Iván Cepeda: En Colombia “hay una nueva doctrina de carácter militar y policial contra la movilización pacífica” 

A dos meses del Paro Nacional en Colombia, hablamos con el Senador colombiano Iván Cepeda Castro sobre las manifestaciones, los desafíos que quedan por delante y la perspectiva hacia las elecciones presidenciales de 2022.

Por Maru Waldhüter

Iván Cepeda Castro es Senador de Colombia por el Polo Democrático Alternativo y cuenta con una reconocida trayectoria en defensa de los derechos humanos que encuentran origen en su historia familiar. Su padre, Manuel Cepeda, político de izquierda y senador por la Unión Patriótica fue asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con grupos paramilitares. El hecho fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2010 el tribunal determinó la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de múltiples derechos. 

En agosto del año pasado la Corte Suprema de Justicia de Colombia luego de ocho años de proceso judicial resolvió detener al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por su relación con grupos paramilitares y la manipulación de testigos. Las denuncias que dieron origen a  esa investigación fueron presentadas por Iván Cepeda al senado y durante todos esos años el derrotero judicial y las maniobras de Uribe buscaron invertir las acusaciones para responsabilizar a Cepeda. El ex presidente del Centro Democrático permaneció bajo arresto domiciliario dos meses pero la causa aún continúa en curso.

En la actualidad Colombia lleva más de dos meses de Paro Nacional y movilizaciones en todo el país. El accionar represivo desplegado por el gobierno de Iván Duque acumula denuncias por la violación sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, militares y paramilitares. Las imágenes de la violencia estatal en Colombia quedaron a la vista de la comunidad internacional, el “teatro de operaciones militares” como lo caracterizó Cepeda, ya no se puede ocultar ni naturalizar. 

El 28 de abril de 2021 abrió un acontecimiento político histórico para el pueblo colombiano. Era necesario parar para avanzar y derrumbar los símbolos de la opresión para iniciar, tal como lo manifestó el pueblo indígena Misak, un camino hacia la reparación de la memoria histórica y nuevas prácticas de re-existencias. 

El senador Iván Cepeda dialogó con Marcha y se refirió a estos meses de manifestaciones y los desafíos que quedan por delante y la perspectiva hacia las elecciones presidenciales de 2022.

– Senador Cepeda, desde su perspectiva, ¿qué balance se puede hacer de estos dos meses de paro nacional y movilizaciones?

Yo considero que Colombia ha experimentado en estos dos meses un hecho sin lugar a dudas de un gran significado histórico. Nunca en nuestra historia contemporánea una movilización, que ya no es simplemente una protesta, ha durado más de dos meses en medio de condiciones muy adversas, pero también con una gran decisión política de la ciudadanía. Destaco, no solamente la duración de este proceso de indignación ciudadana, sino también, el hecho de que ha quedado claro que hay una conciencia nueva desde el punto de vista político en muchos de los sectores que se han movilizado y especialmente en los jóvenes de las barriadas populares en los grandes centros urbanos y, particularmente ha ha sido en la ciudad de Cali pues, en en ese lugar del país se han desarrollado luchas sociales desde hace mucho tiempo y con una experiencia de resistencia de gran intensidad.

La movilización pacífica ha tenido un salto de calidad y de expresión política en estos meses y también destacaría que ha emergido un nuevo movimiento social. Este sería un tercer rasgo que me parece fundamental puesto que, hemos visto aparecer nuevas expresiones de movilización y de resistencia. Las llamadas primeras líneas de los jóvenes en distintos puntos de la ciudades, el acompañamiento de las misiones médicas y de derechos humanos, el periodismo alternativo que ha estado permanentemente transmitiendo en tiempo real lo que acontece, la expresión del feminismo y el papel, sin lugar a dudas, protagónico de las mujeres en en estos procesos de movilización. En fin, toda una gama de nuevas expresiones organizadas de la ciudadanía y de los movimientos sociales que se conjugan con las más tradicionales: el movimiento sindical, el movimiento indígena, las organizaciones campesinas y afrodescendientes, los estudiantes universitarios, el magisterio, los docentes, etc.

Y por último, destacaría que en estos dos meses el movimiento social ha demostrado que sí es posible hacer que retrocedan leyes oprobiosas, que renuncien funcionarios de alto nivel. Han tenido que dejar el gobierno varios ministros y otros funcionarios por efecto de la movilización y ese es, a mi modo de ver, un claro ejemplo de lo que se llama el poder constituyente que tiene efectos jurídicos legislativos y políticos por parte de las multitudes.

– Vemos con mucha preocupación el tratamiento bélico a la protesta social y el accionar de civiles armados como si hubiera un “enemigo interno” ¿Cómo resguardar garantías democráticas y constitucionales en este contexto, pensando también en las próximas elecciones de 2022?

En efecto, en estos meses de movilización hemos visto que se han acentuado los rasgos autoritarios, el terrorismo Estado, la criminalidad del Estado como una forma de intentar eliminar o acabar la movilización social. Y eso tiene que ver no solamente con una reformulación del la vieja idea del enemigo interno convertida, en este caso, en la expresión de una posición contra determinados sectores que se catalogan, prácticamente como  terroristas, como una especie de redefinición del terrorismo en términos urbanos que se expresa también esa concepción violenta frente a la movilización a través de un tratamiento de la protesta y la movilización pacífica como si se tratara de acciones bélicas. Es decir, el tratamiento de la movilización ciudadana como una especie de teatro de operaciones militares y también por un conjunto de acciones que, sin lugar a dudas, se pueden catalogar de criminales. El uso de armas de fuego por parte de miembros de la Policía Nacional, el uso de armas que son denominadas de baja letalidad pero que se utilizan de tal forma que sean letales, la tortura, el abuso sexual, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la estigmatización pública de quiénes se movilizan, toda una serie de acciones que conforman una especie de nueva doctrina de carácter militar y policial contra la movilización pacífica. De otra parte, el Gobierno se ha negado a dialogar y prácticamente ha intentado primero, engañar al país a la comunidad internacional con un diálogo que no conduce ninguna parte y luego abiertamente ha rechazado la posibilidad de dialogar con sectores y organizaciones que han estado encabezando y dirigiendo la movilización como el Comité Nacional del Paro y las propias organizaciones juveniles que han estado en muchas partes del país haciendo diálogos que sí han tenido resultados con autoridades locales. Todo eso en el contexto también de la promulgación de leyes y decretos que van dándole una forma jurídico legal a esta nueva doctrina de la que estamos hablando. El Gobierno ha promulgado en estos dos meses distintas disposiciones tendientes a militarizar las grandes ciudades, a poner en marcha una serie de dispositivos represivos para reforzar la acción de la policía, e incluso a he tenido una actitud tolerante frente a las expresiones del paramilitarismo urbano, así que aquí se conjugan no solamente acciones de carácter militar y policial, sino también el rediseño institucional y también la formulación de un nuevo marco legal y jurídico para legitimar este estado de represión generalizado y de criminalidad de Estado. 

La única manera de contrarrestar ese cuadro de acciones de persecución es la movilización misma. No hay ningún otro camino diferente a seguir desarrollando, la resistencia, la movilización pacífica, la búsqueda del apoyo y el acompañamiento internacional. El trabajo de documentación e información a través de los medios alternativos y las redes sociales de lo que está ocurriendo, el acompañamiento en terreno de las organizaciones, de las expresiones sociales de todo este gran movimiento. Esa es la esa es la vía y también la pedagogía política para que esta movilización se traduzca también en resultados de cambio político a través de las elecciones que tendrán lugar en marzo y en junio del año 2022.

– ¿Qué desafío encuentra la política tradicional luego de este proceso social y político que trajo el Paro Nacional?

Una de las características de esta movilización es que ha logrado expresar un enorme descontento, una enorme indignación de la ciudadanía con el uribismo es decir, con la extrema derecha, con su gobierno, con el caudillo de esa corriente política que es una bancarrota, una debacle política e ideológica que difícilmente pueda ser revertida. Hay un sentimiento muy arraigado, especialmente en los jóvenes, que tiene que ver con rechazar el legado y las prácticas del uribismo y que tiene que ver con la clara identificación de su responsabilidades en lo que ha pasado en el país, no solo desde el punto de vista económico y social, la agudización de la pobreza, todo lo que tiene que ver con el manejo del orden público y también los crímenes de Estado que se han perpetrado en estas últimas dos décadas particularmente, los mal llamados falsos positivos que son crímenes contra la juventud en Colombia (ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército nacional que asesinó jóvenes y los hizo pasar como bajas en combate) . Entonces todo eso se ha convertido en un sentimiento que trasciende ya simplemente la oposición política y los sectores inconformes y que se comienza a convertir en un estado contra hegemónico, que se expresa a través de encuestas y de una sensibilidad y un estado de opinión muy claro en contra de la extrema derecha. Ahora, qué está intentando hacer como respuesta el uribismo a estas circunstancias, bueno una especie de política de camuflaje y una táctica camaleónica, intenta ahora el partido de Uribe deslindarse del Gobierno. Quiere aparecer como si fuera un partido oposición y no de Gobierno; se está lavando las manos de las peores decisiones que ha tomado el presidente Iván Duque aplica, por supuesto, una una serie de iniciativas de carácter populista, intenta abanderarse de la reivindicaciones y las exigencias que han hecho precisamente quienes están en la movilización y quienes hemos criticado severamente al gobierno. Pero nada de eso es convincente, hay que decirlo, nada de eso oculta lo que ha ocurrido en el gobierno de Duque y que ha sido pues, una caja de resonancia de lo que quiere y a lo que aspira Uribe, es claramente responsable de haber atacado el proceso de paz, de haber conducido el país a una situación de pobreza extrema en medio de la pandemia, de haber acabado con las posibilidades de un desarrollo nacional, por lo menos en esta etapa, y que ha tenido una política que a los únicos que beneficia es a un círculo cercano de personajes muy poderosos que tienen capitales muy acaudalados y a la clase política tradicional y privilegiada. Todo eso está claro y por lo tanto, el gran debate hacia las elecciones de 2022 será precisamente entre el intento de simular o de simulación de esta extrema derecha para intentar restaurarse y obviamente los planteamientos, el programa de las fuerzas progresistas y democráticas por un cambio histórico.

Informe de la CIDH

Al cierre de esta nota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  presentó al Estado colombiano el informe con las observaciones y 41 puntos con recomendaciones al gobierno.

A un mes de la visita en la que se relevaron más de 100 testimonios en ciudades como Bogotá, Cali y Popayán, entre otras, la CIDH “ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”. Además, anunció la creación de un nuevo dispositivo de seguimiento. El informe señala que “resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y utilización de perfilamiento étnico racial”. También advirtió la presencia “en algunos departamentos del Valle del Cauca, personas civiles armadas”.

El Centro Democrático, partido de gobierno liderado por Álvaro Uribe, afirmó en un comunicado que “el informe refleja sesgo ideológico”. Por su parte, el presidente Iván Duque sostuvo que “nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad”.

Finalmente, la CIDH considera que no se puede prohibir la realización de bloqueos, cuestionó el decreto de “asistencia militar” en el Valle por no tener fecha límite de ejecución y sugiere la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.