La estrategia electoral del macrismo y la represión para cubrir el estancamiento económico

Por Federico Orchani – @fedeorchani 

Cambiemos enfrenta dificultades centrales para consolidar su proyecto político y, luego de un marzo marcado por la conflictividad social, empieza a trazar su futuro con la mira puesta en ganar las próximas elecciones legislativas. La violencia institucional se va consolidando como la respuesta concreta frente a la incapacidad para resolver demandas sociales.

Votos y palos

Cambiemos recuperó la iniciativa con la marcha del #1A que expresa el núcleo convencido de votantes puros de cambiemos con base en la Capital Federal y el interior de la provincia de Buenos Aires donde la influencia de Cristina Kirchner –hoy principal figura opositora– decrece. Parte del plan incluye polarizar con la ex presidenta, estrategia de la que se sirven uno y otro espacio político para de esa manera achicar aun más la “ancha avenida del medio” que podría incluir a otros en la conversación como el tigrense, Sergio Massa. Si la otra “minoría intensa” que es el kirchnerismo finalmente opta por una ingeniería electoral no por fuera sino dentro del peronismo y Cristina Fernández finalmente no será candidata por Buenos Aires, las posibilidades del oficialismo aparecen mas claras. El macrismo no necesita mayoría parlamentaria para gobernar, ya lo viene haciendo con el apoyo de un sector del peronismo y el massismo. Le alcanza con suturar la crisis social abierta por la batería de medidas regresivas desde que Mauricio Macri comenzó su mandato.

El resultado de los próximos comicios no es menor. Una buena performance del oficialismo puede servir para configurar un escenario favorable a una ofensiva económica sobre los sectores populares aun mayor en 2018. Que Cambiemos no tenga mayor éxito en la cosecha de votos, dependerá de como se canalice políticamente el descontento popular acumulado y las movilizaciones de marzo. Las opciones empiezan a aparecer con mayor nitidez. Quienes apuestan a un liderazgo opositor encabezado por Cristina Kirchner se encuentran ante la evidencia de un peronismo en recomposición que busca, mediante figuras como Florencio Randazzo, Veronica Magario, el propio Scioli, consolidar una propuesta de transición con el objetivo de recuperar terreno perdido. Un lugar incómodo sin dudas para sectores del kirchnerismo duro que apuestan a un frente amplio con sectores del progresismo. ¿Cómo explicar un armado que incluya a personajes como el hoy responsable en el Senado, Pichetto, o el diputado Diego Bossio y demás responsables de leyes claves impulsadas por el gobierno? Es una incógnita de momento, si sectores de centro o izquierda pueden capitalizar dicha contradicción. Son estos interrogantes claves, igual que la decisión tanto de Cristina o Massa de competir o no para saber como puede llegar a expresarse mayoritariamente el voto castigo al gobierno, si finalmente prima el descontento social creciente.

Una derrota electoral contundente pone a Cambiemos al borde de la fragmentación. Algo de eso empieza a aparecer en un escenario ¿inesperado? como la Capital Federal. La renuncia de Martín Lousteau a la embajada argentina en EE.UU. y el posterior anuncio de competir por una banca en la CABA abrió una grieta en la UCR ya que su dirección porteña apoya la candidatura del ex ministro de economía kirchnerista y autor de la polémica “125”. En el macrismo no quieren saber nada con dirimir internas en unas PASO con Lousteau a quien ven como un competidor directo en 2019 por la jefatura de gobierno. El ex embajador, estuvo cerca en 2015 de arrebatarle al PRO el balotaje que finalmente depositó a Rodriguez Larreta como jefe porteño. Para cuidar el bastión porteño, el propio Mauricio Macri cerró en persona un acuerdo con Elisa Carrió quien encabezaría las listas en la Ciudad. Si este escenario se mantiene, podría no haber Cambiemos en la Ciudad por no incluir a la UCR: una novedad.

En el barro

La alianza de clases expresada por Cambiemos enfrenta dos dificultades centrales para consolidar su proyecto político. Una de ellas es el no repunte de la economía, a pesar de las promesas de crecimiento, lluvia de inversiones, etc. Nada de eso ocurrió hasta el momento. El otro punto central, es que la victoria electoral de Cambiemos no se da sobre la derrota social de la clase trabajadora y demás sectores populares. La nutrida e intensa movilización de marzo es prueba de ello, también lo es la resistencia a medidas de ajuste como los distintos tarifazos y demás. En consecuencia, la decisión del gobierno pasa por fortalecer la vía represiva para garantizar el control de la calle. No solo desde el discurso. La represión a docentes en el Congreso, a trabajadores y militantes en la Panamericana, el ingreso ilegal de la policía jujeña a la universidad durante una actividad estudiantil, son parte de una práctica cada vez mas sistemática frente a la protesta social y la organización popular.

La violencia institucional se va consolidando –no solo vía el gobierno nacional o las gobernaciones oficialistas, basta ver lo que ocurre en Santa Cruz– como la respuesta concreta frente a la incapacidad para resolver demandas sociales. A propósito de Santa Cruz, detrás de la crisis social y la represión condenable a trabajadores estatales y docentes, existe un trasfondo político evidente cuyas razones no son motivo de este artículo.

La protesta social se presenta desde el oficialismo, asistido por una batería mediática desmedida, como la portación de un delito. El domingo en el diario La Nación en un artículo de Morales Solá, se aboga abiertamente por el endurecimiento del código penal para criminalizar y reprimir la protesta social y cercenar el derecho a manifestarse en el espacio público.

El columnista reclama un cambio de paradigma frente a la no represión de la protesta durante el kirchnerismo –discutible por cierto– y parece muy preocupado porque tanto oficialismo y oposición dejen en el pasado los asesinatos se Kosteki-Santillán y Carlos Fuentealba. Dos hechos que desmienten el perfil amable que traza Morales Solá sobre las fuerzas de seguridad. Justo en la semana en que fue separado el jefe de la nueva policía de la ciudad por denuncias de corrupción. A propósito de Kosteki-Santillan, este año se cumplen 15 años del asesinato de Maxi y Dario. Desde organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales entre otros se impulsa una campaña para que la protesta social no sea un delito y por Nunca Más otro 26 de Junio de 2002, fecha de la llamada “Masacre de Avellaneda”.