La pandemia en los barrios populares: la falsa dicotomía entre economía y salud

Iniciamos el especial “Niñez sin fronteras” con una nota que da cuenta de la situación en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. En esta nota colectiva, pensamos los derechos, las posibilidades y las desigualdades que se profundizan a partir de la pandemia y el aislamiento social obligatorio.

Por el Colectivo de Educadorxs de AulaVereda* / Foto: Juan Pablo Barrientos

Desde que la pandemia del covid-19 arribó a nuestro país y se decretó el aislamiento social obligatorio para todo el territorio nacional, diversos sectores del campo popular venimos advirtiendo sobre la necesidad de evitar el ingreso del virus en los barrios populares, villas y diversas formas de vivienda precaria. Intuíamos que su multiplicación e impacto serían mucho mayores allí donde las injusticias y las desigualdades son moneda corriente. Con el correr de los días, empezó a ser cada vez más evidente que esto no era una prioridad para muches, y el ingreso del SARS Cov2 en los barrios populares se convirtió en una realidad. La toma de medidas específicas para frenar esta avanzada es hoy nula y, por tanto, no podemos esperar más que una catástrofe sanitaria que se llevará cientos de vidas.

Tomando el caso de la Villa 31, donde aproximadamente viven alrededor de 45 mil personas, se estima que hoy en día hay más de 1.100 casos confirmados positivos de Covid, con una tasa de duplicación que ronda en los cuatro días, o sea que un 2% de la población de la villa se encuentra contagiada (lo que equivaldría a unas 900 mil personas si hacemos el paralelo a nivel nacional). La tasa de duplicación nos permite estimar que si todo sigue igual, en una semana, nada más, tendríamos allí alrededor de cuatro mil casos.

Sin duda, entonces, la situación de la 31 y de otros barrios populares debería estar bastante arriba en la lista de prioridades del Gobierno de la Ciudad, así como también del Estado Nacional. La ya conocida y renombrada dicotomía entre salud y economía en estos barrios resulta falsa desde sus propias premisas, porque no hay margen para elegir entre una y otra. Ninguna se les presenta como un horizonte de lo posible, producto de las décadas de ausencia del Estado y de la negación sistemática de los reclamos de les vecines. Mientras que ya por estos días en los programas del prime time televisivo comienza a exigirse la apertura de la cuarentena utilizando las necesidades de les trabajadores como excusa, queremos traer la atención sobre estos barrios, y elaborar una pequeña reflexión respecto de lo que allí está sucediendo para no caer en visiones simplistas o soluciones mágicas de un conflicto que tiene una larga historia.

Problemas antes de la pandemia

En la villa 31, el problema del agua, que gracias al grito de Ramona cobró visibilidad, viene desde hace años por la desidia y el abandono del Gobierno de la Ciudad. Es su responsabilidad que los distintos puntos del barrio tengan acceso al agua potable de las redes de AYSA garantizando una conexión de calidad, y no las conexiones precarias que existen hoy, que a cada rato deber ser emparchadas. La superposición de actores institucionales genera inconvenientes a la hora de realizar reclamos y exigir el cumplimiento de los derechos esenciales, a lo que se suma el histórico tira y afloje que existe históricamente entre Ciudad y Nación respecto de este territorio.

A esta altura no quedan dudas de que si estos problemas existen en el barrio Padre Mugica y en otros barrios popular de la CABA, la responsabilidad es de la gestión del PRO, partido que gobierna desde hace 15 años la Ciudad. La falta de respuesta frente a las múltiples movilizaciones que año a año se vienen sucediendo frente a la Legislatura porteña (donde Cambiemos tiene, actualmente, mayoría automática) da muestra de que la actual gestión está más preocupada por hacer negocios inmobiliarios con las villas del norte de la ciudad (31 y 31bis, Rodrigo Bueno y Fraga) que por resolver los conflictos en los barrios populares del sur. Esto tiene consecuencias gravísimas para miles de familias no solo frente a esta nueva pandemia, sino frente a tantas otras enfermedades que afectan a les más pobres como el dengue, el sarampión y la desnutrición, que son moneda corriente.

El derecho a la salud es sólo uno de los tantos que cotidianamente la población ve vulnerados. La falta de planificación, la inexistencia de un proyecto integral de urbanización que tome en cuenta sus perspectivas y la disputa entre los diversos actores que gestionan, controlan y regulan estos procesos hacen a un problema estructural que requiere voluntad política y años de inversión para que las y los habitantes de estas zonas logren tener una vivienda digna y segura.

Desde sus inicios, el hacinamiento es unos de los principales problemas de las familias que residen en las villas. En una sola vivienda conviven varios hogares, donde la cantidad de metros cuadrados por persona es menos de lo recomendado y el baño es compartido por un batallón. La dificultad de circulación es otro gran problema ya conocido por muches: los estrechos pasillos impiden el acceso de ambulancias e incluso autos particulares, a lo que se suman las calles de tierra que se embarran con la lluvia, y dificultan el paso.

Por ello, el problema del acceso al agua fue la punta del iceberg para que quienes nos gobiernan pusieran el foco en las problemáticas de las y los habitantes. La denuncia de Ramona puso en cuestión esta realidad, que repercute en las posibilidades de cumplir el aislamiento. Para conseguir un poco de agua, las familias debían salir de sus casas e ir a un punto más o menos cercano, más o menos concurrido y más o menos higiénico donde conseguían uno o dos baldes para el día. Esto dificultaba prácticas esenciales de prevensión del SARS Cov2, como lavar las verduras e higienizarse las manos.

Cuando el trabajo no te encuentra en casa

Muchas de las personas que residen en las villas continúan asistiendo a sus trabajos porque no cuentan con un empleo en blanco que les permita quedarse en su casa mientras perciben su salario, haciendo home office, para lo que además es necesario disponer de una computadora propia y accesibilidad a Internet. Generar ingresos cuando se trabaja por día o a destajo empuja a que las opciones se encuentren entre quedarse en su casa y no percibir ingresos, o salir a buscarlos y exponerse al contagio. Muches de les vecines trabajan dentro de los mismos barrios, lo que implica una circulación diaria por sus calles. El no contar con un salario mensualizado les imposibilita realizar las compras semanales como se recomienda, teniendo que salir cotidianamente a comprar el alimento. Esto sumado a la falta de bancarización tanto propia como de los negocios de cercanía que se torna otro impedimento más para evitar salir de sus hogares. Así, una vez que comenzó a haber contagios de covid-19 dentro de los barrios, la exposición al virus fue recurrente.

La falta de bancarización también impacta negativamente en quienes cobran la IFE, ya que muchas familias que deben acceder al cobro por cajero automático han tenido diversos inconvenientes para quienes no cuentan con un correo electrónico propio o un número de celular a su nombre. Para ellxs la única opción es cobrar a través del Correo Argentino, lo que significa hacer horas de cola para poder tener el dinero en sus manos. La IFE otorga unos pocos $10.000 que resultan insuficientes para saldar la falta de trabajo de los miembros del hogar, si se toma en cuenta que sólo se puede cobrar uno por familia. Por otro lado, podríamos hacer una pequeña reflexión acerca de cómo el Estado Nacional se encontró con dimensiones impensadas de la informalidad, probablemente acrecentadas durante los últimos cuatro años de macrismo. Y si bien la política se va transformando en función de llegar a estos sectores, lo cierto es que a dos meses de iniciada la cuarentena hay muchas personas que no han podido cobrar aún este Ingreso ni ninguna otra ayuda.

Mención aparte merece la situación de les niñes en cuarentena: hace casi dos meses que muches no tienen contacto con sus escuelas porque carecen de conectividad o han cambiado el número de teléfono que la institución tenía de contacto y ya nadie pudo comunicarse. La continuidad pedagógica es imposible para muches niñes que viven en casas en donde hay un solo dispositivo, que debe ser compartido entre todos sus habitantes. El reparto de comida en las escuelas es otro problema más que se les suma a las familias: deben hacer cuadras de cola para recibir un bolsón para dos semanas pero que es insuficiente, si es que no les llega solamente el refrigerio con dos leches y galletitas por algún supuesto error administrativo. Como dato de color podemos contar que en el bolsón a veces incluyen una cajita de flan instantáneo para el que se necesita utilizar un litro de leche del que las familias no disponen, lo que da cuenta de la falta de conocimiento sobre la situación que están viviendo miles de personas.

La pandemia y el aislamiento social son potenciadores de las necesidades básicas insatisfechas que existen desde mucho antes que este virus se esparza por el mundo, y que probablemente se prolonguen mucho más una vez finalizada la cuarentena. Lo que logra la excepcionalidad de las circunstancias actuales es poner de manifiesto aquellas desigualdades históricas que existen en CABA (y en el resto del país), y visibilizan múltiples derechos vulnerados que generan que esta crisis sanitaria no impacte a todes por igual. Muy lejos de esto, corremos el riesgo de que esta pandemia termine afectando, como ya sucede en otros países del mundo como Estados Unidos y Brasil, únicamente a los sectores populares, mientras el resto de la sociedad mira hacia otro lado.

A pesar de que ya es un dato irrefutable el hecho de que en los barrios populares de la Ciudad es donde hay mayor multiplicación del virus, aún no existe un protocolo sanitario para cuidar a las personas que se contagian de covid-19 ni a quienes estuvieron en contacto con ellas. Hasta hoy, si un miembro de la familia presenta síntomas y da positivo, al resto se les aísla en el hogar pero no se les testea. Luego de la denuncia de Ramona, el GCBA anunció con bombos y platillos la desinfección de las calles de las villas con lavandina, como si eso pudiera frenar la circulación, o fuera un cambio significativo frente a la falta de elementos de higiene básica en los hogares. Cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio se torna cuesta arriba cuando salir a trabajar, buscar un plato de comida o asistencia médica por fuera del hogar es imperante. El Estado sigue siendo el gran ausente, y esta responsabilidad recae sobre las organizaciones sociales y barriales que a través de donaciones logramos acercar aquello que el gobierno les niega.

Las organizaciones y las necesidades que vemos desde el barrio

Somos, entonces, las organizaciones sociales las que estamos día a día trabajando en los barrios para acompañar en estos contextos. Sin embargo, sin una ayuda del Estado las limitaciones frente a la situación crítica son cada vez mayores. Los comedores, que antes de la pandemia recibían comida, no vieron un aumento en la cantidad de alimento, y aquellos que no recibían nada siguen teniendo que gestionar con sus propios recursos el plato de comida para les vecines. Además, el GBCA no provee elementos básicos de higiene y seguridad (como barbijos, guantes, alcohol en gel) a quienes están trabajando en los barrios, propiciando así más contagios aún.

Dada la tasa de multiplicación y la inacción del GBCA, no se espera más que un estallido en las villas porteñas que será casi imposible de contener. Aún hoy, sin haber entrado en el famoso pico de contagios, las salas de los hospitales empiezan a estar atestadas, y no podemos esperar un mejor panorama si no empieza a haber una transformación radical del plan de acción en los barrios populares. Resulta, entonces, necesario que se tomen medidas que contemplen las realidades territoriales de los sectores populares. En la villa 31, desde las organizaciones se viene exigiendo que se pongan a disposición los múltiples hoteles que hay en la zona para aislar a las personas que estuvieron en contacto con quienes están contagiades, o en caso de que tengan que aislarse en sus casa, que desde el GCBA se garanticen los alimentos y elementos necesarios para que no tengan que salir de sus casas. Esto no solo no está sucediendo, sino que ni siquiera se les hace un seguimiento a los contactos estrechos sobre los síntomas que van teniendo.

En materia educativa, se exige que el gobierno garantice el acceso a las TICs de les niñes para que puedan continuar con sus tareas y en contacto con sus maestres y profesores, algo que está implementándose incipientemente y sin certitud de que alcance a todes les niñes. También se exige que se implemente la tarjeta alimentaria para todes les niñes de escuelas públicas para que puedan mantener la alimentación diaria sin que sea necesario movilizarse de su casa.

En suma, la exigencia es por un Estado que trabaje para les más necesitades, de manera articulada con las organizaciones sociales y barriales, con las familias y vecines de los barrios para evitar no sólo que la pandemia se lleve miles de vidas, sino también que el aislamiento no profundice los niveles de empobrecimiento. La gestión de la ciudad tiene que dejar de ser un negocio para los contratistas y comenzar a ser pensada para todes sus ciudadanes según sus necesidades.

Y después del coronavirus, ¿qué?

La cuarentena es al día de hoy la única medida para luchar contra la pandemia. La eficiencia es indiscutida a nivel nacional e internacional por los principales exponentes en materia de salud y epidemiología.

No negamos que sostenerla es la manera de evitar que se profundicen los contagios y muertes. Pero queremos poner en cuestión la dicotomía entre salud y economía, que viene sobrevolando los debates de la sociedad desde el inicio de la cuarentena. Desde el gobierno nacional se afirma que es falsa pensándola, a nuestro entender, en una dimensión nacional y estatal: un Estado no puede elegir su economía por sobre la salud de su población, porque eventualmente ella se enfermaría de a cientos de miles, desplomando la economía en el corto plazo (como está sucediendo, de hecho, en países que tomaron otros rumbos).

Pero dicha dicotomía tampoco existe para estas familias de los barrios, porque tener que elegir entre salir para comer y no salir para no contagiarse es un escenario imposible. Sin un plato sobre la mesa no se tiene salud, y sin un trabajo digno tampoco. Lejos de ignorar, de negar o moralizar estas realidades, el Estado debería contemplarlas para construir políticas con anclaje territorial real que acompañen estas situaciones. Es urgente para que el virus no siga propagándose en estos barrios, donde tiene mayor circulación y donde la población está más vulnerada. Basta con escuchar lo que las organizaciones sociales que trabajan en los barrios tienen para decir y proponer.

No es cierto que esta pandemia nos iguala, como se escuchaba allá por el inicio de esta crisis. No es verdad que tenemos las mismas posibilidades frente al virus. Porque en una sociedad profundamente desigual, las injusticias no se suspenden ni siquiera en una crisis mundial. Al contrario, se profundizan aún más, y cuando termine este caos, cuando se invente finalmente una vacuna, aunque la comunidad internacional decida patentarla libremente y que toda la población acceda a ella, la desigualdad social seguirá profundizándose.

La urbanización real y participativa de los barrios populares de la Ciudad es una necesidad imperante y urgente que ya no puede esperar. La falta de cloacas, de agua y electricidad es un incumplimiento estatal con el derecho al hábitat y a la salud. Esta es una crisis mundial, pero no queremos que cuando termine y podamos observar sus efectos, nos demos cuenta de que nuevamente quienes más afectades se vieron fueron los sectores populares, racializados y oprimidos. Urge que las medidas se tomen ahora, no esperar a datos sobre cómo afecta la pandemia y la cuarentena a las familias, tenemos los ejemplos de otros países, tenemos el conocimiento científico acumulado en materia sanitaria y epidemiológica, hace falta que el Estado se haga cargo.


* AulaVereda es una organización que trabaja con niñxs desde la educación popular en CABA, PBA, Mendoza y Entre Ríos. En CABA trabaja en Almagro, Boedo y la Villa 31.