La masacre de Curuguaty y un juicio que consolida la impunidad

Por Rocco Carbone y Gustavo Torre*

Este lunes se cumplen tres años de la masacre de Curuguaty, aquel enfrentamiento que dejó 11 campesinos y seis policías muertos y desencadenó en el golpe parlamentario contra Fernando Lugo. El 22 de junio comenzará el juicio a 14 campesinos mientras que la Justicia desestimó procesar a los policías involucrados. Entretanto, se consolida un modelo de concentración de tierras descomunal y de militarización del país.

En Paraguay, la concentración de la tierra –y de los negocios alrededor de la soja– es cada vez más profunda. Se encuentra en relación directa con la expulsión y pérdida de tierras por parte de las y los campesinos: el 42% de la población es rural, mientras que, según cifras del último censo agrícola, el 2,5% de los propietarios (unos siete mil) detentan el 85% de la tierra.

Las medidas más importantes adoptadas por el presidente Horacio Cartes apuntan a profundizar ese proceso, acompañado de una política fuertemente represiva: militarización del país con el pretexto de combatir el narcotráfico y detener la amenaza de una supuesta guerrilla (el Ejército del Pueblo Paraguayo). La estrategia militarista se complementa con una serie de convenios con las fuerzas armadas de Estados Unidos para tareas conjuntas, como la que se viene realizando desde el 31 de mayo y hasta el 30 de junio con los instructores de la Guardia Nacional de Carolina del Norte.

Con una industrialización débil, los expulsados del modelo enfrentan tres opciones: partir hacia las ciudades (Asunción, Encarnación), emigrar a otros países o luchar por no ser despojados. La última opción implica ir en contra de los grandes intereses del negocio de la soja. ¿Qué hace el gobierno frente a esto? Criminaliza la protesta, como lo demuestra el juicio por la “Masacre de Curuguaty”.

El inicio del juicio, previsto para el 22 de junio, se realizará paralelamente a los ejercicios conjuntos con los marines estadounidenses (cuyo contexto es la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que permite disponer al Poder Ejecutivo de las Fuerzas Armadas de forma inmediata frente a casos de amenaza interna por terrorismo) y a la visita del papa Francisco.

La masacre y un juicio nada justo

El 22 de junio de 2012 se activó la descomposición del proceso democrático paraguayo tras los hechos en Marina Kue, masacre ocurrida una semana antes en esas tierras malhabidas que condensan la expoliación de las riquezas del Paraguay y la expoliación de los derechos humanos. Con esa masacre se derrocó a un gobierno democrático bajo un ropaje de institucionalidad jurídica.

No se vislumbran buenas expectativas en torno al juicio que comenzará este 22 de junio, en el que las y los sin tierra han sido acusados por el fiscal Jalil Rachid como responsables de lo ocurrido en Marina Kue. De hecho, y es necesario recordarlo también, ninguno de los imputados pertenece a la Policía, pese a que en la masacre fueron asesinados seis policías y once campesinos. Ninguna de las muertes de campesinos fue investigada. Ni siquiera se practicaron autopsias a sus cuerpos ni se tomaron declaraciones a los supervivientes, muchos de los cuales tenían información relevante que aportar, como quienes afirman haber visto ejecuciones realizadas por policías a algunos de los campesinos primero heridos y luego muertos.

Por la masacre están acusados 14 campesinas y campesinos. Si pensamos en la masacre de Curuguaty, en el golpe a la democracia paraguaya, en el interregno de gobierno de Federico Franco (ex vicepresidente de Fernando Lugo), en los orígenes de la legitimidad de Cartes y en la falta de juicio a los campesinos implicados en la masacre, queda claro que los derechos humanos no se han incorporado a una identidad democrática que, por otra parte, sigue siendo bastante parecida a la identidad autoritaria de antaño. Hoy, las y los campesinos de Curuguaty son la intemperie de la vida: el Estado paraguayo ha suspendido sus derechos.

El golpe iniciado en Curuguaty continúa porque reactualiza la ausencia de argumentos, de pruebas, de debido proceso y derecho a la defensa. Siguió con la imputación del fiscal a los campesinos sin elementos que ofrecieran indicios de responsabilidad en los hechos. Persistió con el arresto y la huelga de hambre límite de varios de ellos. Se prolongó con el asesinato de Vidal Vega, dirigente sin tierra, testigo clave y colaborador de las investigaciones independientes sobre lo sucedido. Prosiguió con el arrasamiento de la comunidad indígena Yva Poty del pueblo Ava Guaraní. Y persevera ahora, a tres años de esos sucesos, con la acusación infundada en contra de 14 campesinos, mientras se esfuman las posibilidades de identificar a los responsables reales de la matanza.

* Integrantes del Grupo CHIPA (Cultura, Ideas, Historia, Política y Arte de Paraguay) de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento