México: La justicia patriarcal de las instituciones universitarias

La UNAM reincorpora a un agresor a su planta de investigadores, a pesar de las reiteradas prácticas de violencia machista y abuso de poder. Desconocen el derecho de las estudiantes a una vida en libertad.

Por Tania Puente y Mariana Brito Olvera | Foto: Petit Coffy

“Ya mátate, marrana; ya mátate, mátate, mátate, qué estás esperando para matarte; mátate puerca”. “Vamos a ver cuándo te recibes, idiota. Igual que tu hermano. Van a pasar años antes de que te recibas de algo”. Este tipo de mensajes, que iban desde la amenaza de no permitir la titulación de la estudiante, hasta la instigación al suicidio, fueron grabaciones telefónicas dadas a conocer en 2011 por una de las estudiantes denunciantes de Arturo Noyola Robles, quien en ese entonces era docente de Literatura mexicana en la FFyL e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)[1]. Estas grabaciones telefónicas, junto con fotografías de golpes, copias de correos electrónicos y de una denuncia levantada ante el Ministerio Público, acompañaron la carta que la denunciante entregó, junto con el apoyo de las consejeras técnicas estudiantes del colegio de Letras, a diferentes autoridades universitarias en aquel momento, exigiendo la renuncia del profesor.

El caso de esta estudiante no fue el único. Gracias a su denuncia, se sumaron otros testimonios. Arturo Noyola Robles aprovechó más de una vez su rol docente para entablar relaciones afectivas y sexuales con sus alumnas, a quienes posteriormente maltrataba, ya sea insultándolas, golpeándolas o incluso privándolas de su libertad. Fue a partir de las denuncias de las estudiantes agredidas, y del acompañamiento de las consejeras técnicas y de colectivas feministas, que se logró que la UNAM rescindiera su contrato en agosto de ese mismo año.

Sin embargo, el pasado 19 de mayo, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB), a través de su cuenta de Facebook, llevó a cabo una charla en vivo a cargo del docente agresor. Después de su destitución, Noyola inició una demanda contra la UNAM y ganó, por lo cual fue reincorporado a la planta de investigadores, sin notificar nada de esto a las denunciantes. Por medio del grupo Universitarias Unidas contra la Violencia de Género, se publicó un documento, firmado por numerosas organizaciones feministas, donde se puede leer lo siguiente: “Todas nos preguntamos cómo un potencial feminicida gana un juicio contra la máxima casa de estudios en México”[2]. La alusión a potenciales femicidios no es gratuita, pues México es un país con una de las tasas más elevadas de femicidios: según cifras oficiales, todos los días son asesinadas 10 mujeres[3]. De esta violencia machista no están exentos los espacios universitarios: basta con recordar el caso de Marichuy, estudiante de 19 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien en enero de 2016 fue asesinada al ser lanzada de un quinto piso por un profesor que la acosaba y con quien ella no accedía a entablar relaciones.

Justamente a causa de la violencias machistas vividas dentro de la universidad es que varias escuelas preparatorias y facultades de la UNAM permanecieron tomadas desde noviembre de 2019 por organizaciones feministas, cuyas demandas estaban vinculadas a la violencia de género. Es importante recordar que en los últimos años las agresiones dentro de la institución habían alcanzado límites inadmisibles, tal como el femicidio de Lesvy Berlín Osorio, estudiante de 22 años del Colegio de Ciencias y Humanidades de dicha casa de estudios, encontrada muerta atada al cable de una caseta telefónica dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Pese a que las cámaras de seguridad mostraban los momentos previos a su muerte, en los cuales se veía que su pareja la golpeaba, se requirió un largo proceso para que se hiciera justicia, demostrando lo obvio: su novio la había matado.

Además de las demandas para hacer frente a la violencia de género (como protocolos realmente efectivos, creación de centros de unidad de atención e impartición de programas de sensibilización), otra de las exigencias del movimiento feminista universitario era que la Universidad pidiera perdón a la familia de Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la FFyL de 21 años de edad, “por entorpecer las primeras investigaciones luego de su desaparición” en 2018. Vanessa salió de su casa en abril de ese año y hasta el momento no se sabe nada de su paradero. En distintas entrevistas, los familiares han hablado del poco apoyo que han recibido de las autoridades universitarias.

En el contexto de la actual contingencia, los paros tuvieron que ser levantados. En un comunicado publicado el 14 de abril pasado, las Mujeres Organizadas de la FFyL afirmaron: ”Hemos sido obligadas a tomar esta decisión debido al contexto de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Hacemos énfasis en que la entrega de las instalaciones no responde al cumplimiento de nuestras demandas, ya que es evidente que éstas no han sido cumplidas en su totalidad”[4].

A la luz de estos antecedentes, la reaparición de Arturo Noyola en la esfera pública universitaria constata no sólo la pertinencia de las denuncias y protestas, sino también deja al descubierto el profundo desinterés por parte de las autoridades con respecto a los derechos de las estudiantes.

Entre el sigilo y el silencio, el proceder de la universidad cae en una complicidad tácita con el agresor, la cual habilita un proceso de revictimización y, simultáneamente, imposibilita toda reparación. Sin previo aviso, las compañeras agredidas vuelven a encarar la presencia de su violentador, quien esgrime su impune autoridad y prestigio cobijado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Muestra de ello es lo sucedido en la charla virtual que impartía Noyola desde las redes del Instituto, el día 19 de mayo. Para evitar la réplica de las denuncias en los comentarios de la transmisión en vivo, el Instituto interrumpió la charla y, posteriormente, borró todo rastro de la actividad, a la manera de una operación de encubrimiento consciente.

En el comunicado antes citado, las Universitarias Unidas contra la Violencia de Género, solicitan que “se transparente el juicio que enfrentó Arturo Noyola”, al tiempo que exigen “un nuevo juicio y que se tomen en cuenta los demás testimonios de mujeres amenazadas de muerte, golpeadas privadas de la libertad, intimidadas, hostigadas física y sexualmente por este potencial feminicida”. La exigencia es clara: si las autoridades universitarias quieren combatir realmente la violencia de género, Arturo Noyola debe ser destituido. Mientras agresores como él sigan habitando con impunidad los espacios universitarios, el único tipo de (in)justicia que podrá impartir la UNAM es la patriarcal.


[1] https://www.youtube.com/watch?v=lAMyJDb2adM&t=38s y https://www.youtube.com/watch?v=G93ueYU_HpY

[2] Documento entero: https://www.facebook.com/109626510761526/photos/pcb.109719274085583/109708734086637/?type=3&theater

[3] Secretaría de seguridad y atención ciudadana, “Información de violencia contra las mujeres”, publicado el 31 de marzo de 2020: https://drive.google.com/file/d/1jew7rwBA09ub6dgROme4uFaOwYaF6hHv/edit

[4] Disponible en: https://www.facebook.com/MujeresOrganizadasFFyL/photos/a.154160961759271/549090795599617/?type=3&theater