La liberación de la Madre Tierra de los pueblos indígenas del Cauca colombiano (II)

Por Tomas Astelarra

La comunidades indígenas del Cauca, sur del pacífico colombiano, han retomado parte de sus territorios ancestrales, hoy propiedad del importante empresario Ardila Lule. Un paso más en una larga historia de resistencia contra el capital multinacional y quizás también un punto de quiebre en las políticas de Juan Manuel Santos y sus diálogos de paz con las FARC.

Abel Coicué es parte del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN). Como director de la radio Pa´Yumat ha participado en numerosas reuniones de comunicadores populares a nivel nacional e internacional, expresando y tejiendo la lucha de los pueblos en sus territorios contra los planes económicos del estado y las multinacionales, pero también llevando al mundo una causa personal: el 16 de Septiembre de 2011 los combates entre la guerrilla y el ejercito colombiano mataron a Maryi Vanesa Coicue, su hija, de sólo 11 años.

Si fue casual o casual no se sabe. Cómo todas las verdades en Colombia, un país donde el estado ha sido acusado de engendrar miles de “falsos positivos”, jóvenes de barrios marginales asesinados y exhibidos en televisión como guerrilleros capturados o ser responsable junto a la mutinacional petrolero Oxy Petroleum del atentado a la sede de las Organizaciones Sociales de Arauca que en 1998 provocó 17 muertos (7 niños) y 25 heridos (atentado que un principio fue adjudicado a las FARC). Como actual gobernador del resguardo de Huellas-Caloto, Abel ha tomado parte del proceso de “liberación” de la Madre Tierra, una etapa más en el proceso de recuperación de tierras en el Cauca (sur del pacífico colombiano).

“¿Por qué la liberación de la Madre Tierra? Es un tema fundamental para nosotros y para toda la humanidad. Tenemos un planeta totalmente descompuesto. El clima es impredecible por la contaminación que tenemos. El sentido de Liberar la Tierra viene de los mayores, los sueños, la sabiduría de los mayores. Los territorios convertidos en mercancía, puestos en venta para explotarlos, destruyen la vida. La tierra no es mercancía, es nuestra madre y debemos ponerla en libertad. Todo lo que sucede es para enfermar más la tierra y esa enfermedad se trata liberando la Madre Tierra”, explica.

“Después de realizar 74 asambleas para recordar el devenir de la comunidad nasa, en Corinto y su relación con los demás pueblos, más de 10.571 personas decidieron liberar la Madre Tierra, por la fuerte afectación al ecosistema, la apropiación de las fuentes de agua, la deforestación, la perdida de la biodiversidad y otros problemas que afectan directamente a la calidad de vida. El 16 de diciembre del 2014, la comunidad indígena decidió recuperar las tierras que les fueron arrebatadas usando el método de la violencia, el destierro y la expropiación a los indígenas; aun los ancianos recuerdan como se apoderaron de estas tierras los terratenientes, cuando estas eran tierra de los indígenas, quemaron las casas, violaron las mujeres, matando los niños y destruyendo sus cultivos, aun estas imágenes permaneces latentes y les fueron transmitido a sus hijos”, dice el comunicado de la ACIN justificando el proceso de recuperación de tres fincas de la empresa INCAUCA en Corinto, y luego la Hacienda La Emperatriz y la vía Panamericana entre Cali y Popayán, en torno de la Hacienda La Agustina.

INCAUCA es la mayor productora de azúcar de Colombia, propiedad del poderoso empresario Carlos Ardila Lülle (dueño de la fábrica de gaseosas Postobon, el multimedios RCN y el Club Atlético Nacional de Medellín, entre otras empresas). “Esa tierra es para producción de azúcar y agrocombustibles y utilizan el agua que se cultiva en las montañas, que la hacen los pueblos indígenas. Por eso decimos que esa tierra, ese agua, está siendo esclavizada por el capitalismo y por eso vamos a liberarla. La comunidad no va a salir de esas fincas en ningún momento, eso no es negociable. Los dueños de esas fincas deben ofertarlas, ponerlas en venta y el gobierno debe comprarla y entregarlas a sus legítimos dueños. Pero sabemos, la entrega de esas cuatro fincas no va a depender de la voluntad del gobierno sino de la de los pueblos y el apoyo de la comunidad internacional”, asegura Mauricio, miembro del Tejido de Comunicación de la ACIN.

En Colombia 0,4% de los propietarios abarca el 60% de la tierra. Desde 1986, las 140 mil hectáreas de ese cultivo que endulza el café de las grandes ciudades (y que como bien explica Eduardo Galeano en sus Venas Abiertas de América Latina sirvió para desertificar Haití y el norte de Brasil), se han convertido en 225 mil. Mientras las y los trabajadores de la industria, los llamados cañeros (con quienes las organizaciones indígenas ya se había contactado durante la Minga de los Pueblos) ganan 400 mil pesos al mes (muy por debajo del salario mínimo legal vigente), los ingresos del conglomerado económico Lulle ascienden a más de 6 billones de pesos al año. Por otro lado, los pueblos del Cauca han venido siendo desplazados de las zonas altas por el avance de la minería y una reciente y densa historia de masacres paramilitares como las del Naya o El Nilo.

Documentada la participación del gobierno de Álvaro Uribe Velez en estas masacres, la Corte Interamericano de Derechos Humanos falló a favor de las y los indígenas obligando al Estado colombiano a indemnizarlas/os y otorgarles 14 mil hectáreas y 20 mil millones de pesos. Obviamente dicho fallo no se ha cumplido. Explica Paulina, miembro de las comunidades: “El gobierno pretende echarnos de acá porque ha hecho estudios y estas tierras les puede generar mucha ganancia al capital. Arriba: oro. Abajo etanol. La explotación minera y el agronegocio. Por eso nos quieren sacar. Resistimos en la parte alta y ahora bajamos. Hacemos reforestación y protección. Nos atropella la fuerza pública, nos maltratan. Somos el escudo en la guerra entra actores armados. Tenemos heridos, no tenemos paz.

Desde el Congreso de Jambaló se decidió “liberar” la Madre Tierra y estamos cumpliendo la decisión colectiva. Es un proceso que trabajamos durante un año, socializando, conscientizando. Nos trajo a asentarnos en esta finca el estar abandonadas como comunidades por parte del Estado. Todos los lugares que habitamos está concedidos a mineras. Todo el territorio está militarizado”. Los diferentes comunarios (en su mayoría desplazados de otras regiones y con un historia de muertes familiares y extrema violencia) tomaron pacíficamente las haciendas, cortaron la caña, se la entregaron a los encargados del predio, y en ese mismo lugar sembraron frijol, plátano y maíz para su subsistencia. El hallazgo de numerosas huacas (tumbas indígenas) en el predio confirmó la propiedad de los pueblos originarios sobre ese territorio. Enseguida enviaron su mensaje de negociación a la empresa y el gobierno. La respuesta fue inmediata: “Prefiero gastar en mil ataúdes que darles las tierras”, dijo personalmente Ardila Lulle al delegado de las comunidades. “Invaden la tierra de nuestros patones”, dice el mensaje de amenaza del grupo paramilitar Águilas Negras. Automáticamente el gobierno comenzó un proceso de represión que es el mismo que se ha venido dando en los últimos años (¿siglos?).

Las fuerzas del ejército y el famoso Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) se hicieron presentes en el predio provocando cientos de heridos y la muerte de Fiderson Guillermo Paví Ramos, un joven de 19 años, padre una bebé de nueve meses. Su padre, Guillermo Paví, líder indígena que participó en las ocupaciones a la finca Japio en la década del 80 y llegó al Concejo Municipal de Caloto, fue asesinado en el año 2000 por la FARC. No es casualidad que el cese al fuego de esta antigua guerrilla latinoamericana halla sido en estos territorios en disputa.“Hay armas que no están permitidas, el gas pimienta, no está autorizado por las normas de salud, pero sin embargo ellos los están utilizando. Hemos tenido muchos heridos, que han sido atendidos, pero también han venido muchas amenazas, panfletos de las Águilas Negras, mensajes de texto, llamadas que ponen en temor de lo que pueda pasar mas adelante. El ejército hoy está posicionado y nosotros sabemos por la historia que tras esto vienen los paramilitares, que son los mismos, que se ponen otro uniforme y vienen a matar. Pueden haber masacres más adelante o también como ya lo vienen haciendo, asesinatos selectivos. Hay compañeros asesinados, desaparecidos, los medios de comunicación también están desinformando mucho”, cuenta Abel.

“Hay muchas organizaciones sociales que han están de nuestro lado”, prosigue, “nos han estado acompañando. Si vamos a escuchar a las y los mayores, este tema de la liberación de la Madre Tierra se está iniciando desde el 71 hacia atrás y los jóvenes tenemos que continuarlo. No estamos luchando solo para los pueblos indígenas, sino para todos, los afros, los campesinos, los mestizos”. Ardila Lulle quiere ser dueño de todo, y sabiendo que ahora nosotros, los dueños, bajamos a reclamar nuestros territorio, nos amenaza. La pelea no es ni con el gobierno, sino con los grandes empresarios, las grandes multinacionales. Queremos dejarle claro que no estamos sordos, muchos países nos están viendo y yo se que nosotros tenemos muchos aliados, que les quede claro que para tocar un indio acá tienen que pensarlo. Por mas que está guardadito ahí, algún día tenemos que vernos las caras, porque nosotros tenemos que hablar directo con él. Ese es mi mensaje como representante de la comunidad”, cierra Paulina.

 

Primera parte:

La liberación de la Madre Tierra de los pueblos indígenas del Cauca colombiano (I)