La Masacre de Curuguaty y el peligro de una “sentencia cantada”

Por Gustavo Torre* desde Asunción

Comenzó el juicio por la “Masacre de Curuguaty”, hecho que se convirtió en el pretexto para el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en junio de 2012. En el banquillo de los acusados están sentados 13 campesinos y ningún policía. Un recorrido por los factores más importantes para comprender los entramados del proceso, su trasfondo y la persistencia de injusticias que se reproducen sistemáticamente en el Paraguay.

 

Luego de la postergación de un mes (el 22 de junio era la última fecha prevista), este lunes comenzó en Asunción el juicio por la “Masacre de Curuguaty”, ocurrida el 15 de junio de 2012 y que dejó como saldo 11 campesinos y seis policías muertos. Hay varios factores a tener en cuenta para comprender este proceso judicial. En primer lugar es necesario desmantelar una crucial paradoja: los campesinos procesados no deberían demostrar su inocencia ya que son, justamente, las principales víctimas del perverso sistema judicial, pero también del modelo económico basado en la agricultura latifundista para la exportación y de un Estado que los considera prescindibles.

Otro factor, no menos importante, es que los 13 imputados (12 más una joven que era menor de edad cuando sucedieron los hechos y que será juzgada en un juicio separado) y sus familias cargan sobre sus espaldas un proceso histórico de por lo menos ocho años. Un proceso que incluye la imposibilidad del gobierno de Fernando Lugo de realizar una reforma agraria, las denuncias sobre las tierras “malhabidas” apropiadas ilegalmente por los latifundistas, el golpe parlamentario del año 2012 a un gobierno elegido democráticamente, la presidencia de Federico Franco, entonces vicepresidene de Lugo, quien en 14 meses de gobierno aprobó nuevas semillas transgénicas; la elección del actual presidente Horacio Cartes del Partido Colorado, empresario financiero, sojero (entre otras cosas), la aprobación de una ley que permite al gobierno militarizar parte del país “en pos de la seguridad interna”. Por todo este proceso histórico cargado sobre las espaldas campesinas, la justicia paraguaya arremete contra los principios básicos de los derechos humanos, condenando de antemano a los 13.

Para lograr un grado mayor de transparencia, imparcialidad y justicia en el juicio oral, las organizaciones paraguayas e internacionales convocaron a observadores nacionales e internacionales entendiendo que no existen las condiciones del debido proceso, plagado de aberraciones jurídicas y de abusos.

El lunes, finalmente, comenzó el juicio después de tres años y un mes de espera, dilaciones y tres suspensiones basadas en argumentos ridículos (la última vez se suspendió por falta de salas en el Palacio de Justicia). El comienzo fue sorpresivo, ya que los procesados decidieron cambiar el equipo de abogados defensores, quienes sostenían la defensa desde hacía tres años basados en un trabajo profundo y comprometido.

Ese equipo, encabezado por Vicente Morales y Guillermo Ferreiro (quienes nunca dejaron de buscar la verdad, lo que realmente pasó en Curuguaty) fue sumariado por la justicia paraguaya por ejercer el derecho de defensa de los acusados demostrando la perversidad del sistema jurídico. El sumario sería resuelto una vez finalizado el juicio, por lo tanto quedaría sujeto a la sentencia. Esto significa que los abogados defensores llegaban al juicio con una amenaza de castigo ejemplificadora. Es decir, hoy este equipo también es víctima, dado que la resolución no fue dictada aún.

Ante esta situación, las organizaciones que vienen acompañando a los procesados sostienen más que nunca la defensa de los campesinos procesados y llaman a la comunidad nacional e internacional a observar el juicio con el fin de frenar lo que califican como “una condena cantada”. Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, estuvo presente los dos primeros días del juicio, y fue obligada a entrar a la audiencia sin el pañuelo ni la foto de su hijo desaparecido. El juicio se reanudará el próximo lunes.

A la nueva defensa de los acusados se le dio un plazo de tres días para estudiar las 7.500 fojas del expediente. De esta forma se está impidiendo que se ejerza el derecho a la defensa. Siguiendo con las aberraciones judiciales, el juicio paralelo a la menor “RRVO” fue suspendido hasta noviembre, utilizando argumentaciones burocráticas difíciles de sostener. El proceso contiene tantas irregularidades como el que se prosigue a los campesinos adultos: primero, se la acusa de ser el “señuelo” para emboscar a 350 policías con armas de fuego y dos helicópteros, según el fiscal Jalil Rachid; segundo, no se le realizó la evaluación psicológica, fundamental para determinar el grado de madurez en que se encontraba, volviendo nulo todo el proceso; tercero, la adolescente fue asistida por la defensoría oficial de una manera negligente y dejando a “RRVO” en estado de indefensión.

Al reiniciarse el juicio oral, las organizaciones nacionales e internacionales estarán presentes en la sala de audiencias junto a los procesados y sus familias exigiendo transparencia e imparcialidad. Pero también justicia, tierra, libertad y reparación.

* integrante del Grupo CHIPA (Cultura, Historia, Ideas, Política y Arte de Paraguay) de la Universidad Nacional de General Sarmiento

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