La era de les Fernández. Pensar al Estado desde una perspectiva feminista y sexodisidente

Desde la conformación de un nuevo Ministerio hasta la recuperación de áreas claves, la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ya se diferencia de la anterior. Un análisis en materia de acceso a derechos, desarrollo social, economía, educación, salud y seguridad con la perspectiva de uno de los movimientos más dinámicos.

Por Josefina Marcelo y Matías Álvarez / Foto: Gabriela Franchini

Desde el primer Ni Una Menos, en 2015, la política tradicional se vio obligada a incorporar las agendas de un renovado movimiento feminista y sexodisidente. Problemáticas como la violencia de género, la falta de cumplimiento de la Educación Sexual Integral, el acceso a la salud de las personas trans y el derecho al aborto (entre otros) se han vuelto tópicos inevitables de los debates públicos y políticos. En este marco, la gestión de gobierno saliente, encabezada por Mauricio Macri, tejió una política de género y sexualidad basada en la apropiación selectiva de algunas de estas cuestiones con las que intentó un “lavado de cara”, que combinó con las típicas recetas neoliberales de ajuste y retracción del Estado en materia social. En los pocos días de su nueva gestión, el gobierno de Alberto Fernández, ha dado algunas claves que permiten reconstruir algunos virajes en términos de política sexual y de género.

Los primeros indicios estuvieron presentes en el discurso de asunción el 10 de diciembre de 2019. Comenzando por su mención explícita y reiterada de no aceptar ningún tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género, tema resaltado por la aparición del hije del presidente Estanislao/Dyhzy, con una bandera del orgullo a modo de pañuelo en su traje lo cual fue uno de los temas del día. Además se hizo referencia directa a la temática de los cuidados, al referirse a la universalización de los jardines de primera infancia, que hoy no cubren la demanda existente y que desde la óptica de la economía feminista es uno de los factores que más reproduce las desigualdades de clase entre las mujeres a la hora de buscar empleo.

Más allá de estos “guiños”, y si bien van poco más de 10 días de la nueva gestión, es posible y necesario identificar algunos de los nuevos trazos que, al menos de forma discursiva, van perfilando la orientación de la política sexual y de género de la gestión Fernández en distintas carteras ministeriales.

Podemos comenzar con el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, quien ha manifestado reiteradamente el objetivo de comenzar a reemplazar los tradicionales “planes” por cooperativas que garanticen un trabajo digno. Aquí se vuelve clave el hecho de que gran parte de las trabajadoras de la economía popular son justamente las mujeres, y esto es así porque presentan mayores índices de desempleo, de subempleo y de informalidad laboral. También se anunció el aumento -provisorio- de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Aquí vale la pena recordar que la gran mayoría de las beneficiarias de esta medida son mujeres, y que en Argentina existe un gran sesgo de género en los sectores de bajos ingresos -feminización de la pobreza-. En este sentido, es importante la respuesta a las demandas urgentes, porque es innegable que estas medidas van a resolver en lo inmediato las necesidades de los sectores más vulnerables, pero no hay que dejar de lado el debate en el que insisten muchos sectores del feminismo al poner la lupa en la reproducción de los roles tradicionales en el hogar que muchas de estas medidas terminan generando.

Respecto del área de Educación, a cargo de Nicolás Trotta, junto con la ampliación de la jornada educativa y un cambio de relación con los gremios docentes, la expansión de la cobertura del nivel inicial y la efectiva implementación de la ESI figuran entre las prioridades que se han declarado públicamente. Respecto de esto último, debe recordarse el vaciamiento relativo del programa durante la gestión de Bullrich, que implicó un recorte presupuestario y un coqueteo con los sectores antiderechos, y la vuelta a la escena pública de la ESI durante la gestión de Finocchiaro, debido al debate público sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos también que durante 2018, luego del debate sobre el aborto, se propusieron modificaciones al texto de la ley -declararla de orden público, incorporar explícitamente la perspectiva de género y diversidad sexual, evitar la discrecionalidad jurisdiccional e institucional- que sin embargo, perdieron este año estado parlamentario. Pese a esto, el Consejo Federal de Educación ha aprobado algunas resoluciones que reafirman la necesidad y obligatoriedad de implementación de la ESI desde la perspectiva de género y diversidad. Los sesgos anti sexo y cissexistas que aún permean los diseños de las políticas y la necesidad de colocar a la educación sexual en un escenario de pluralismo cultural y religioso, constituyen puntos ineludibles sobre los que es necesario avanzar, a la vez que suponen un escenario de alta conflictividad respecto del activismo conservador emergente, dentro y fuera de las distintas organizaciones religiosas.

En cuanto al Ministerio de Salud, hay que recordar que esta cartera fue degradada al grado de secretaría durante la gestión de Cambiemos, y volvió a ser jerarquizada en el marco de la nueva gestión. Al frente de esta dependencia quedó Ginés González García, quién ya estuvo a cargo de esta cartera durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, cuando se aprobó y se puso en marcha el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Si la disputa en ese entonces fue en torno a la provisión gratuita de anticonceptivos y el acceso de les adolescentes a la salud sexual y reproductiva, el acceso a la interrupción legal del embarazo fue un límite infranqueable, más allá del avance en relación a los protocolos. En los pocos días desde que asumió nuevamente la titularidad de la cartera, el nuevo/viejo ministro no solo hizo el gesto de anunciar que salud iba a ser un “Ministerio verde” sino que aprobó un nuevo Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para su implementación y manifestó la posibilidad de producir estatalmente misoprostol. Sin embargo, hay que mencionar que, al menos  por ahora, menos claras han sido las definiciones políticas que se tomarán en torno a los faltantes de hormonas para personas trans y de reactivos y medicamentos para personas viviendo con VIH, cuestiones que vienen denunciando distintas organizaciones desde hace tiempo, todo esto en un contexto previo de fuerte deterioro de la política pública de salud producto del ajuste.

La visión respecto de la Seguridad es otra cuestión a tener en cuenta. A diferencia de la expresa defensa a la política de mano dura de la ministra saliente Patricia Bullrich, Sabina Frederic ya se ha propuesto la revisión de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad aprobados durante el gobierno de Cambiemos, que legitimaron un uso cada vez más discrecional de la violencia. En un país en el que se ha declarado la emergencia nacional en materia de Violencia de Género, donde regularmente son asesinadas mujeres cis, trans y travestis, y se cometen crímenes de odio hacia el colectivo LGBTIQ+, la necesidad de explorar alternativas que no impliquen ampliar los tentáculos punitivos del Estado -hipertrofiados durante el gobierno anterior-, se convierte en una tarea y un desafío acuciante para la nueva ministra. En este sentido, se ha manifestado la importancia de formar al personal policial en materia de género, cuestión que, insistimos, debería ser prioridad en el marco de la Ley Micaela en la formación de les trabajadores estatales de cualquier dependencia.

En cuanto al Ministerio de Economía, la semana pasada el ministro Martín Guzmán anunció el “Proyecto de Solidaridad y reactivación productiva”. Más allá de las medidas macroeconómicas anunciadas, se hicieron anuncios que afectarán principalmente a las personas que perciben el haber jubilatorio mínimo. En este sentido, hay que considerar que la gran mayoría de las jubilaciones mínimas son las que entraron en la moratoria previsional conocida como “jubilación de amas de casa”. En mayo de este año, la gestión de Cambiemos quiso quitarlas y además subir a 65 años la edad que las mujeres necesitaban para jubilarse, volviendo atrás en un reconocimiento que se había logrado al trabajo hecho por todas esas mujeres tanto al interior de sus hogares, como en otros hogares pero en condiciones de informalidad, y por lo cual no habían podido realizar aportes jubilatorios. Este es un tema candente en el debate actual, por un lado porque al igual que el aumento provisorio en la AUH, va a generar un alivio en amplias capas de la sociedad que perciben esta jubilación mínima, sin embargo la mayoría de les jubilades y pensionades que superan el mínimo tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Desde el gobierno se dice que solo se está buscando eliminar las jubilaciones de privilegio, pero desde sectores de la oposición se han criticado duramente todas las medidas de redistribución al interior del sector en lugar de atacar otros sectores ampliamente beneficiados.

En cuanto al Sistema Estadístico Nacional una muy buena noticia de las últimas horas fue la aprobación de la Ley que incorpora de manera permanente a la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) el módulo de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que tiene por objetivo recolectar y cuantificar con perspectiva de género datos sobre la participación y el tiempo dedicado a las distintas actividades tanto remuneradas como no remuneradas, desagregando la información por género y edad. Es destacable también que por primera vez el Censo Nacional de Población en 2020 incluirá preguntas relativas a la identidad de género, que se suman a las preguntas por las familias homoparentales que ya incluía el censo de 2010. Vistas en su conjunto, estas modificaciones implicarán un salto cualitativo en términos de construcción de datos, ya que nos permitirá ampliar la información fragmentaria existente sobre la distribución de la carga de trabajo no remunerado y las condiciones de vida de las familias no heteronormativas y la población travesti trans.

Por último, la noticia que sorprendió más y que tuvo amplias repercusiones en los sectores feministas fue la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la designación de Elizabeth Gómez Alcorta a su cargo, una mujer que viene de la lucha feminista, que manifiesta esto como un logro de dicha lucha, y que va a tratarse de un “ministerio de puertas abiertas”. Expresó claramente la importancia de incorporar la agenda de cuidados a la política pública, reclamo histórico de los feminismos, y además manifestó que la perspectiva de género va a ser un eje transversal de toda la política y de todos los ministerios. Ejemplo de esto fue la reciente reunión con el Ministro de Salud a raíz del protocolo de ILE, y la reunión planteada con la Ministra de Seguridad. Son a nuestro entender excelentes noticias, por supuesto recién es en un momento de anuncios y de reestructuración administrativa, para evaluar en  profundidad los efectos de la política hay que esperar a ver resultados y también ver cuánto se podrá transversalizar la política sexual y de género en los planes del resto de los ministerios. Sin embargo, será necesario estar atentes al necesario carácter interseccional que deberá contemplarse en el desarrollo de las políticas ministeriales. Como quedó claro en el último Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, las políticas de género aún con las mejores intenciones, pueden tener sesgos de clase, étnico/raciales, heteronormativos y cisgénero sobre los que es necesario ejercitar una vigilancia política y epistemológica.

Si bien hay un cambio respecto a la gestión anterior en la extracción de donde provienen les ministres (pasamos de empresaries y CEOs a académiques con experiencia en la gestión pública) no podemos dejar de mencionar algo que decepcionó a más de une, y es la composición del equipo ministerial. La “foto” inicial del anuncio no fue tan chocante, dado que al incorporar Secretarías y cargos de segunda línea se mostró un 37,5% de mujeres en los cargos anunciados. Pero cuando vemos cuántas efectivamente lograron el cargo de Ministras el porcentaje es sólo del 19% (4 de 21). La paridad en el gabinete de les Fernández está lejos.

Si tenemos en cuenta que Macri finalizó con un 18%, es destacable el análisis que hizo la periodista Gisele Sousa Dias “A este ritmo, si cada 4 años la paridad sube 1 punto porcentual, hacen falta 31 períodos presidenciales para lograr la paridad, es decir, 124 años”. Haciendo justicia a la necesidad de una mirada interseccional a la que nos referimos más arriba, es necesario mencionar que les grandes ausentes del gabinete fueron las clases populares, les migrantes, las personas trans y otras identidades disidentes, entre otres.

Pensar y articular intervenciones con y contra el Estado siempre ha sido una piedra en el zapato para los activismos y militancias feministas y sexodisidentes. La oscilación entre posturas “estadofílicas” y “estadofóbicas” puede dificultar el desarrollo de análisis matizados que señalen los cambios de rumbo, pero también los límites -externos e internos- de la política (sexual) por venir. Ciertamente, incluso teniendo en cuenta los cuestionamientos que hemos marcado anteriormente, el panorama es bastante más alentador si lo comparamos con el deterioro que dejaron los últimos 4 años de gestión cambiemita. Sin embargo, habrá que seguir de cerca el desarrollo de estas políticas, sus efectos concretos y su articulación con situaciones bastante menos alentadoras -como el conflicto abierto en torno a la cuestión minera- para poder llegar a un diagnóstico matizado. Mientras tanto, no se debe bajar ninguna bandera y más que nunca, es necesario tener muy en claro cuales son los horizontes políticos y de lucha.