La constante xenofobia del Gobierno de Jujuy

La semana pasada, en la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales expulsó un contingente de 62 personas extranjeras, en un nuevo acto de discriminación contra personas provenientes de países limítrofes.

Por Vivian Palmbaum

El pasado 2 de abril, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, expulsó a 62 personas, en su mayoría turistas de nacionalidad extranjera, a las que subió a un micro y envió a Buenos Aires. Acciones que no son nuevas en la provincia desde que es gobernada por Cambiemos.

Morales, ya en febrero de 2019, en consonancia con las políticas anti migrantes de la gestión Cambiemos, impulsó en la provincia el cobro de servicios de salud a las personas de origen boliviano y fueron una constante sus dichos y políticas xenófobas contra personas de la comunidad boliviana.

Desde Marcha entrevistamos a la abogada Zulema Montero del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM) sobre la situación que debieron atravesar las 62 personas discriminadas.

¿Qué opinan desde el BTM sobre la expulsión de lxs 62 migrantes por decisión del gobierno de Jujuy?

Repudiamos la actitud del gobernador Morales quien, en forma totalmente arbitraria, ha expulsado a 62 migrantes de nacionalidad colombiana, peruana, venezolana y boliviana poniendo en riesgo la vida de los propios ciudadanos.  Es un acto de discriminación y xenofobia que no nos extraña, pues sacó una disposición para que los extranjeros paguen por la salud. Además, últimamente aplica restricciones de ingreso a los que viven en frontera.

Consideramos que no tiene derecho de tomar semejante decisión. Más bien como gobernador su deber es protegerlos y cautelar su salud y su integridad física, en cumplimiento además del decreto 297/2020 que establece el aislamiento social preventivo, que ha incumplido con esa actitud.

Desde el Bloque haremos seguimiento de la investigación que ha iniciado el Dr. Ercolini a los efectos que se esclarezca la situación y se establezcan las responsabilidades que ameritan porque sabemos que existe una autorización escrita que está firmada por Pablo Fernando Palomares que es el Secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la prov. de Jujuy.

Además, el Gobernador ha manifestado en varios medios de comunicación que mantuvo conversaciones con los embajadores tanto de Colombia como de Perú. Esta situación ha sido desmentida enfáticamente por el embajador Álvaro Pava Camelo, de Colombia, que dijo que en ningún momento sostuvo y autorizó para que estas personas puedan ser trasladadas desde Jujuy a Buenos Aires.

Cuarentena y después

La decisión del Ejecutivo provincial sorprende, ya que en la misma orden donde se dicta el traslado compulsivo, se expresa que estas personas han cumplido la cuarentena, por lo que es difícil atribuir el motivo al temor al contagio.

¿Qué intervención tuvieron los poderes Legislativo y Judicial de la provincia?

El Poder Legislativo intervino con la autorización. Además proveyeron el vehículo para el traslado y antes de esto ellos estaban muy enterados de esta situación, puesto que los ciudadanos extranjeros estuvieron en cuarentena. Extraoficialmente, tenemos conocimiento de varios maltratos y arbitrariedades que han recibido antes de ser trasladados para Buenos Aires.

El Poder Judicial también tuvo conocimiento porque tenemos la certeza de que presentaron un amparo el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), organismos de derechos humanos, para impedir que este bus salga para Buenos Aires. Lamentablemente este recurso fue declarado improcedente y actualmente se encuentra en apelación. Ni el Poder Judicial cuando tuvo en sus manos evitar este traslado lo hizo.

Con olor a dictadura

La situación reactualiza el proceder del tristemente célebre genocida Antonio Bussi, cuando primero en dictadura expulso de la provincia de Tucumán a mendigos e indigentes a los cerros catamarqueños y luego como gobernador electo en democracia subió a un micro a desocupados y trabajadores golondrina, para limpiar la imagen de la provincia, y los dejó en la provincia de Mendoza librados a su suerte.

Recordamos que el gobernador Gerardo Morales formó parte de la coalición Cambiemos, durante cuyo gobierno se promulgo el DNU 70/2017 que impulsaba la expulsión de extranjeros como política de Estado.

¿Cuál es la situación actual de las personas que fueron violentadas de esta manera?

Estos ciudadanos pasaron a disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se hallan alojados en dos hoteles en el barrio de San Cristóbal. Muchos de ellos están manifestando su angustia y desesperación por la falta de recursos económicos y desean retornar a sus países de origen. Muchos de ellos llegaron de turistas y otros están en condición de refugiados. Lo que pretendían era retornar a su país y la cuarentena se los impidió, pero ellos lo que quieren es retornar a sus países de origen.

Entre las personas que fueron trasladadas de manera compulsiva se encontraban personas solas y familias con niñes que estaban alojadas en La Quiaca, ciudad fronteriza, y San Salvador de Jujuy. Una parte de ellas eran refugiadas por razones políticas, con necesidad de protección internacional. Recordamos que Bolivia se halla atravesando una dictadura donde se persigue a opositores, disidentes y personas que puedan resultar sospechosas de no estar en acuerdo con el gobierno, con una gran cantidad de presos y presas políticas, tal como venimos reportando desde Marcha.

Los organismos intervinientes, el CELS, CAREF y ANDHES ((Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), expresaron en un comunicado que “esperamos que la Justicia analice esta situación que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad ambulatoria, así como una transgresión de todas las normas nacionales vigentes que preservan la salud pública en el contexto del COVID-19”.