Juicio Oral contra militantes populares: “No nos van a encontrar aislados sino en unidad”

Por Vivian Palmbaum* / @vivi_pal

El próximo 19 de abril, el Tribunal Oral Federal Nº 6,  fijó la nueva fecha para el juicio oral contra los militantes sociales Lito Borello, Luis D´Elia y Luis Bordón, acusados por la “Toma de la comisaría 24” ocurrido en junio de 2004, como reacción popular frente al asesinato del luchador Martín “Oso” Cisneros.

Una causa que amenaza en  convertirse en aleccionadora contra los movimientos de protesta social y que ha suscitado la rápida autoconvocatoria de un amplio espectro de organizaciones a acompañar con una Jornada Contra la Criminalización de la Protesta Social que se llevará adelante frente a las puertas de los Tribunales de Comodoro Py, el día fijado para la audiencia.

Judiciales

La audiencia original del juicio oral había sido fijada para el pasado 21 de marzo y pocas horas antes de concretarse se pospuso por un tecnicismo legal, a raíz de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal, si bien en lo sustancial no parece haber modificaciones. Lito Borello, junto a Luis D´Elia y Luis Bordón están acusados por la “toma de la comisaría 24”, en junio de 2004, en una causa caratulada: “daño agravado por tratarse de bienes de uso público, en concurso ideal con atentado a la autoridad, daño simple en concurso con privación ilegítima de la libertad coactiva, amenazas con el objeto de obtener la concesión por parte de los poderes públicos”. La sorpresa es que un hecho ocurrido en el año 2004, es decir a casi 13 años después, aún no haya prescripto.

El Código Penal en su Artículo 62 dice: “La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; 2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años”.

Desde la defensa afirman que esta carátula no permitiría la prescripción de la causa. Es decir que  el supuesto hecho cometido se vuelve inextinguible por el paso del tiempo. Mientras el asesino del Oso Cisneros está en libertad por haber cumplido las tres cuartas partes de su condena,  sus compañeros, que se movilizaron para que el hecho no quedara impune,  aún se hallan afectados por  una causa que se perpetúa en el tiempo.

Organización y criminalización de la protesta

En un comunicado la Organización Social y Política Los Pibes llama la atención sobre un conjunto de situaciones que se expresan en esta acción judicial. Por una parte destacan que “luego de un mes de marzo en el que el pueblo argentino inundó las calles de resistencia y lucha en todos los rincones del país, contra el modelo de ajuste, hambre, muerte y represión del gobierno macrista, vuelven a insistir con la mentira en una nueva acción de violencia y criminalización contra los que se organizan y luchan por la justicia social”. Tras la acusación se oculta una mentira organizada, porque no fue la toma de una comisaria, fue el asesinato de un compañero.

El hecho ocurrido fue consecuencia del asesinato de Martín “Oso” Cisneros, destacado y reconocido luchador y militante, entre sus compañeros y demás organizaciones. Su asesinato solo pudo ser esclarecido por la presión popular, que avanzó  con una pueblada sobre la comisaria 24, después de lo cual el asesino Juan Carlos Duarte fue detenido y luego juzgado.  Vale recordar que este asesinato se produce al cumplirse dos años del asesinato a manos de las fuerzas de seguridad de los luchadores sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cuando se movilizaban junto al Movimiento de Trabajadores Desocupados, lo que hace pensar poco en las casualidades.

Este juicio oral que se lleva adelante contra los militantes populares al mismo tiempo encubre la causa que motivó la acción que se juzga: el asesinato de un compañero a manos de un sicario conocido y cuidado por la comisaria. Esto sucede justito en este momento cuando las protestas sociales se van incrementando al ritmo que los derechos de los sectores populares son vulnerados, las fuerzas de seguridad avanzan silenciosamente sobre los habitantes de los barrios populares y en los medios de difusión se alienta la deslegitimación y criminalización del derecho a la protesta fomentando el enfrentamiento entre trabajadores, trabajadoras y sectores populares, donde se benefician los sectores dominantes que pugnan por mayores tasas de ganancia, mientras el derecho a una vida digna para los sectores populares pierde valor.

Algunos referentes de organizaciones de la economía popular se expresaron en FM Riachuelo,  respecto del próximo juicio oral, coincidiendo sobre la unidad del movimiento popular y el respaldo a una situación que favorece la criminalización de la protesta social. Cristóbal Cervera,  referente del Frente Popular Darío Santillán,  habló de la maquinaria de la legalidad con la que nos enfrenta el poder a las organizaciones en lucha. Al tiempo que expresó “Su solidaridad y repudió la causa a los compañeros, una causa nefasta cuya argumentación es insostenible por la situación en la que se produce”. El secretario general de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro afirmó: “Le pegan al movimiento popular, no es personal. Todos hemos vivido situaciones límites, la hermandad y la solidaridad es la que nos permitió salir, la lucha que estamos librando es contra las estructuras del poder, contra los monopolios, la lucha es esa batalla de ideas, hay que movilizarse y hay que seguir planteándole a la sociedad en términos generales lo que nos está pasando y porque la estrategia de represión es una estrategia del gobierno. El juicio nos agarra en un proceso de unidad a los movimientos populares. El poder siempre tiene una estrategia de aislar para pegarnos, y la advertencia es que no nos van a encontrar aislados sino en unidad”.

Consultado Lito Borello afirmó que “La situación siento que no es personal, tiene que ver con que hoy las agresiones a Baradel, la cárcel de Milagros Sala, la represión a los docentes, la muerte de los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad: Iki y Cesar, el asesinato de la propia Micaela, por lo que representaba como luchadora, nuestros jóvenes y el Ningún Pibe Nace Chorro, una consigna que se reivindica porque golpean a nuestros jóvenes, son ejemplos. El juicio está encuadrado en la desesperada búsqueda del poder y del gobierno nacional de tratar de frenar la rebeldía natural que tienen nuestros pueblos que no podrá ser sojuzgada”. También agradeció “A la innumerable cantidad de organizaciones que aún con distintos matices se han solidarizado, porque entienden que es un juicio a nuestro pueblo que tiene la actitud de que aún en un momento difícil sale a luchar”. Al finalizar pidió que las organizaciones de base y organizaciones compañeras lo ayuden a estar a la altura de las circunstancias. Esta es una de las tantas batallas que libra el pueblo de manera más anónima y silenciosa, todos los días.

Desde la O.S.y P. Los Pibes concluyen reivindicando el ejemplo de vida y de lucha de nuestro compañero Martín “Oso” Cisneros, apelando a la solidaridad de todo el campo popular y convocando a una jornada de movilización y lucha contra la criminalización de la protesta: “Si Tocan a Uno Nos Tocan a Todos”,  el miércoles 19 de abril a las 8:30 en Comodoro Py 2002, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*Militante Organización Social y Política Los Pibes