El Senado aprobó la creación de la Agencia Federal de Inteligencia y giró la iniciativa a Diputados. En entrevista con Diego Morales, del CELS, analizamos la necesidad de un cambio profundo en el sistema de inteligencia democrático.
La muerte del fiscal Alberto Nisman puso sobre el tapete el funcionamiento de los sistemas de inteligencia y se hizo evidente la necesidad de transformarlo. Redes de espionaje, encubrimientos y abusos son algunas de las cuestiones que motorizan la reforma de otro órgano del Estado que debería ser un servicio del país pero que, sin embargo, sirve para reproducir los usos nefastos de los diferentes gobiernos y sectores patronales y de poder.
En una entrevista concedida al programa radia La Revancha, Diego Morales, Director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), nos ayuda a entender las necesidades de encarar un cambio profundo, contemplando las virtudes y las deficiencias de la actual Secretaría de Inteligencia (SI), así como también la reforma para llegar a la futura Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
-¿Qué es lo que motiva esta reforma en el sistema de inteligencia?
-Primero, que es una deuda de la democracia. Quedó algo muy claro en términos rígidos a partir de un consenso político ineludible, que tiene que ver con la separación absoluto entre inteligencia militar vinculada a asuntos de amenaza de estados extranjeros que puedan utilizar poder militar. También es claro a partir de la Ley de Defensa Nacional, de Seguridad Interior e incluso en la Ley de Inteligencia hoy vigente, que los militares no pueden intervenir en ninguna cuestión vinculada a inteligencia. Y por otro lado me parece importante señalar que aun con ese consenso, no hubo un acuerdo fuerte para analizar la estructura interior de la inteligencia.
La segunda cuestión que motiva esta reforma y que fue señalada por el ejecutivo nacional tiene que ver con el compromiso en el marco de la causa AMIA. La participación del sector de inteligencia generó el encubrimiento del caso. Incorporaron pistas falsas que provocaron que no haya justicia en relación con el atentado o que se avance con hipótesis absolutamente falsas. Esto lo dijo el tribunal oral y también, en el marco de una causa en la Comisión Interamericana, el gobierno de Nestor Kirchner en 2005 propuso como parte de la reparación a los familiares de la victimas, la reforma de la ley de inteligencia.
Entonces me parece importante porque aparece esta necesidad de una reforma en el contexto de una situación crítica como es el accionar de los sectores de inteligencia detrás del caso AMIA en el 2015, de la muerte del fiscal Nisman, pero también aparece como una deuda de la democracia, ya sea porque es necesario reformar el sistema de inteligencia, pero también porque hubo un compromiso en 2005 de reparar esto.
-¿En este contexto, que preponderancia tiene el proyecto?
-El proyecto es relevante en cuanto a separar la posibilidad de contacto por parte de actores o sectores de inteligencia con funcionarios judiciales o funcionarios políticos. Sólo la persona que sea dirija la nueva AF será la responsable de ese contacto. Me parece que esto es importante y está en el proyecto. O la posibilidad de aplicar la ley de datos personales a todo lo que tenga que ver con información referida a personas.
Es cierto que la nueva propuesta de modificación se queda en algunos asuntos que por ahi podemos repasar, que tiene que ver específicamente con controles, mecanismos de funcionamiento o supervisión.
-¿Qué modificaciones plantearon desde el CELS al proyecto de ley que envía el kirchnerismo al Congreso?
-Hay tres puntos que nosotros marcamos y el Ejecutivo en la reforma incorporó uno. Los tres puntos tiene que ver, primero, con el seguimiento estricto de los gastos presupuestarios. Que no haya fondos reservados y, si los hay, que estén abocados específicamente a algún tipo de actividad relevante en el marco de alguna hipótesis de investigación. La segunda cuestión es en relación a la clasificación y desclasificación de la información. 25 años nos parece una exageración. Hay otras legislaciones que tienen pisos de 10 años y tienen la posibilidad de acceder a la información inmediatamente. Y la tercera cuestión, que sí en parte tomo la comisión de la Cámara de Senadores, tiene que ver con el relevamiento sobre la nomina de agentes de la SI actual que va a pasar a la AFI y en función de esa nomina poder hacer algún proceso de depuración.
-¿Crees que esos cambios que ustedes proponen van a tener eco en el FPV, para revertir los años de la SI?
-Lo que nosotros estamos pensando es que alguna de las propuestas se tomó. Hay que ver qué pasa con el debate y si otros sectores políticos plantean dar el debate, porque hay argumentos más que relevantes y es una cuestión necesaria.
-Teniendo en cuenta el rol de los servicios de inteligencia en la causa AMIA y que es conocido que interfirieron en muchas otras causas, como la de Julio Lopez; también el rol de las infiltraciones en sectores populares, ¿crees que estos cambios podrían revertir ese rol que han jugado los servicios de inteligencia?
-Ahí nosotros planteamos un dato muy específico. Hay un segundo argumento, un segundo eje que definitivamente se tiene que eliminar y es la posibilidad de que los agentes de inteligencia que pertenecen a la AFI puedan realizar operaciones de campo y a la vez puedan tener contactos o que el poder judicial pueda acceder a ellos para algunas investigaciones. Tanto en la causa AMIA como en las demás que se mencionan, la intervención de la SI estuvo motorizada a partir de una habilitación que tiene la ley actual de inteligencia para casos excepcionales, donde los jueces pueden recurrir a la SIDE. Creemos que ese es un problema. El Estado a través de sus distintos órganos, tiene actividades muy similares a las de inteligencia que están abocadas a la investigación de causas penales. Entonces involucrar en esto a actores de la SI o de la AFI, nos parece un problema porque hemos comprobado, lamentablemente, cual es el rol de los agentes de inteligencia dentro de une expediente judicial. No es colaborar, sino definir hipótesis de investigación a partir de los amplios márgenes de investigación que estos agentes tienen. La posibilidad de escuchas telefónicas, de abrir archivos. Es un punto que debe ser separado. La AFI debiera ser un órgano de análisis de información, de coordinación de las diferentes agencias de inteligencia que tiene el Estado. De ninguna manera puede tener agentes en la calle o puede realizar tareas de inteligencia por sí misma.
-¿Por qué creen en el CELS que se tardó tanto en el gobierno kirchnerista para hablar sobre este tema y tratar de reformarlo?
-En principio, es cierto, es una deuda de la democracia y los consensos políticos llegaron hasta cierto punto. La prohibición absoluta de tareas de inteligencia por parte de Fuerzas Armadas. Hizo falta otro tipo de consenso para establecer una ley de inteligencia. En 2001, en el contexto del 11 de septiembre, hubo una presión muy fuerte en Latinoamérica para tener nuevas leyes de inteligencia. Por suerte también el consenso político evitó que las fuerzas militares puedan intervenir en cuestiones de inteligencia de frontera o interior. Pero no hubo consenso suficiente para entrar directamente en el funcionamiento concreto, cotidiano, burocrático de la SIDE. De hecho, hubo una propuesta o un compromiso internacional de reformar ese sistema de inteligencia y tampoco se puedo llevar adelante. Esto es parte de la coordinación lamentable que existió en diferentes sectores políticos y judiciales. Esto también debe quedar de manifiesto. La Comisión Bicameral de análisis de tareas de inteligencia tampoco funciona como está previsto en la ley. Es una sumatoria de cuestiones que llegan a definir este escenario, donde tenemos más de 30 años sin un debate sobre la ley de inteligencia o al menos 10 años de un debate cuando existía un compromiso internacional.