La comunidad senegalesa en la Argentina: entre la persecución policial y el acompañamiento de organizaciones sociales

En la tercera nota del especial sobre violencia institucional, nos detenemos en el devenir de la comunidad senegalesa en el país. A pesar de la persecución de fuerzas de seguridad, medios y justicia; colectivos y organizaciones sociales acompañan la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Por Ignacio Marchini | Fotos de Julieta Bugacoff

Es 10 de junio y el ambiente está caldeado en el centro de la ciudad de La Plata. Ya van casi tres meses desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la necesidad del mango para pagar el alquiler y poder comer obliga a volver a tirar la manta. La policía y los agentes municipales no entienden lo que el muchacho intenta decirles. Aunque supieran hablar wólof, la lengua nativa del senegalés que trata de que no le secuestren la mercadería, probablemente el resultado sería el mismo. Lo tiran al suelo y lo agarran del cuello. El aire no le alcanza, pero un resto de humanidad (o de pereza) que le queda al policía que lo ahorca hace que la situación no desemboque en una tragedia, y lo mete en un patrullero.

Mbaqué Ndao, así se llama el muchacho, pasó toda la noche en la cocina de la comisaría. Al otro día lo llamaron a declarar a la fiscalía. Un amigo que maneja bien el español sirvió de traductor; en el edificio judicial no había nadie que le pudiera explicar de qué se lo acusaba y cuáles eran sus derechos. El relato fue breve, conciso. “Pensé que me iba a morir, como George Floyd”, el hombre negro de 46 años cuya imagen agónica de un policía blanco que le cortó la respiración con la rodilla en el cuello hasta la matarlo, en Estados Unidos, se había viralizado hacía poco más de dos semanas.

La comparación no es casual. Mbaqué Ndao también es negro, como los cerca de 230 senegaleses y senegalesas que viven y trabajan vendiendo mercadería en las calles de La Plata. Tampoco es casual que el acusado sea él, con el conocido latiguillo de “resistencia a la autoridad”, un “delito” tan habitual como incomprobable que se volvió el recurso persecutorio favorito durante los últimos años.

Pero Mbaqué Ndao no está solo. Además de su familia, hay un colectivo de abogados y abogadas populares que lo representan, que lo asisten para atravesar el largo y engorroso proceso judicial que le espera y que terminará, probablemente, en un sobreseimiento, como casi todas las causas de resistencia a la autoridad. Ese colectivo se llama La Ciega y hace años que decidieron que el derecho legal podía ser otra cosa: una herramienta al servicio del pueblo.

Los primeros pasos

La Ciega surgió en 2007 en la ciudad de La Plata, a partir de un grupo que se había graduado de la Facultad de Derecho y a quienes no les cerraba el discurso dominante. Marcha dialogó con uno de sus integrantes, Damián Brumer, que explicó cómo surgió la decisión de organizarse como colectivo: “A partir de la necesidad de darle cuerpo a una serie de debates e iniciativas que se habían dado en la facultad cuando éramos estudiantes, organizados y organizadas en el MIU (Movimiento Independiente Universitario), decidimos que era necesario plantear y pensar el derecho desde una perspectiva enfocada en las realidades y problemáticas de los sectores populares, además de discutir el discurso hegemónico dentro de esa facultad”.

Al poco tiempo, a la propuesta le quedaron chicos los claustros de la universidad y ahí fue cuando, ya con varios graduados y graduadas, decidieron conformarse como La Ciega, que años después tendría su correlato en la ciudad de Buenos Aires. Desde el principio, la idea fue articular con los y las defensoras de derechos desde los territorios, quienes conocen y viven en carne propia la injusticia y se articulan contra ella. “Los primeros años estuvieron muy enfocados en desarrollar talleres de alfabetización jurídica en barrios populares de la provincia de Buenos Aires, siempre de la mano de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de género, sindicales”, explicó Damián.

No son pocas las personas que entienden que el Derecho, el entramado legal y jurídico que sostiene a los Estados modernos, es un factor fundamental en el sistema desigual y opresivo que mueve los engranajes de nuestras sociedades. Un sistema de leyes y jueces cuyo objetivo último es perpetuar una sociedad dividida en clases, donde unos pocos se quedan con todo a costas del dolor imponderable de una mayoría sacrificada. Una Justicia que siempre inclina la balanza a favor del propietario, del empresario, del policía, del político.

Foto de Colectivo de Abogadxs Populares

El contacto con la comunidad senegalesa

“Nuestro vínculo con la comunidad senegalesa es bastante más nuevo”, aclara el abogado popular. “Comenzamos a relacionarnos con ellos y ellas en 2018, en La Plata. En aquel momento, a mitad de año, se dio una situación de violencia; lamentablemente, una de las tantas que sufrieron y siguen sufriendo por parte de Control Ciudadano y la policía bonaerense. Fue en el centro de la ciudad, en 7 y 49, uno de los tantos operativos de la Municipalidad, en el que se llevaron detenido a uno de los muchachos senegaleses y a un trabajador no docente del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata que se había acercado a solidarizarse. Ambos terminaron con una causa penal”.

A partir de ese hecho, la Coordinadora Migrante de la Facultad de Trabajo Social impulsó una asamblea a la que invitaron a distintos actores y movimientos sociales para pensar de qué forma se podía aportar a resolver algunas de las problemáticas más importantes que estaba atravesando la comunidad senegalesa. Una de esas organizaciones fue La Ciega.

A partir de ese momento, comenzaron a forjar un vínculo estrecho con la comunidad. Así lo detalla Brumer: “En tanto colectivo de abogados y abogadas, obviamente nuestra principal acción es representarlos judicialmente en muchas causas penales que termina impulsando la policía y donde hay una serie de delitos clichés como el de ‘daños’, ‘lesiones’ o ‘resistencia a la autoridad’. Este último es el que le suelen imputar a los senegaleses, con un operativo violento previo. Estas causas terminan archivándose casi siempre, porque no pueden probar que el delito haya existido”.

Lo primero que hizo La Ciega estuvo vinculado al diseño y la difusión de un protocolo contra las detenciones arbitrarias, editado tanto en español como en el idioma wólof, el más hablado en la República de Senegal. Pronto se dieron cuenta de que su difusión no era suficiente y ahí fue cuando comenzaron a organizar talleres. “Una vez por mes llevamos adelante talleres de derecho básico en reuniones amplias, donde participaron muchos y muchas senegalesas. Siempre los realizábamos a las once de la noche de un día de semana, porque trabajaban todo el día y después rezaban, porque la mayoría son musulmanes. Lo hacíamos con traducción en simultáneo porque pocos hablan bien en español. Socializábamos el protocolo, hablamos del significado de los derechos humanos, las problemáticas raciales, las detenciones arbitrarias y sobre cualquier duda que tuvieran”, explica el abogado.

Migrar no es delito, trabajar es un derecho

Los operativos y detenciones violentas no sólo afectan la integridad física y psicológica de los y las senegalesas. La manera en que algunos medios de comunicación y ciertos políticos manoduristas abordan la migración y la venta ambulante genera un caldo de cultivo muy importante en el imaginario social de la Ciudad, que sirve para legitimar ese accionar violento contra ellos y ellas. La construcción mediática del enemigo siempre es un factor preponderante cuando se aborda un problema social priorizando la propiedad privada y la llamada “seguridad”, dejando de lado la posibilidad de un abordaje más humanitario.

Un claro ejemplo de lo que dice Brumer se puede encontrar en un editorial del 24 de agosto del diario El Día, uno de los más importantes de La Plata. La nota, además de ser un manual de lugares comunes del neoliberalismo, plantea muy cínicamente que la discriminada por Control Ciudadano no es la comunidad senegalesa, sino los pequeños y medianos comerciantes, víctimas de la “competencia desleal” de los manteros, garantizada por el Estado. Por si quedara alguna duda de que lo que pide el editorial, solapadamente, es mano dura, concluye con una exhortación a las autoridades a que resuelvan otro problema acuciante para la sociedad civil: las “usurpaciones” de terrenos por parte de “los intrusos” que buscan quedarse con “el negocio de la venta de lotes por los que no se pagó nada”.

Otro estigma que pesa sobre la comunidad tiene que ver con que son “inmigrantes ilegales”. Para Brumer, esto es falso: “En La Plata no hay ningún senegalés o senegalesa de forma ilegal. Sí es cierto que solo algunos tienen DNI argentino; la mayoría tiene o documento extranjero o la residencia en trámite y otros en trámite el refugio, pero todos y todas están de forma regular en la Argentina. A la mayoría le gustaría poder tener documentos argentinos, pero hay algunos problemas de los cuales el Estado no se viene haciendo cargo, cuando tiene la obligación por ley de facilitarles la posibilidad de regularizar su situación a todas las y los migrantes”.

La ley a la que hace referencia Damián es la de Migraciones (Ley 25.871), sancionada a finales de 2003, que remplazó la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, sancionada por la dictadura militar en 1981 (Ley 22.439) y sostenida por los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa.

El proyecto neoliberal desarrollado entre 1976 y 2001 destruyó el tejido social y económico del país, además de miles de vidas, tanto de las víctimas del terrorismo de Estado como de quienes lo sobrevivieron. Como explica en un artículo de Susana Novick, investigadora del CONICET especializada en el tema, la ley de migraciones de la dictadura estaba “cimentada en la entonces dominante Doctrina de la Seguridad Nacional, y reiterando una norma aprobada durante la época de Onganía (Ley 17.294), prohibía expresamente a todo extranjero indocumentado desarrollar actividades remuneradas, obstaculizando asimismo el acceso a servicios de salud y de educación medios y superiores. La norma fue reforzada en su legitimidad a través de la aprobación de dos reglamentos de Migraciones: el primero elaborado por Alfonsín en 1987; y el segundo por Menem en 1994”.

Con el fin del ciclo neoliberal, y posterior a la crisis económica y social de 2001 y 2002 que hizo tambalear a la casta política, la autora explica que “se logró a fines del año 2003 la aprobación de la nueva ley (Ley 25.871) gracias a la confluencia de una serie de circunstancias: una firme inquietud en la clase política por derogar la ley militar; la existencia de un proyecto consensuado por los diputados de todos los partidos políticos; la llegada de un nuevo gobierno en mayo de 2003 –con la consiguiente renovación de autoridades a nivel nacional, entre ellas un nuevo Director Nacional de Migraciones–; y, lo más importante, la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de impulsar el Mercosur”.

Esta ley, que trocaba conceptualmente el paradigma de la “seguridad nacional” por el de el “derecho humano a migrar”, y beneficiaba sobre todo a las personas provenientes de países del Mercosur, fue desmembrada por el Decreto N°70/2017 de Mauricio Macri que modificó la Ley de Migraciones, en el marco de la nueva avanzada neoliberal de los últimos años en Latinoamérica y el resto del mundo. Según explica Novick, usando como excusa una supuesta emergencia en seguridad, “la modificación –aprobada el 30 de enero de 2017– representó una clara regresión en relación con los derechos de los migrantes, desfavoreció su integración social, incrementó el poder de policía y la arbitrariedad a la que fueron sometidos, y tornó más vulnerables sus condiciones de vida”.

La persecución de los y las migrantes es un viejo recurso que se amplifica ante las grandes crisis económicas y sociales. La competencia desleal, el desempleo, la caída de los salarios y hasta el terrorismo pasan a ser “culpa de los inmigrantes”, y se desvía, así, el foco de atención de las políticas públicas y las decisiones políticas que llevaron a la calamitosa situación económica que hoy atravesamos.

                                                 

La negritud invisibilizada

En el caso de la comunidad senegalesa en particular, aquí se encuentran con el agravante de una negritud invisibilizada históricamente, que genera un extrañamiento y una desconfianza aún mayor. Según el integrante de La Ciega, “no es el único país al que migran, también van a Europa, al resto de América del Sur, a Estados Unidos. Argentina es uno de los países más racistas. En Europa, las políticas migratorias son muchas veces más duras, pero en el cotidiano están acostumbrados a coexistir con negros, cosa que acá es mucho más raro. Es muy distinto un migrante africano que no solamente no habla el idioma, que no tiene algunos beneficios por no ser del Mercosur, que sufre una distancia muy grande, no solo de su familia, sino también de su cultura y su religión; sino que además no tienen ni siquiera consulado senegalés en la Argentina, así como tampoco hay un embajador argentino en Senegal”.

En el marco del aislamiento, y con el consecuente parate de la actividad económica, su principal ingreso se evaporó, además de que al no tener documento argentino (solo 30 de los cerca de 230 senegaleses y senegalesas de La Plata lo tienen), no pudieron acceder a ciertas políticas redistributivas del Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). A los pocos meses, debieron volver a salir a vender para poder comer y pagar el alquiler, más allá de que incluso debieron interrumpir el aporte económico a sus familias en Senegal.

Desde estas circunstancias, que son incluso anteriores a la pandemia, empezaron a hacerse nuevos operativos por parte del municipio y la policía de la provincia de Buenos Aires, que terminaron en nuevas detenciones, causas penales, actas contravencionales y secuestros de mercadería. Incluso, en varios medios se replicó que es posible que la Municipalidad haya presentado ante la Justicia Federal una denuncia para investigar una supuesta red de trata de personas que pareciera estar organizada en torno de la explotación de los y las senegalesas para la venta ambulante.

En respuesta a esta noticia, la Asociación Senegalesa de La Plata salió a aclarar en un comunicado que “la mayoría de nosotros somos vendedores ambulantes que vivimos en situación de vulnerabilidad, pero ni somos víctimas de trata, ni somos jefes de una organización criminal como se ha dicho. Y si así fuera, si efectivamente fuéramos víctimas de una red de trata, no se entiende por qué el Municipio responde profundizando todos los días operativos violentos y discriminatorios contra los manteros, persiguiendo con especial énfasis a los senegaleses”.

Esta persecución conjunta de la Municipalidad, los medios de comunicación y la policía derivan fácilmente en odio racial y violencia de parte de varios y varias transeúntes que les gritan barbaridades; ni hablar de los dueños de los locales. “Se creen impunes porque piensan que no entienden. Una cosa es no comprender el idioma; otra muy distinta es no comprender lo que te están diciendo”, graficó Brumer.

Son muchas las necesidades y los problemas que atraviesa la comunidad senegalesa, que sólo piden “que traten de entendernos y escucharnos”. A pesar de las persecuciones y del racismo que impera en la sociedad argentina, los medios de comunicación hegemónicos y el poder judicial; la comunidad, de la mano de organizaciones sociales y jurídicas que les apoyan y acompañan, trabaja para sostener a su familia y en busca de mejores condiciones de vida.