La lucha por el aborto legal: de la esperanza a la violencia estatal

Se presenta por octava vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Tras el debate legislativo y social del año pasado y el rechazo del Senado, la reacción conservadora tortura en nombre de “las dos vidas”. Un pacto de machos vigente y el feminismo que está destinado a vencer. 

Por Laura Salomé Canteros / Foto: Cobertura Marcha 8A

Se presenta hoy, por octava vez consecutiva, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ante el Congreso de la Nación. Sin embargo, no será una presentación más: aun resuena en la memoria colectiva el grito de esperanza que recorrió las ciudades del mundo tras la media sanción en Diputados el 14 de junio de 2018. Y claro, también el eco de un país que ya no existe: aquel en el que existió la posibilidad de garantizar y ampliar el acceso a la salud de más de la mitad de su población.

Pretender acallar una demanda histórica es casi tan ingenuo como sostener que es solo reforma y no revolución modificar un Código que se sancionó cuando las mujeres aun no votábamos. El Congreso de la democracia -y quienes lo vuelven más o menos funcional-, pasó de omitir sus responsabilidades institucionales a ser un testigo de privilegio de la crueldad de la mano invisible del Estado neoliberal. Es que desde el 8 de agosto de 2018, día en que este artificio le volvió a fallar al pueblo organizado rechazando una Ley de aborto voluntario, la reacción conservadora atacó desde todos los sectores y con todas las estrategias posibles a las más desprotegidas: niñas y adolescentes violentadas sexualmente, habitantes de ciudades secuestradas por el terrorismo religioso a quienes no se les garantizó el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Esa crueldad no es lo suficientemente repudiada desde las instituciones y de sus funcionarios que, de todos los colores políticos, en el mejor de los casos, accionan en silencio como si le hicieran un favor al Estado de derecho. Por el contrario, no accionar y/o repudiar la tortura que significa obligar a gestar y parir a una niña, convierte al machismo cotidiano en expresiones de la violencia estatal.

“Lucía” se llama. Que no se nos olvide

En mayo de este año se conoció la historia de “Lucía”, una niña de 11 años, que fue embarazada producto de una violación y obligada a gestar y parir. Originaria de un pueblo, en el límite de Tucumán con Santiago del Estero y Salta, “Lucía” fue torturada durante 25 días por profesionales de la salud y por curas, bajo la atenta complicidad de Gustavo Vigliocco, secretario ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), el segundo en orden jerárquico dentro del Ministerio de Salud.

Lucía es una de las 137 niñas que por año dan a luz en Tucumán, un territorio en el que les adolescentes y jóvenes no tienen acceso a la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673) ni al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ella es el símbolo de todas las niñas que son forzadas a maternar y a dejar de ser niñas por un Estado -y sus funcionarios- que deciden actuar según preceptos religiosos y morales.

En enero pasado, una niña de 12 años llegó a un hospital de Jujuy con un fuerte dolor abdominal. Les profesionales médicos detectaron que cursaba un embarazo de 24 semanas y la menor denunció que había sido violada por un vecino de 60 años que la amenazó con matarla si hablaba. Ella y su madre solicitaron que se le realice un aborto, contemplado por la ley, pero los médicos la derivaron a otro hospital, la mantuvieron varios días internada y finalmente por la fuerte presión política le realizaron una operación cesárea. A principios de abril, en San Juan, otra niña de 11 años denunció que había sido abusada por su padrastro que la violentó y embarazó. Aunque en principio hubo resistencias, y un grupo de antiderechos intentó obstaculizar la práctica, le realizaron la ILE.

El pacto de caballeros es punitivo: es mantener en pocas manos el poder de castigar

El “pacto de caballeros” no lo inventó Dujovne. Tiene décadas. O siglos. Es una expresión más de lo que las feministas comunitarias llamaron “entronque patriarcal” al denunciar que los varones indígenas se aliaron a los varones mestizos y europeos para matar, violar, esclavizar y dominar con el régimen de cuidados y de maternidad obligatoria a las mujeres de la Nuestra América. Es el pacto que hoy se re- construye para obstaculizar y hasta destruir -sea material o simbólicamente- los avances de los movimientos de liberación femeninos en todo el mundo; y que tiene en Europa, Brasil y Centroamérica sus versiones más tiranas: siendo programa del fascismo y ocupando curules para odiar en nombre de “dios y las sagradas escrituras” y como política de Estado.

Entre los objetivos de este nuevo “pacto de caballeros” se encuentra el perpetuar el poder de vigilar, controlar y castigar en unas pocas manos. Esta alianza conservadora también está conformada por dirigentes y/o referentes de organizaciones populares, movimientos sociales y sindicales; quienes seguramente respiraron aliviados tras el freno explícito del Senado, amenazados por un movimiento feminista que demostró que es denuncia y propuesta de cambio; que es debate cultural e incidencia en leyes y políticas públicas; que es organización y masividad; que es racionalidad y esperanza.

Sin embargo, ante esta expresión de época, la demanda por el aborto legal no cesará porque es histórica. Y así lo manifiestan quienes integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, articulación política que surgió hace 14 años como acuerdo y herramienta de un Encuentro (Pluri)Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, cosechando innumerables acuerdos y experiencias. La Campaña es bandera rebelde de un feminismo sin fronteras que es parte de las luchas por la liberación de los pueblos. Porque se trata de devolver a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar el estatus legal de personas, de reconocer un derecho deshaciendo una punición discriminatoria que se ejerce sobre una parte de la población volviendo a las legislaciones letra insensible en libros inservibles al no ser adecuadas a las prácticas sociales.

Consagrar el aborto legal es desobedecer a los pactos existentes para terminar con el castigo -injusto y probable- que se nos impone solo por tener la capacidad de gestar. Es terminar con el paradigma de un Estado que ya nació viejo; ese que sostiene tipos penales que criminalizan solo a las mujeres y que ponen en riesgo la legitimidad de sus propias instituciones al desoír una propuesta masiva de resolución de una problemática de salud pública grave como sucedió el 9 de agosto pasado. Consagrar el aborto legal es terminar con el Estado que perpetúa la discriminación, punición, criminalización y maternidad obligatoria. Porque el sostener el aborto como delito perpetúa las desigualdades sociales que se materializan en el acceso a un aborto seguro. Las que tienen dinero abortan seguras, y las que no, corren riesgo en su salud o de vida (…) algunas quedan con gravísimas consecuencias, y otras mueren.

Porque mientras nos distraen con la disputa mainstream en que quieren transformar a esta lucha; o con la voz de dirigentes o dirigentas que pretenden volver la disputa al interior del movimiento; o con la desinformación, el caos virtual y el hostigamiento en hospitales públicos y privados sobre niñas y profesionales de la salud que garantizan derechos, pierden las de siempre. Por eso, por las olvidadas. Por las “Belén”, las “Juana”, las “Lucía”, seguimos exigiendo el reconocimiento de un derecho y el cumplimiento de las leyes vigentes. Hoy, del Congreso a las calles y de las calles al Congreso volvemos a decir: ¡aborto legal ya!