los documentalistas, apartados.
Respecto a la reunión que tuvieron con Mazure el día después de la movilización, Martín afirmó: “Ella explicitó que la razón por la cual había tenido que hacer el cambio era porque estaba recibiendo presiones de sectores ligados al gobierno sobre documentales que no se aprobaban en esos comités”.
El Comité de Visualización es el encargado de velar para que el documental terminado coincida con el guión originalmente presentado. Desde DOCA y las demás asociaciones, se argumenta que los criterios para decidir esta coincidencia no están debidamente explicitados. Al pertenecer al género documental, el guión siempre es tentativo ya que registra lo que encuentra y no lo que quiere registrar. En tal proceso, es muy probable que la película cambie respecto a su idea original. Por lo tanto, Martín sostuve que “tenés no sólo el control sobre lo que se aprueba sino sobre lo que se termina”. Hay una serie de indicios, continúa, “que indican que el objetivo es el control político-ideológico de lo que se aprueba en los Comités. Entonces toda eso de la democratización y federalización es una manera de endulzar la cuestión para hacerlo pasar”. Cabe destacar que en caso de que el guión presentado no concuerde con el proyecto finalizado, el director deberá modificarlo, so pena de devolver la totalidad del subsidio recibido.
Otro punto que despertó polémicas en la comunidad de documentalistas independientes es la reducción de la cantidad de películas que se venían aprobando. Antes de la resolución 982/13, existían 4 llamados anuales para la presentación de proyectos y no había limitación de cupos: por cada llamado, se presentaban entre 80 y 90 proyectos. Ahora, los Comités tienen cupos limitados, esto es, cada Comité va a poder autorizar como máximo 40 proyectos nada más. En este sentido, Martín explicitó: “Hay una presión grande de muchos sectores sobre el INCAA. Está planteado que acá se producen demasiadas películas nacionales que nadie ve. Esto tiene que ver con el problema más grave del cine nacional: no tanto la producción sino la exhibición, donde no hay casi ningún tipo de apoyo por parte del INCAA”. Asimismo, se refirió al bloqueo de la salas de cine, ya que “la mayoría de sus dueños son los grandes medios de Hollywood, que controlan el 70% y no hay manera de entrar con películas nacionales, mucho menos si no tiene una campaña de difusión que la instale. Frente a esa realidad, la respuesta que se da es ‘entonces que se hagan menos películas’, en vez de mostrar todo lo que se hace”.
Si bien en estos días los representantes de las asociaciones pretenden concretar una reunión con las autoridades del INCAA para realizar ciertas modificaciones a la resolución, Mazure ya determinó que las medidas tomadas respecto a los Comités no van a ser alteradas. De todas maneras, Martín sostuvo que ellos van a persistir con la propuesta de que se modifiquen los artículos correspondientes a los Comités.