Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata protagonizan una dura disputa contra las autoridades académicas por la existencia de cupos que restringen la cursada. Luego de meses de lucha, el Decano retrocede.
Desde principio de año los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata están desarrollando una intensa lucha contra las restricciones que intenta imponer la gestión de dicha institución. Arguyendo la supuesta falta de presupuesto, el decano Jorge Martínez intentó sortear cupos para ingresar a la Práctica Final Obligatoria (PFO) que los alumnos de dicha entidad deben realizar para recibirse. 91 estudiantes estuvieron a punto de quedarse sin la posibilidad de ingresar al último año de la carrera y se vieron forzados a llevar el conflicto a la justicia. Gracias a medidas cautelares, 17 de ellos ya están realizando sus prácticas. Luego de varios días de reclamos y movilizaciones estudiantiles, los 74 restantes serían adjudicados el próximo miércoles.
La gestión de la Facultad de Ciencias Médicas representa a los sectores más retrógrados de la UNLP. Encabezada por el decano Martínez y la agrupación Hoja de Roble -que hace más de 20 años se mantiene en el gobierno-, se caracteriza por la adecuación de los planes de estudio a los acuerdos que mantiene con las grandes corporaciones que manejan el negocio de la medicina en el país. Un pantallazo de su ubicación ideológica puede extraerse de sus recientes declaraciones radiales: “una universidad es ‘meritocracia’: esfuerzo y mérito”. Es así como, demostrando una gran coherencia entre un discurso y una práctica de derecha, mantiene un ingreso restrictivo y eliminatorio que deja año tras año al 80% de los aspirantes sin la posibilidad de ingresar a una universidad pública.
El conflicto por la PFO se remonta al año 2010, cuando un Consejo Directivo que se llevó adelante sin convocar al claustro estudiantil, aprobó la resolución 561. Esta resolución establece que los alumnos podrán ingresar a la PFO una vez aprobadas todas las materias. En aquella oportunidad los estudiantes mantuvieron tomada la facultad por 20 días en repudio a la decisión antidemocrática y autoritaria de atrasar su progreso en la carrera.
En septiembre de 2012 el Consejo Superior de la UNLP dictaminó la disposición 300, que establece la nulidad de la medida tomada dos años antes por la Facultad para los estudiantes que ingresaron antes del 2010. Sin embargo, el decano Martínez avanzó con los cupos haciendo caso omiso a lo establecido por el máximo órgano de cogobierno de la Universidad.
El conflicto ingresó a la justicia con las presentaciones judiciales realizadas por los alumnos afectados. Allí, Martínez recibió un segundo revés a partir del fallo favorable a los intereses estudiantiles. Es así como, medidas cautelares de por medio, 17 estudiantes comenzaron a realizar sus prácticas. El decano de la Facultad sostuvo su medida con firmeza, escudándose detrás de una supuesta falta de cupos en los hospitales provinciales, argumento que fue desmentido luego por el propio Ministro de Salud de la Provincia, Alejandro Collia.
La reacción estudiantil no se hizo esperar. El 9 de mayo más de mil estudiantes de Medicina en conjunto con la Federación Universitaria de la Plata y varios Centros de Estudiantes fueron a pedir la intervención del Rectorado en el conflicto. De esta forma se llegó a un Consejo Superior Extraordinario realizado el pasado martes 21 de mayo que, en el marco de una gran movilización estudiantil, aprobó un dictamen que le da el plazo de 5 días hábiles al decano para adjudicar las 74 plazas que restan. Jorge Martínez decidió finalmente acatar la resolución del Consejo Superior y llamó a un acto de adjudicación para el miércoles próximo, siendo la primera vez en 20 años que la gestión de Hoja de Roble en la Facultad de Ciencias Médicas debe retroceder en sus resoluciones.
El conflicto dio lugar a un importante proceso de organización y movilización de los estudiantes y desató una polémica entre decanos de diversas facultades. En una nota de opinión publicada por el diario El Día de La Plata, Jorge Martínez esgrimió que la resolución del Consejo Superior “puso de manifiesto su ceguera académica y su interés político”. La respuesta estuvo a cargo de los decanos Aníbal Viguera y Hernán Gómez, de las facultades de Humanidades y de Ciencias Jurídicas respectivamente. El primero estableció que se trató de una resolución “a favor de una universidad pública de alto nivel académico y cada vez más inclusiva”. Por su parte, Gómez calificó como “desafortunada” la opinión de Martínez y denunció que “Medicina cambió las reglas del juego en medio del partido sin justificación”.
La LES, en el fondo del debate
La Ley de Educación Superior (LES) representa el marco legal que permite la implementación de estas restricciones en la Universidad Pública. Aprobada en 1995 y hecha a medida del neoliberalismo, la aplicación de esta ley se profundizó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Entre sus puntos más polémicos, el artículo 50 de la LES establece que “en las universidades con más de cincuenta mil (50.000) estudiantes, el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido a nivel de cada facultad o unidad académica equivalente”. Esto le brinda la posibilidad a la gestión de la Facultad de Medicina de sostener el ingreso eliminatorio.
Por otro lado, en una carta presentada la semana pasada a las comisiones de Enseñanza y de Reglamento del Consejo Superior, Martínez argumentó que los cambios impuestos a la PFO se correspondían con la necesidad de acreditar la carrera a la CONEAU. Este es un organismo de evaluación externa creado por la LES donde la representación de las universidades públicas es minoritaria y equivalente a la de las instituciones privadas.
El movimiento estudiantil se opuso desde el primer momento a la creación de la Ley y ha protagonizado históricamente las luchas por su derogación. En un comunicado recientemente emitido por la Federación Universitaria de La Plata, la identifican como el problema de fondo en el conflicto por la PFO y plantean la necesidad de abocar todos sus esfuerzos en “derrocar la LES para construir una universidad realmente pública, de calidad y al beneficio de los sectores populares”.