La Justicia falló contra el PRO: le ganó un trabajador

Por Leandro Lutzky

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá pagarle 50 mil pesos a un empleado de la Dirección General de Estadística y Censo por haberlo trasladado de su puesto de trabajo injustamente, según lo resuelto por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 80 el pasado 23 de septiembre.

¿David le ganó a Goliat? En este caso, David sería Martín Rampoldi, un delegado gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quien salió beneficiado por la resolución judicial firmada por la jueza de primera instancia, Viridiana Díaz Aloy. Según lo señalado por el expediente N° 49121/2013, el demandante acusó al ejecutivo porteño por “persecución gremial”, entre otros hostigamientos debidos a su condición de representante sindical. Como antecedente, en el texto figura que el PRO ya había querido impugnar un acto eleccionario en la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda el primero de agosto del 2012. En esas elecciones había triunfado, entre otros, Rampoldi.

Casi un año después, vaya casualidad, lo trasladaron a la Subdirección de Sistemas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), ubicada en Viamonte al 900. ¿El motivo? “Aduce (el delegado) que con ello se afecta el derecho de representación que el actor tiene sobre los trabajadores que se encuentran en el edificio de Estadísticas y Censos en la sede de B. Mitre 648”, cita la sentencia. Dicho de un modo más sencillo, los empleados se habían quedado sin el mediador elegido para lidiar entre el Estado y sus intereses.

Después, según denuncia el protagonista, le sacaron la silla, su computadora y el escritorio completo. Le cortaron las piernas, diría Maradona. Sobre este tema la Justicia fue contundente: además de obligar al gobierno amarillo a pagarle 50 mil pesos más intereses al damnificado, también deberán restituirlo en su antiguo puesto de trabajo. Claro, eso sin mencionar los 17 mil pesos extras a repartir entre los abogados de ambas partes y el perito contador, aunque dicha cifra no le hace ni cosquillas a la caja amarilla.

Sin embargo, el PRO todavía puede apelar esta decisión judicial. Además, no todo fue tan malo para el gobierno porteño: en el tercer punto del fallo se ordena “desestimar la declaración de práctica desleal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Es decir que para la jueza su accionar fue malo, pero no tanto.

Aún hay más

“La persecución sindical empezó desde que formamos la Junta Interna, hace tres años”, le contó Tamara Lescano a Marcha, mientras recordaba la fecha exacta de su despido, el 1 de mayo del 2013. Ella también es delegada de ATE y entre su desvinculación y el traslado de su compañero hubo tan solo unos días de diferencia.

“Cuando estaba a punto de llegar al año necesario para adquirir la estabilidad en planta permanente, me hicieron una evaluación donde me declararon incompetente”, repasó. Tampoco le dieron la chance de hacer ningún tipo de descargo. Lescano también inició un juicio y ahora están en la etapa de presentación de pruebas: “La sentencia debería estar a fin de año o principios del que viene”, señaló.

En caso de que la determinación haya sido acertada, Estadística y Censo tardó casi un año en notar aquella supuesta incompetencia. ¿Quiénes son, entonces, los verdaderos incompetentes? La Justicia tendrá la última palabra.