La larga letanía

El gobierno argentino cede cada vez más en la renegociación con los acreedores privados, aceptando peores condiciones para el futuro del país. ¿Qué pasaría con el resto del mundo si Argentina desconociera la deuda y la auditara?

Por Francisco Cantamutto | Foto de German Romeo Pena

Argentina continúa los acercamientos con los grandes fondos de inversión, principales acreedores privados del país bajo legislación extranjera. Organizados en tres grandes grupos, mostraron cierta rispidez con el gobierno argentino la semana anterior, como parte de una estrategia de confrontar para luego acercar. En esta nueva ronda de negociaciones, la cuarta desde que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó la primera propuesta, se ha vuelto a flexibilizar la oferta oficial, acercándose aún más a lo que piden los acreedores: un Valor Presente Neto (VPN) por arriba de los 50 dólares cada 100 nominales, un 20% más que la primera oferta.

Este acercamiento no ha sido aún rubricado pero se realiza en el contexto de una Argentina que, habiendo pasado los plazos formales de pago del ultimo vencimiento, se encuentra en un default técnico que aún no ha generado mayores problemas porque, en tanto siguen las negociaciones, los acreedores aún no han pedido el adelanto de los pagos de los títulos en mora.

La tensión hay que situarla, además, en la continuidad de la crisis mundial; hace poco se hicieron públicos una serie de pronósticos bastante terribles sobre la economía global. Tanto las predicciones del Banco Mundial (BM) como del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican una caída muy severa de la actividad económica mundial para el 2020. El BM indica que, en 150 años de registro, es la primera vez que una crisis involucra a casi la totalidad de los países del mundo. Desde el punto de vista de la intensidad, se está hablando de la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y una de las más graves de la historia, con la particularidad de ser la primera crisis cuyo detonante principal es una pandemia. En ese sentido, las perspectivas de recuperación para 2021 no son certeras porque nunca ocurrió que la economía capitalista moderna debiera recuperarse de una crisis disparada por una enfermedad mundial.

Es importante señalar que a los efectos de la interrupción del comercio y el desarmado de múltiples cadenas de valor, hay que agregar una caída de la inversión mundial que se estima del 40% para este año y posiblemente un 10% más el año que viene. Esto se debe a que, por un lado, las expectativas de negocios se ven interrumpidas y la incertidumbre hace que las empresas tiendan a quedarse las ganancias obtenidas, de por sí vulneradas por la crisis, en lugar de reinvertirlas.

Todo esto es relevante porque la oferta que está negociando en este momento el gobierno argentino puede resultar una guía para la reestructuración de deudas a nivel mundial. La situación es muy crítica, ya que los niveles de deuda respecto del PBI mundial alcanzaron el año pasado el 322%, siendo las deudas estatales bastante significativas. Esto, que reconocen los organismos multilaterales de crédito, ha generado la propuesta de suspender los pagos para destinar los fondos a afrontar la crisis económica y sanitaria.

Desde ya que esto no alcanza pero da cuenta de la situación crítica en la cual se está negociando. Si la Argentina no cierra un acuerdo con los acreedores privados, aun así podría seguir negociando en una situación de no ruptura, con pésimas condiciones. En caso de romper, esto significaría la posible degradación de deudas no solo de Argentina sino de países en una situación semejante, lo cual podría redundar en una caída de las cotizaciones de los fondos de los acreedores.

Todo lo anterior impacta sobre los términos concretos de la oferta argentina, tanto en la tasa de interés, como en los plazos de mora y las posibles quitas de capital. Largo se ha discutido la posibilidad de incluir lo que se conocen como “endulzantes”, ligados a aumentos del PBI o de las exportaciones. Pero en un mundo sumido en una crisis de duración incierta, donde se ha interrumpido el comercio internacional y la inversión mundial, resulta sospechoso que ésta puede ser la manera de recuperar la economía y lograr un acuerdo de pago sustentable.

La situación es muy delicada y se juega a contrarreloj. Entre otros resultados, llegar a un acuerdo con los acreedores podría conducir a profundizar el modelo extractivista con el fin de aumentar las exportaciones, estrechando los vínculos con el agronegocio y la megamineria, o disminuir las capacidades del gobierno en la toma de decisiones respecto de medidas económicas o políticas públicas.

La crisis ha profundizado múltiples necesidades sociales, a las cuales no se les podrían destinar recursos debido a estar asignados al pago de la deuda. Implicaría, además, desmontar las regulaciones de las cuentas externas que han permitido que la crisis no sea más severa, como los controles de capitales que han impedido que la fuga de divisas hacia el exterior fuera aún peor. Esto se midió durante la última semana por la vía de la calificación de riesgo, que mantuvo a la economía argentina como mercado emergente en lugar de rebajarla a economía de frontera. Son tecnicismos que expresan la presión que se ejerce sobre la soberanía argentina en la disputa por poder o no aplicar medidas que solucionen sus problemas sociales.

Aún no sabemos con certeza los términos de un posible acuerdo. En caso de lograrlo, vale señalar que esperan en la fila el FMI y el Club de Paris, con deudas importantes desde el punto de vista de los efectos sistémicos, mientras que nuestra economía aún necesita paliativos para no caer todavía más profundo. Desde este lugar, entendemos que, tal como propone la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, es necesario detener los pagos e iniciar una auditoria no solo contable y legal, sino integral. Con estos elementos se detendría la continuidad de este ilícito pero además se le podría dar una guía distinta al sistema económico mundial, poniendo sobre la mesa la importancia de los pactos internacionales firmados en defensa de los Derechos Humanos que, en el caso de Argentina, y a diferencia de los acuerdos económicos, tienen rasgo constitucional.