La Haya y la disputa por el mar ¿chileno?

Por Francisco Parra.

La Corte de La Haya ya escuchó los alegatos de ambas partes y prepara su resolución. Chile insiste en defender que “el mar es de todos los chilenos”, aunque sean solo unos cuantos grupos empresariales quienes posean sus derechos.

Durante una semana acogió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la Haya los alegatos de Chile y Bolivia, por la demanda interpuesta por este último país para recuperar su “derecho originario y legítimo” a tener soberanía en la costa marítima del Pacífico.

Fue el 24 de abril de 2013 cuando el gobierno de Evo Morales oficializó que presentaría una demanda ante la CIJ para solicitar la negociación de una salida soberana al mar. Chile, que apenas había salido de un juicio con Perú en La Haya, volvía a ser cuestionado en los tribunales internacionales por sus relaciones con sus países vecinos.

La postura altiplánica era simple: El tratado de 1904 es válido, pero no resolvió el problema del mar para Bolivia. Desde entonces, el gobierno chileno en distintas ocasiones ha prometido negociar una posible salida al mar. La última vez fue con la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que en su primer mandato en 2006 inició una agenda de 13 puntos que incluía la salida al mar. La agenda fue desechada en 2010, cuando asumió Sebastián Piñera.

Y Chile, por su parte, apunta a cuestionar la competencia del tribunal de La Haya, argumentando que no se puede revisar el tratado de 1904 por ser anterior al Pacto de Bogotá (1948). Ese documento aclara que la Corte no podrá revisar tratados vigentes previos a 1948. Por lo tanto, no puede revisar el de 1904.

Sin embargo, Bolivia aclaró en todos los tonos que no busca modificar el tratado de 1904, sino que Chile cumpla su palabra de negociar una salida al mar. Esto porque fue el propio Chile quien separó el tratado de la salida al mar en más de una ocasión.

Entregados ya los alegatos de cada parte, solo falta que respondan la pregunta que les hizo el juez japonés HisashiOwada, sobre qué entienden por “acceso soberano al mar”, al ser este un término que no tiene una definición precisa en el derecho internacional. Después de la respuesta por escrito de ambos equipos jurídicos, fechada para el 13 de mayo, habrá que esperar a que la Corte tome una resolución.

Un repaso por los intereses en juego

La salida al mar para Bolivia es un tema que, pese a los reclamos chilenos, sigue sin solución. Mientras el pueblo boliviano clama por recuperar lo que perdieron hace 135 años, en Chile se escucha sobre “lo legítima” que fue la Guerra del Pacífico y que fue Bolivia quien declaró la guerra en ese entonces.

Pero, como en todas las guerras, la historia la escriben los vencedores. Y la memoria histórica queda en el olvido. Lo que importa para Chile, es que desde 1879, 400 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros de territorio pasaron a ser parte del país.

Lo que no se suele recordar es que el conflicto se inició cuando un grupo de empresarios chilenos se negó a pagar un impuesto de diez centavos por quintal de salitre explotado a Bolivia, para hacer efectivo la compra de los derechos para explotar el mineral en la región de Antofagasta. El periodista chileno Víctor Herrero señala en su biografía a Agustín Edwards Eastman que esos empresarios eran liderados por Agustín Edwards Ross, abuelo del dueño de El Mercurio. Este diario ha estado históricamente ligado a la derecha empresarial chilena y tuvo un rol preponderante en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende (recibiendo financiamiento de la CIA) y en la posterior desinformación utilizada en la dictadura militar.

Ante el no pago de los impuestos, Bolivia aprobó confiscar los bienes de la compañía de Edwards, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. El gobierno chileno, servil a los intereses empresariales, respondió movilizando sus buques hacia el país vecino. Y los Edwards movieron sus hilos de influencia en los medios, para instalar la idea de que se trataba de un problema que afectaba a toda la patria.

Las tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta en febrero de 1879, el mismo día que la Compañía de Salitres y Ferrocarril iba a ser rematada. Los chilenos mantuvieron la explotación del salitre y Bolivia declaró la guerra, a la que después se sumaría Perú. Chile conformó un gabinete de Guerra de cinco personas. Tres de ellas eran accionistas de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagaste, según cuenta en su libro Víctor Herrero.

Así se convirtieron los intereses empresariales de unos pocos en la acción patriótica de muchos. Los Edwards construyeron su fortuna y un pueblo se quedó sin salida al mar.

Hoy, Chile defiende su soberanía sobre el mar y asegura que “pertenece a todos los chilenos”. Afirmación que, sin embargo, no tiene mucho asidero en el siglo XXI. El historiador chileno Gabriel Salazar lo planteó fuerte y claro en una entrevista hace unos días: “De qué soberanía hablan si entregan la riqueza a los extranjeros en masa”.

En el año 2012 el Congreso chileno aprobó la llamada “Ley Longueira”, que le entrega a perpetuidad los derechos de explotación marítima a 7 familias, que controlan más de 70 por ciento de la capacidad pesquera del país. No por nada cuando Perú demandó a Chile en La Haya por el llamado triángulo marítimo, el grupo empresarial Angelini asesoró a la Cancillería chilena: La zona representa el 30% de sus negocios.

Política internacional en función del capital

Tal vez no es casualidad que Chile sea noticia internacional por solo dos temas. Sus tratados de libre comercio (TLC) con otros países y sus conflictos limítrofes. Las autoridades chilenas deben entender que no es casualidad que Chile sea demandado por 2 de sus 3 países vecinos en intervalos tan cortos de tiempo.

Los alegatos por la demanda de Bolivia coincidieron con una de las peores crisis de la clase política chilena. Hoy el gobierno y la oposición están enfrascados en sendos casos de corrupción, la presidenta Bachelet le pidió la renuncia a todos sus ministros y la Fiscalía se prepara para formalizar a políticos por el delito de fraude tributario.

Pero en el caso de la defensa de los actuales límites marítimos, todos están unidos. Nadie quiere ni siquiera abrir la posibilidad a negociar con Bolivia una salida al mar. Serviles, como siempre, a los intereses del capital y dirigidos por una élite con aspiraciones de ser “los ingleses de Latinoamérica”, más que a pertenecer a su continente.