Por Jimena Navatta y Jonatan Emanuel Baldiviezo. La discusión sobre el presupuesto de vivienda para el 2014 en la Ciudad abre un plano de fondo: una política habitacional definitiva, o salidas de emergencia que generan más precariedad.
Como todos los años, entre los meses de noviembre y diciembre se discute el presupuesto de la Ciudad en la Legislatura Porteña. Desde el primer presupuesto aprobado para la gestión de Macri, sancionado para el año 2008, nos encontramos con la triste realidad de los permanentes recortes a las áreas sociales y, en particular, al área de vivienda.
Mientras que para ese año se destinaba el 3.8% del presupuesto total de la Ciudad a la función vivienda, en el proyecto de presupuesto 2014 se destina sólo el 2.1%. ¿Cómo se explica que el presupuesto de la Ciudad pasó de $13.083.591.570 en el inicio de la gestión a $59.501.674.240 en este proyecto? Porque aumentó la recaudación como consecuencia del aumento de los impuestos, entre ellos, el ABL, y por la inflación. Pero ese aumento de recaudación no se ve reflejado en las áreas sociales.
Para el presupuesto 2014 se prevé una asignación inferior en términos nominales y, por supuesto, reales al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que por ley atiende la problemática habitacional de los sectores más vulnerados. Pasó de $913.816.070 sancionado en el 2013 a $692.726.900 previstos en este proyecto. El IVC sufre un recorte de 26.5% en términos reales en comparación con el año en curso. Como contrapartida, organismos que atienden la emergencia habitacional, como la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), aumentan 10% sus partidas para el próximo año en términos reales. La conclusión a la que podemos arribar es que el Ejecutivo local direcciona sus recursos a la atención de la emergencia en vez de brindar soluciones habitacionales definitivas.
Me verás votar una Ciudad para pocos
Esta situación se ve reflejada aún más en la política habitacional para las villas de la Ciudad. Existen normativas específicas de atención prioritaria para las villas, como la Ley 148, la 403 (para la villa 1-11-14), la 1333 (para Ramón Carrillo), la 1770 (para la villa 20), la 1868 (para la villa 21-24) y la 3343 (para la villa 31 y 31 bis), entre otras, que no contemplan partidas presupuestarias para llevar adelante proyectos de urbanización. Muchos otros proyectos que han sido presentados en la Legislatura sobre barrios específicos (como el de Los Pinos, el Playón de Chacarita, la Carbonilla, y Rodrigo Bueno) ni siquiera se han puesto en tratamiento en la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Esto refleja la falta de voluntad política del gobierno local de llevar adelante una política activa de urbanización de villas.
Pero otro de los problemas relacionados con el presupuesto son las permanentes sub ejecuciones de los organismos destinados a vivienda y de algunos programas en particular, como el destinado a villas del IVC o a cooperativas de vivienda. Durante la gestión macrista, el año con mayor ejecución del IVC fue el 2008, 92.6%, pero luego en el 2009 se ejecutó solo el 60.5%, en el 2010 el 45.8%, en el 2011 el 68% y en el 2012 el 78.6%. Como puede observarse, sumado a que los montos destinados a vivienda son magros, lo poco que tienen se sub ejecuta. Esto lesiona permanentemente los derechos de las familias más vulnerables de la ciudad, que dependen exclusivamente de la solución habitacional que pueda brindárseles desde el IVC.
Estas subejecuciones y también la disminución del monto de las de partidas presupuestarias de las áreas sociales están permitidas por una autorización inconstitucional que viene realizando la Legislatura cada vez que sanciona la Ley General del Presupuesto estos últimos años. La Legislatura delega sus funciones al Ejecutivo y le otorga “superpoderes”. Autoriza al Jefe de Gobierno a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, a disponer compensaciones entre las distintas partidas de gastos dentro de las Comunas, a modificar la distribución funcional del gasto en tanto no supere el 5% del total del presupuesto. Es decir, llanamente el Ejecutivo tiene el poder de desdecir lo que la Legislatura establece en el presupuesto y modificar las partidas que considere. Esto en la ejecución del presupuesto, el macrismo lo ha traducido en la reasignación del crédito presupuesto de las áreas sociales (vivienda, salud, educación) disminuyendo el monto de sus partidas y destinándolas a otros fines menos prioritarios y estrechamente relacionados a negocios con la obra pública y el marketing político.
La Constitución de la Ciudad prohíbe a la Legislatura delegar sus facultades y es ésta la que debe sancionar y delinear anualmente el Presupuesto de Gastos y Recursos, no el Ejecutivo. Además estos “superpoderes” derogan parte de la ley N° 70 y la Constitución prohíbe que por medio de la ley de presupuesto se pueda modificar otras leyes. Este proyecto tampoco cumple con la ley de Comunas, ya que el presupuesto debe otorgar a cada Comuna la competencia de ejecutar su propio presupuesto al reconocerles la categoría de Jurisdicción. Al contrario, se sostiene que las Comunas son simple programas dentro del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, es este el que decide sobre el presupuesto comunal.
Por último, la elaboración del proyecto de la ley de presupuesto debe ser participativo. Al contrario actualmente es decidido unilateralmente por el Ejecutivo.
La ley de Presupuesto es la ley de leyes, la ley más importante de la gestión de un Gobierno. En los últimos años la discusión democrática en torno al presupuesto ha sido desvirtuada y se ha estructurado su diseño y ejecución en torno a la cabeza del Ejecutivo soslayando que nuestra Ciudad se organiza bajo la forma de Democracia Participativa y que otorga prioridad presupuestaria a las áreas sociales.