La liberación de la Madre Tierra de los pueblos indígenas del Cauca colombiano (I)

Por Tomas Astelarra

En una nueva avanzada de la recuperación de sus territorios ancestrales, las comunidades indígenas del norte de Cauca, tomaron cuatro haciendas azucareras del importante empresario colombiano Ardila Lule. Un paso más en una larga historia de resistencia contra el capital multinacional y quizás también un punto de quiebre en las políticas de Juan Manuel Santos y sus diálogos de paz con las FARC.

Un proceso de “liberación” de la Madre Tierra. Así han denominado los pueblos originarios del Cauca (zona sur del pacífico colombiano) a esta nueva etapa de recuperación de tierras que comenzó en los 70as bajo el legado del líder indígena Manuel Quintín Lame (que encabezó a principios de siglo una serie de revueltas populares) y el cacique Juan Tama (líder de la resistencia a la conquista española). Nacía el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que, en una alianza entre campesinos indígenas y profesionales de las ciudades, lograron la recuperación de 544.000 hectáreas para proyectos autonómicos (bajo la forma legal de los cabildos españoles) y presionar al estado para la aprobación de numerosos artículos a favor de los pueblos originarios en la reforma constitucional del 91. Comenzó la recuperación de su cultura, proyectos de autogestión económica, corredores ambientales, salud y educación popular. En 2004, la multitudinaria marcha a pie del Cauca a Bogotá denominada la Minga de los Pueblos, en reclamo del respeto a los derechos humanos y los territorios y contra la firma del TLC, logró conectar estos movimientos con el resto de expresiones de la resistencia social en Colombia.

“La primera acción y fundamental es la resistencia de los pueblos en cada etapa, desde la conquista española hasta ahora. Se ha conocido quien es el agresor, qué estrategia usa, que propósitos tiene, y teniendo claro eso se reorganiza el pueblo apropiándose de lo que necesite para resistir la agresión. Ver, pensar y actuar. Ese es el marco general. Y ahí llega esa agresión del neoliberalismo, el Plan Colombia, de la globalización y las multinacionales que son las beneficiarias de esto. Ese es el tema de fondo: lo que se analizó desde el Cauca con todos los pueblos indígenas de Colombia es que antes los terratenientes venían para crear grandes haciendas y explotar la tierra y a los indígenas, afros y campesinos. Lo que cambio en épocas recientes fue que ahora la disputa territorial es peor y es con un actor distinto, supra y transnacional corporativo: un actor externo. Esto se da en todo el país y genera la necesidad de hacer alianzas internas y con el mundo, con otras poblaciones afectadas por la misma política”, cuenta Manuel Rozental, fundador del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). “Si hace 40 o 50 años los pobladores de Irak me hubieran preguntado por qué iba a haber una guerra en su territorio, mi respuesta hubiera sido clara: están parados en el centro energético más importante del planeta. Así que si hoy ustedes me preguntan por qué los están matando, la respuesta es simple: están parados en uno de los centros hidrográficos más grandes del planeta”, explica el experto en geopolítica y columnista de Le Monde Diplomatique, Hernando Gómez en un aniversario de la recuperación de tierras del resguardo de Ambaló, perteneciente al CRIC. A través de diapositivas muestra a la comunidad reunida un mapa de los grandes megaproyectos multinacionales en Colombia (biodiversidad, petróleo, oro, el canal Atrato-Truando, paralelo al de Panamá, la ruta panamericana, los grandes puertos, oleoductos, gaseoductos, y proyectos de palma africana para elaborar agrodiesel). Paso seguido, exhibe un mapa de los grupos paramilitares que no se han desmovilizado y a los que los analistas han bautizado con el eufemismo de Bandas Criminales Emergente (BaCrim) con el fin de enterrar la sangrante historia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables, según demuestra numerosas investigaciones judiciales, periodísticas, de organismos derechos humanos y hasta el propio congreso de la Nación, de cientos de masacres y fosas comunes, desplazamientos masivos y una contrareforma agraria en beneficio de empresarios locales y multinacionales (en complicidad con estos y el gobierno colombiano).

La coincidencia es asombrosa: ahí donde están los grandes megaproyectos están los paramilitares que no se han desmovilizados. Y también, por supuesto, los pueblos originarios.

“Uribe hizo el trabajo sucio y ahora Santos es el representante de la oligarquía que viene a administrar sus políticas. Los crímenes paramilitares han quedado con total impunidad con la Ley de Justicia y Paz y ya se ha traspasado la mayor parte de la tierra a las multinacionales”, explica el investigador Geraoid O’Loingsigh. “Es el momento en que hay que desarrollar los grandes megaproyectos. Colombia se quedó atrasada en inversiones y es un país donde la mayoría de la población vive en zona de montaña (casi el 60%). Cuando llega la necesidad de los grandes negocios financieros, los grandes megaproyectos, es necesario entrar a la unidad de la propiedad del suelo y la guerra se dio de manera cruenta”, aclara Gómez. “El general Pace, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (después comandante en la guerra de Irak y finalmente comandante de todas las fuerzas de los EEUU), ya explicó al congreso de los Estados Unidos en los sesentas que eran cinco los motivos de seguridad nacional en el continente: agua, oxigeno, petróleo, biodiversidad y minería. Inmediatamente después sale el documento del Plan Colombia. Y el documento de este plan, elaborado en Estados Unidos, habla de una ocupación territorial para acceder a recursos vitales para las corporaciones transnacionales y el capital al que representa y sirve a los Estados Unidos. En la zona del Norte del Cauca hay todos esos recursos, pero además es un corredor estratégico entre la costa pacífica y los llanos orientales, y ante todo, es el corazón de la resistencia popular no violenta (lo que no quiere decir pacífica) al proyecto de ocupación territorial”, explica Rozental. Es por eso que los pueblos del Cauca (indígenas, campesinos y afrodescendientes) han sido desde hace décadas víctimas de la guerra colombiana. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Cohdes) registró en 2013 203.976 personas desplazadas, llegando a 5.7 millones el número total de víctimas de la violencia desde 1985, transformando a Colombia en el segundo país con mayor números de desplazados después de Siria. Cauca con 8.223 desplazados registrados fue en 2013 la zona de mayor conflicto. La historia reciente de la región cuenta con numerosas masacres paramilitares como las del Naya o El Nilo, invasión militar de asambleas comunitarias y cientos de asesinatos sistemáticos a líderes comunales. “El Plan Colombia combina terror y guerra con propaganda y política pública. El Plan Colombia habla de consolidación, que es la transferencia de recursos de programas sociales: salud, educación, vivienda, alimentación, mercados, al control de los militares. Es zanahoria y garrote. El mensaje para la población es: una de dos, o usted se somete a estas políticas y a cambio entrega el territorio y el trabajo a las multinacionales o recibe palo. A eso termina contribuyendo la insurgencia en el norte del Cauca, que está en el ámbito de influencia de las FARC. Los planes de las ONGs y el estado crean divisiones en las comunidades, eliminan las políticas comunitarias, sustituyendo por ejemplo los cultivos y la producción colectiva en beneficio propio y en últimas, del régimen, es decir, de la acumulación de las transnacionales. Si las comunidades no aceptan, la respuesta es que no hay plata y hay guerra. Llega la insurgencia y el ejército a ocupar el territorio con entre 15.000 a 30.000 soldados, además de policía y toda clase de inteligencia militar, y al mismo tiempo se ve más FARC que nunca en la historia del norte del Cauca, transformando el territorio ancestral y autónomo en un teatro de operaciones militares. Esa es la dinámica que se está viendo en torno a los pueblos indígenas de todo el país”, aclara Rozental. Es por eso que ante la noticia de los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la ACIN aclaró en un comunicado: “la sociedad colombiana es más que el gobierno y la guerrilla, y no puede ser excluida de la negociación. Las organizaciones de la sociedad civil debemos tener un lugar protagónico en el proceso que se inicia, y no solo ser invitados de piedra”. Que el diálogo de las FARC cese en tiempos de nuevas recuperaciones de tierras y reivindicaciones campesinas no es casualidad, sino una nueva excusa para generar la guerra que justifica el desplazamiento masivo y avance sobre los territorios originarios.

Que los supuestos ataques del histórico movimiento guerrillero hayan sido precisamente en el Cauca, lugar de vital importancia geoestratégica para los proyectos multinacionales y, en paralelo, la resistencia de los pueblos, no es casualidad.