Keiko Fujimori: ¿un retroceso para las mujeres del Perú?

Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros – @_parodicamila @laurasalome

Keiko Fujimori es firme candidata a ser la primera presidenta electa del Perú. Hija del dictador Alberto Fujimori obtuvo el primer lugar en las elecciones peruanas el pasado domingo e irá a balotaje contra Pablo Kuczynski. Su triunfo consolidaría una política conservadora para el pueblo y significaría un contexto adverso para los derechos de las mujeres y las personas del colectivo lgtbi.

El 5 junio se llevará a cabo el balotaje o “segunda vuelta” tras el resultado de las elecciones presidenciales que se dieron el pasado domingo en Perú. Si bien la posibilidad de que una mujer asuma por primera vez el poder ejecutivo de ese país continúa abierta, las chances de que su plataforma contenga las demandas y reivindicaciones de derechos de las mujeres y las personas del colectivo lgtbi son nulas ya que la ganadora podría ser Keiko Fujimori.

Desde la mirada de los medios hegemónicos de comunicación, a lo largo de la campaña electoral la candidata Keiko Fujimori apareció como la única posibilidad “de cambio” para la actual situación socio económica del país; sin embargo, es de público conocimiento el rol que tuvo el voto anti fujimorista (campesino, de izquierda y con las mujeres al frente) en las elecciones ya que ha sabido manifestarse y comunicar su rechazo a la candidata a través de marchas convocadas y difundidas desde las redes sociales.

Para tener un panorama más cercano dialogamos con Paloma Duarte, comunicadora de la Junta, quien desde Lima, Perú, sostuvo que “a nivel nacional hemos visto como el voto campesino que es como siempre un voto anti sistema acompañó a la izquierda nuevamente a pesar que hace cinco años un presidente como Ollanta Humala prometiera lo mismo traicionando la esperanza del pueblo peruano”.

Las campesinas, las mujeres feministas y la izquierda

Para Paloma Duarte las elecciones son un momento importante para la izquierda y las mujeres organizadas del Perú ya que “el anti fujimorismo es muy grande y la memoria es una construcción diaria y cotidiana” como así también corporal, por eso, si bien el panorama es desalentador, en los últimos meses “más de 60 mil personas salieron a las calles diciéndole ´No a Keiko´ por lo que la derecha tiene miedo”.

Con “el 88% de las mesas escrutadas”, “la candidata Keiko Fujimori lleva la delantera de 4 millones de votos mientras que el segundo puesto sigue siendo disputado por Pablo Kuczynski y Verónika Mendoza”, explicaba Paloma Duarte luego de haber atravesado “un lunes complicado” según sus palabras, sin embargo advirtió rápidamente, “seguimos en marcha y en la lucha”.

El Perú “tendrá que disputar la segunda vuelta entre un candidato de origen norteamericano y la candidata japonesa, hija del ex dictador Fujimori”, sostuvo Duarte. Entre Keiko Fujimori y Pedro  Kuczynski estará el próximo presidente, aunque la campaña de Verónika Mendoza introdujo un factor sorpresa para la política peruana. De repente “encontramos que el escenario ideal que tenían aquí las compañeras era disputarle no sólo la primera vuelta a Keiko Fujimori sino tener nuestra primera presidenta mujer y que ésta represente la izquierda como es Verónika Mendoza”.

Quedó cerca pero no lo logró. Mendoza es defensora de los derechos de las mujeres y de la tierra y las naciones originarias. Impulsora del debate en el Congreso de la ley de despenalización del aborto para casos de violación y denunciante las petroleras responsables del deterioro del ambiente tras los derrames ocasionados en la Amazonía.

Para Duarte “la izquierda se ve fortalecida, ya que ha logrado la obtención de 22 congresistas que van a disputarle al fujimorismo su mayoría ya que este ha sacado la suficiente cantidad de congresistas para tener la mayoría simple en el Congreso”.

Y en esa línea atina “de los cuatro candidatos que van a ingresar por Lima al Congreso, una de ellas es Marisa Glave y estamos a la espera de que los votos la favorezcan ya que se trata de una abogada feminista y pieza de relevancia para nuestra sociedad, al ser una de las defensoras de varias de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Fujimori. Marisa además, es promotora de Alfombra Roja, una acción pública que recuerda justamente a las mujeres esterilizadas en acciones feministas específicas de ese tema pero también toman otros temas como el derecho a decidir. Por eso estamos a la espera de que sea favorecida con el conteo de forma tal que sea la voz de las mujeres del Perú”.

La violencia contra la comunidad lgtbi

Perú no cuenta con leyes ni contra la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género ni a favor de la ampliación de derechos como podría ser el ´matrimonio igualitario´. Tampoco están tipificados en el Código Penal los crímenes de odio a pesar de que hubo iniciativas parlamentarias para cambiar esa realidad y que organizaciones feministas y de diversidad y disidencia sexual activan constantemente en las calles en exigencia a sus demandas.

Son preocupantes además los índices de violencia sexual contra gays y lesbianas. Y es más preocupante aun pensar en que políticas se llevarán adelante de parte del próximo gobierno, bien de derecha autoritaria bien de derecha neoliberal.

El cuerpo tiene memoria y ni olvida ni perdona

El triunfo de Keiko Fujimori no sólo podría significar un atraso en tanto continuidad de las políticas neoliberales que decretó su padre durante los ´90 contra el pueblo del Perú y un bastión más para la derecha conservadora sino que además podría significar la legitimación de un Estado sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por ese gobierno sobre los cuerpos de las mujeres nuestroamericanas y la invisibilización de una de sus luchas más potentes: la que reclama justicia y reparación por las esterilizaciones forzadas.

La Defensoría del Pueblo de Perú registró (en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), 2.074 denuncias y 44 muertes de mujeres campesinas por consecuencias de la (mal) llamada “anticoncepción quirúrgica voluntaria”, aplicada por el Estado entre 1990 y 2000, período presidencial de Alberto Fujimori, un plan del terror en democracia presentado por el mismo ex presidente en 1995 en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín y que fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Según un informe de este organismo, publicado en 2002, se realizaron al menos 272.028 esterilizaciones forzadas. Las víctimas de esta violencia institucional son mujeres indígenas y campesinas de localidades empobrecidas de las zonas rurales del país, quienes fueron engañadas, amenazadas y coaccionadas, siendo intervenidas sin su consentimiento, violando sus derechos sexuales y reproductivos sin ninguna condición de salubridad.

Lamentablemente, el poder judicial, racista y heteropatriarcal por definición, archivó en enero de 2014 y de forma definitiva la causa en la que se pretendió condenar al ex presidente Fujimori y a los ministros y viceministros de la cartera de Salud de ese país, a pesar de los testimonios de las mujeres campesinas e indígenas que confirmaban sus directas responsabilidades. La fiscalía de la Nación precisó que “comprobó que hubo violación de los Derechos Humanos”, pero que “no se incurrió en crimen de lesa humanidad”.