La coyuntura en México y un denominador común: #FueElEstado

Por Fernando Munguía Galeana desde México

Acto 1

Desde el ataque armado y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre pasado, por parte de fuerzas policiales de la ciudad de Iguala -capital de dicho estado-, las movilizaciones irrumpieron en las calles de todo el país, convocando también a protestas en diversos países en demanda de justicia.

A pesar de las varias irregularidades en las “investigaciones” por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), ampliamente documentadas y denunciadas por científicos, académicos, defensorías nacionales e internacionales de derechos humanos (entre ellos el Equipo Argentino de Antropología Forense) y, desde luego, por los padres de los normalistas desaparecidos, esta dependencia federal fue capaz de descubrir lo que el entonces Procurador General –hoy removido de su antiguo cargo, que le fue entregado a una senadora sin experiencia pero allegada al grupo Televisa-, denominó la “verdad histórica”. Basado en la “evidencia” que pudieron recopilar, Murillo Karam afirmó que “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden”. Salvo el alcalde de Iguala, su esposa y algunos pocos policías locales, nada se dijo ni se ha hecho sobre la estructura política, policíaca y judicial que generó y propició la impunidad del crimen y del contexto en el que surgió.

Acto 2

A mediados de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la terna de candidatos que proponía para ocupar el cargo vacante de ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellos, resaltaba el nombre de Eduardo Medina Mora, quien se desempeñaba hasta entonces como embajador en EEUU, actividad en la cual fungió más como vocero en favor del gobierno que como vigilante de los intereses nacionales, por ejemplo para defender los derechos de los migrantes mexicanos.

Este último dato se suma a un largo historial de funciones y logros poco congruentes con el perfil de alguien que debería buscar la defensa de los derechos humanos y la impartición de justicia. Durante la primera década del siglo, Medina Mora dirigió algunas de las principales agencias de Inteligencia policíacas del país, vinculadas todas con actividades de represión hacia movilizaciones sociales o violación de derechos y garantías individuales.

Diversas organizaciones sociales y defensorías de DDHH rechazaron su posible designación por considerarlo responsable directo de hechos violatorios como la omisión en las investigaciones de represión en Atenco y Oaxaca en 2006; en la explosión que provocó la muerte de 60 mineros en Pasta de Conchos en 2006; el incendio en la guardería ABC en 2009 en la que murieron 49 niños; y también por su talante conservador al aponerse a la despenalización del aborto.

Además, se recordó el papel que jugó Medina Mora -cuando estuvo a cargo de la PGR- en la operación denominada “Rápido y Furioso” que propició el trasiego de armamento desde EEUU hacia México y que resultó dramáticamente decisivo en el fracaso de la política de seguridad emprendida durante el sangriento sexenio de Felipe Calderón. A pesar de las más de 50 mil firmas de ciudadanos que se oponían a su nombramiento, Media fue ratificado por el Congreso con 83 votos a favor para un cargo que ocupará por 15 años.

Acto 3

Carmen Aristegui y su equipo de periodistas vinculados a la Unidad de Investigaciones Especiales del grupo mediático MVS fueron despedidos el 15 de marzo, según argumentó la empresa, por hacer uso indebido de la marca MVS al haberse vinculado al portal MéxicoLeaks. El conflicto ha sido interpretado por amplios sectores de la población y por los periodistas agraviados como un acto de censura que busca acallar a uno de los espacios más críticos del poder gubernamental.

Investigaciones como la que se avocó a descubrir la red de prostitución mantenida con recursos públicos por parte del exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el DF y, desde luego, el tráfico de influencias entre la Presidencia de la República y el Grupo Higa, en la que destacan contratos millonarios a favor de dicha empresa para la construcción de obra pública y la venta preferencial de lujosas residencias fueron algunos de los reportajes difundidos por este equipo que sustentan la hipótesis de que detrás del despido arbitrario estuvo una orden directa proveniente desde el gobierno.

El conflicto, aun sin resolución jurídica, parece anunciar una coyuntura de protestas y movilizaciones en apoyo a Aristegui y su equipo pero, más importante aún, en defensa de la libertad de expresión y contra la censura que en general oprime al periodismo crítico e independiente y a sectores contestatarios en todo el país.

El denominador común

Estos tres actos ejemplifican la puesta en escena por parte de un gobierno que ha perdido todo margen de legitimidad y consenso, incluso aquel que construyeron artificial y mediaticamente, y de una implacable arremetida autoritaria contra la población movilizada y politizada.

En efecto, desde hace casi seis meses que en el campo político mexicano, sobre todo entre sectores populares agraviados y movilizados, se escucha una misma consigna que de alguna manera ha comenzado a funcionar como un articulador frente a los permanentes ataques emprendidos por parte del gobierno federal y los poderes fácticos mediáticos. Se trata de una denuncia que cumple la función de establecer una delimitación y diferenciación entre sectores políticos y clases sociales, elemento indispensable para la configuración de una posible subjetivación antagonista todavía en construcción que permita visibilizar horizontes compartidos dentro del amplio espectro de las resistencias mexicanas: #FueElEstado.