La gorra: ¡ni en los barrios, ni en el territorio digital!

Ante el ciberpatrullaje y como comunicadorxs populares y feministas nos toca la organización del autocuidado y un repudio claro. Es la protección de nuestros datos, del debate público y la libre expresión lo que está en juego.

Por Redacción Marcha / Imagen archivo

Hace unas semanas, en videoconferencia con la Cámara de Diputados, la ministra de seguridad, Sabina Frederic, reveló tareas de inteligencia que se realizan con los recursos del Estado: “no estamos haciendo ciberespionaje sino ciberpatrullaje”, afirmó la funcionaria. “Se hace un rastreo por lo que es público en las redes. Twitter, Facebook e Instagram tienen muchas cuentas que tienen faceta pública y otra privada. Las fuerzas federales sólo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social”. 

Desde entonces, como periodistas populares y feministas, como nativxs digitales y activistas sociales y territoriales nos comenzamos a preguntar. Así fue que publicamos algunas notas que analizan la problemática y empiezan a construir algunas respuestas. 

El denominado “ciberpatrullaje” es la vigilancia masiva de redes sociales, una práctica de inteligencia con base en información de fuente abierta. Esta información es recogida del ámbito público para analizarla y producir inteligencia: los datos se vinculan y son analizados para determinar si hay o no una amenaza. Es inteligencia porque se realiza de manera anónima, oculta, sin intervención de ningún otro de los poderes del Estado y sin control de la ciudadanía. No deja de ser una actividad de inteligencia porque la vigilancia gire sobre el ámbito público. Así lo definen las organizaciones en defensa de la libertad de expresión, el debate público y los derechos en el territorio digital. Y nos preguntamos, ¿hace falta que digamos sobre quiénes recae la persecución selectiva? 

Ciberpatrullaje: ¿qué dicen las y los expertos?

Mediante un comunicado conjunto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), afirmaron que las actividades de vigilancia masiva están prohibidas. “Solo están permitidas las tareas de inteligencia criminal orientadas a intervenir sobre amenazas criminales concretas”, y explicaron: “los programas que se utilizan para recoger palabras o frases no tienen capacidad de identificar el contexto ni la razón por las que las personas las usan. Esto vuelve muy peligroso la vigilancia al azar”, y citan la historia de Kevin Guerra, el joven sometido por la PFA a una investigación penal por expresiones resguardadas constitucionalmente que luego fueron convalidadas por una fiscalía. El 7 de abril, Kevin copió el texto de un meme que vio en Facebook, que contenía la palabra “saqueo”, y lo convirtió en un tuit. Dos días después le cayó la gorra. Prácticas intimidatorias que desalientan la participación y la opinión política, sobre todo de quienes desarrollan buena parte de sus vínculos y expresiones a través de medios digitales..

El Ministerio de Seguridad y las fuerzas represivas sólo tienen competencia para realizar tareas de inteligencia criminal atadas a hipótesis o amenazas específicas. Como dice el comunicado de las organizaciones: “Las tareas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y en redes sociales pueden afectar los derechos de quienes interactúan en el ámbito digital, como la privacidad y la libertad de expresión. Que estas tareas se realicen sobre contenidos que las y los usuarios colocan en el espacio público, “abierto”, no las convierte automáticamente en legales”. Y finalizan: “El Ministerio de Seguridad no puede subestimar el impacto negativo de estas prácticas policiales, que cercenan el debate público. Estos y otros elementos hacen que sea altamente peligroso el uso de estas herramientas, que luego se transforman en causas e investigaciones judiciales. Su uso implica ampliar irrazonablemente las facultades de vigilancia estatal, sin un marco normativo claro, y con graves afectaciones para los derechos”.

También desde la Asociación por los Derechos Civiles, expresaron que “el ciberpatrullaje es un término que quieren asimilar al patrullaje en calle”, lo que parece constituir ya una práctica de amedrentamiento por su sola invocación. También consideran que es violatorio de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520). Además que produce un efecto de autocensura si consideramos que además nos están vigilando, es decir que lo que potencia son políticas del temor en dos sentidos: mientras el virus nos aterroriza, con ayuda de los medios dominantes, el Estado nos atemoriza con la vigilancia sobre las redes sociales.

Vulneración de nuestros datos personales

El mundo ya está inmerso en la era digital, una etapa dentro de la Sociedad Informacional que ya tiene al menos cinco décadas. Y esta etapa que desarrolla todo tipo de mecanismos de interconexión e interrelación de manera digital, viene siendo un piso de confianza para la implementación de políticas de control. Es el big data, el acceso a cada cámara y micrófono en cualquier dispositivo, es todo tipo de información que subimos a alguna plataforma web desde cualquier soporte (por supuesto que registrado).

Sobre esto es importante pararse desde dos perspectivas: la primera de ellas es no desestimar per se esta etapa. Como todo en este sistema en el que vivimos, es un escenario de disputa donde de un lado está la alianza entre gobiernos y empresas y del otro el conjunto de la ciudadanía. El big data ayudó a Corea del Sur a combatir con muy buenos resultados la propagación de la pandemia y eso es tan real como que ayudó al gobierno surcoreano a meterse en las más pequeñas particularidades de la vida privada de su población. Entonces, ¿el problema es la big data o el gobierno?

No nos proponemos en este artículo avanzar sobre estas concepciones de disputa de poder, pero es un rasgo esencial, tanto como fomentar los mecanismo de cuidado que existen ante cualquier software no privativo.

El segundo elemento es el atraso en materia de normativa que hay sobre el cuidado de datos personales. Todos y todas conocemos casos como la filtración de datos de facebook para las elecciones en Estados Unidos o la circulación de fakenews en Whatsapp para que Bolsonaro llegue a la presidencia de Brasil. El problema es en los datos que se hacen públicos según lo que decía la ministra Frederic pero también sobre aquellos que no lo son o peor aún, lo son sin el permiso de su dueño.

En Argentina no contamos con leyes que protejan a las y los ciudadanos sobre el uso y la circulación de sus datos tanto por empresas como gobiernos. Lo hemos detallado en otro artículo. Pero la situación se agrava porque la dinámica de los medios digitales hace que no haya normas transnacionales seguras, que no varíe lo que sucede según la locación de un sitio o los deseos de cada persona a la hora de hacer un click. 

¿A qué apuntamos con esto? Que si ni siquiera están garantizados nuestros derechos más personales y privados, ¿cómo podemos creer que el ciberpatrullaje no es una medida con una escala más profunda que la imaginada?

El contexto mundial 

En los países asiáticos la vigilancia digital de la vida cotidiana se impuso como un modo de control de la pandemia y si bien fue efectivo constituye una intromision en la privacidad. “En Asia las epidemias no las combaten sólo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos”, expresaba el filósofo Byung-Chul Han. Estrategias de control de la vida diaria también se están imponiendo en China, que a través de la big data intenta imponer un sistema que puntúa a unos 1.300 millones de habitantes para juzgar si son o no unos ciudadanos fiables para un sistema de crédito social. Black Mirror llegó para quedarse.

En Bolivia, el ministro del gobierno autoproclamado, el empresario hotelero Arturo Murillo, responsable político de las Masacres de Sacaba y Senkata, ordenó el pasado 17 de marzo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a hacer ciberpatrullaje. ”Vamos a revisar redes sociales y a la gente que esté desinformada también tendrán procesos legales y penales”. La pantalla en este caso es el combate a las noticias falsas pero el objetivo es otro: la persecución penal y política para la proscripción del MAS. Facho y macho, Murillo es el mismo que, en ocasión de la ampliación de causales del aborto cuando era asambleísta, dijo que “antes de matar una vida ajena, las mujeres deben matarse o suicidarse”.

A las tradicionales formas de la represión se suma el ingrediente de la persecución en internet y la criminalización del derecho a defender derechos digitales, así como aquellos derechos ligados a la protección de la privacidad en los espacios en red. Por ejemplo, en Centroamérica, muchas activistas han sentido el “cambio de paradigma”: “ya no es solo tu protección física sino también tu protección cibernética”, afirman. “Cada vez más fuerza nos dimos cuenta que nos estaban vigilando, que realmente los que usábamos no eran medios seguros, que era muy fácil que entraran en nuestras cuentas, que hay un sistema de inteligencia detrás y que tenemos que cuidarnos porque es nuestra vida y es la vida de nuestra familia la que corre peligros. El acoso y las amenazas comenzaron por redes sociales, porque la vigilancia es a través de tus cuentas en Facebook, Instagram y Twitter”.

A la gorra digital la repudiamos entre todes

La pandemia se extiende y uno de los métodos para combatirla es el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que nos lleva a comunicarnos aún más de forma mediada. 

En La Pandemia desde el pie abordamos lo que sucede en barrios vulnerables, en las calles, con quienes perdieron el acceso a lo mínimo durante la pandemia. Y dentro de esos derechos también deberíamos incluir el derecho a la intimidad, a la preservación de nuestros datos personales, de la identidad y del ejercicio de libertad de expresión. 

¿A quiénes estamos habilitando para espiarnos, investigarnos, buscar nuestros rastros en las redes? Algunos meses de nueva administración no alcanzan para que el paradigma de derechos humanos sea más que un discurso presidencial. ¿Son las mismas fuerzas represivas que habilitaron la doctrina Chocobar? ¿Nos olvidamos del hostigamiento y la persecución política que en redes se realizó sobre la familia de Santiago Maldonado? ¿Por qué mejor no destinar los recursos del Estado para esclarecer quiénes son esos responsables? Hoy la “gorra” y la “patrulla” no está solo en las calles, también en las redes. Por eso, como comunicadorxs populares y feministas nos toca la organización del autocuidado y un repudio claro: a la gorra, ¡ni en los barrios, ni en el territorio digital!