La ley dice si, el hospital lo niega

La ley dice que si, el hospital lo niega

Por Jesica Farías y Laura Salomé Canteros. Una nena de 13 años fue violada y está gestando. Obligándola a una maternidad no deseada, el cuerpo médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno se niega a practicar un aborto legal.

 

Un mes atrás, Susana confirmó que su hija, quien apenas supera la década, fue abusada. El perpetrador fue su padrastro, lo que demuestra la vulnerabilidad a la que están sometidas las mujeres cuando el hogar se transforma en el espacio más inseguro. “Mamá te tengo que contar algo”, dijo la nena entre lágrimas. Un eslabón más de una cadena de violencias, que se hizo más pesada cuando la joven decidió discontinuar la gestación.

“Yo no quiero tenerlo, quiero ir a la escuela”, la niña fue contundente. Su decisión está avalada por el Código Penal argentino que no sanciona los abortos en los casos en que corra riesgo la vida o salud de la mujer gestante o que el embarazo sea producto de una violación (Artículo 86, inciso 1 y 2). Dos años atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -a través del fallo F.A.L.- volvió a precisar que no deben ser judicializados, pero las y los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, se niegan a realizar la práctica. 

Ir en contra de la voluntad y de las leyes

“Obligarla a continuar un embarazo producto de una violación es anticonstitucional y el riesgo para la salud de la niña es mayor con cada semana que pasa”, reflexionó Stella Maris Manzano, médica tocoginecóloga e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. La profesional de la salud repasó junto a Marcha las argumentaciones que el cuerpo médico del hospital bonaerense esgrimió para evitar la interrupción. Mientras el director del establecimiento, Rubén Rossi, declaró a medios locales que se negaba la práctica “por entender que estaría en riesgo la vida de la niña”, la profesional de la salud refuta, “dicen que aborto es hasta las 20 o 22 semanas y esto es falso”.

“Lo que no es parto, es aborto. Si no hay viabilidad fetal es aborto. Vemos como las cifras se corren para el lado que conviene, a fin de impedir que las mujeres aborten. Al negarle la práctica médica segura, se le está produciendo además, un grave daño psíquico al pretender obligarla a traer un hijo no deseado a este mundo, de robarle lo que le queda de niñez para convertirla en madre”, arremetió Manzano. Por su parte, Nina Brugo, abogada penalista y especialista en derechos de las mujeres, también fue tajante sobre el protocolo de atención de los abortos no punibles a nivel nacional -conocido como Guía-, “en ningún momento dice que puede hasta tanta o cual semana”. Y agrega “no corresponde que una guía, no obligatoria determine sí contempla procedimientos aconsejables hasta las 12 semanas o hasta las 15” ya que “no puede un protocolo distinguir o señalar impedimentos que la ley no hace, léase el Código Penal, como tampoco para añadir lo distingue la doctrina surgida del caso F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia”.

El fin de semana, la niña tuvo contracciones y otros padecimientos e ingresó al establecimiento. Allí dio a conocer su decisión, que fue acompañada por la declaración jurada por violación y el consentimiento para la realización de la intervención, únicos requerimientos que solicita el Protocolo de Atención de Aborto No Punible en la provincia de Buenos Aires de acuerdo con el fallo del Máximo Tribunal de Justicia. No bastó: el cuerpo médico sostuvo la objeción de conciencia, que puede ser personal pero que nunca debe extenderse al servicio, el que siempre debe garantizar la realización de la práctica.

Al respecto, Manzano reflexionó: “Ya es hora de que el Estado comience a sancionar a los médicos y médicas que no respetan la ley. No existe objeción de conciencia permitida para atender a ningún paciente varón, aunque elija morir. No puede haberla contra una niña”.

El repudio a las violencias y la revictimización

Mientras el hospital niega lo establecido por la ley desde hace casi cien años y la provincia de Buenos Aires a través de su Ministerio de Salud incumple el fallo de la Corte, la salud de la niña –víctima de violencia psicológica, física y sexual en su hogar y maltratada institucionalmente por personal del nosocomio durante su internación-, sigue en riesgo, y no por un aborto no punible sino por el freno que ponen las y los profesionales, quienes alguna vez juraron socorrer a las personas.

Desde la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, exigen la realización de la práctica de interrupción del embarazo a la niña porque “no se puede negar el derecho”. Enfatizaron que las “máximas autoridades, la Directora asociada Mariana Dunayevich y el Director Rubén Rossi, quienes declararon que no van a realizar el aborto” son responsables de la violencia institucional ejercida sobre la menor, ya que durante su internación en el hospital público, sufrió el constante acoso del cuerpo médico y del personal del servicio, presionándola para disuadirla de su decisión”. Y sostienen que “las dilaciones perpetradas por el establecimiento afectaron profundamente la salud psicológica y física de la niña, y lesionaron su autonomía, su libertad reproductiva, su derecho a la intimidad”.

Finalmente las integrantes de la Campaña, manifestaron el repudio para con el “accionar del personal del Hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno” anticipando que llevarán adelante “las acciones necesarias para que las/os responsables de esa decisión que va contra la ley y los derechos humanos de las mujeres, sean sancionadas/os penalmente”.

 

Desde las 10 se realizará una concentración en la Casa de la provincia de Buenos Aires, Callao 237, CABA para exigir, por la salud de esta niña, la realización de la interrupción legal del embarazo en el servicio público.