Luego de seis días de motín policial el gobierno de Bolivia cerró un acuerdo con la dirigencia y poco a poco la fuerza pública está retomando sus labores.
Luego de una nueva y larga negociación que duró toda la noche del martes, por la mañana se rubricó el acuerdo entre los dirigentes policiales y el gobierno boliviano. La tensión se mantuvo durante toda la noche ante la incertidumbre de la aceptación o no por parte de las bases del acuerdo alcanzado.
El documento consta de 10 puntos y responde a las principales demandas de los alzados. Se incrementó en 100 bolivianos el haber básico, se pagará la jubilación al 100 %, se aumentó al doble la ración de arroz, azúcar y harina, se revisará la Ley 101 del régimen disciplinario de la Policía y se creará una Defensoría Policial. Así se puso fin a una semana de alta tensión en el que la democracia y el proceso de cambio boliviano se vieron amenazados ante una delicada situación de motín policial.
La protestas en términos radicales son parte de la tradición de lucha y parte de la gimnasia política boliviana. Pero desde hace poco más de un año se vienen dando una serie de protestas que ponen en jaque una y otra vez al gobierno de Evo Morales. La mayoría de las veces se trató de reclamos legítimos que solían responder a ciertas torpezas del gobierno. Sin embargo el peligro siempre estuvo en la reacción de la débil derecha boliviana que se montaba sobre las protestas para generar un clima de zozobra.
A esto se suma que en gran parte de las oportunidades la respuesta del gobierno fue lenta y un tanto atolondrada, pero siempre llegando a buen término luego de tomar el camino del diálogo y de llevar adelante políticas que muchas veces superaban incluso el reclamo original.
En esta ocasión los términos fueron distintos. El gobierno tuvo una rápida y certera respuesta; se manejó con mucha cautela, pero con una cintura política acorde a la situación. Evo Morales actuó con firmeza y con un excelente tino político salió en seguida a levantar polvareda por un posible complot golpista.
El en marco de la convulsión regional que planteó el golpe de estado parlamentario en Paraguay, el gobierno boliviano denunció que detrás del motín policial se encontraba la derecha golpista de su país. La reacción externa e interna fue inmediata. Internacionalemente tuvo la suficiente repercusión mediática para que haya pronunciamientos y alerta regional. Por otro lado hacia el interior del país las organizaciones campesinas respondieron diligentemente movilizándose hacia la capital.
Este miércoles organizaciones de las 20 provincias de La Paz bajaron desde la ciudad de El Alto hasta la plaza Villaroel donde ya se encontraban en vigilia por la democracia la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). “Queremos el diálogo, este proceso de cambio nos costo mas de 500 años de lucha”, alertó David Apaza, un dirigente vecinal que llamó a la reflexión a los “hermanos policías”.
Incluso la Central Obrera Boliviana (COB), que no ha dudado en enfrentar al gobierno ante demandas salariales, se pronunció en alerta y aseguró que no permitirían un golpe de estado.
El gobierno boliviano mostró desde el inicio disposición a las conversaciones y reconoció la pertinencia del reclamo. “Sabíamos que había un problema latente y desde un principio reconocimos la legitimidad de la demanda”, afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera.
Lo que el gobierno denunció fue la manipulación del conflicto por los políticos de la oposición y por algunos miembros dentro de la fuerza. “Yo creo que hay sectores al interior de la policía, incluso mandos policiales que están haciendo el juego para tender la cama y que pueda venirse a acostar la derecha, pero no es un algo organizado como tal por la Policía”, opinó el dirigente político Gustavo Torrico.
A esta situación se le sumó la llegada de la novena marcha de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) a La Paz luego de dos meses de andar, en reclamo por la construcción de la carretera en el territorio del TIPNIS. Un conflicto de largo aliento que se ha visto muy debilitado dado que el grupo que sigue reclamando no da cuenta del retroceso que el Gobierno ha dado en el proyecto, además de contar cada vez con menos apoyo por parte de los propios indígenas y campesinos que desean la carretera para poder tener acceso a las necesidades básicas de la vida.
Este miércoles se preveía una jornada de mucha tensión al sumarse los dos conflictos en la misma ciudad. Sin embargo la resolución del motín policial calmó los ánimos en la ciudad, seguía planteado el problema ante la posibilidad de que la marcha del TIPNIS se enfrentara a la concentración a favor del gobierno. Con buen tino fueron los mismos policías movilizados que le pidieron a la CIDOB esquivar la Plaza Virraroel. Así aconteció y la tarde no trajo mayores novedades conflictivas.
Así parece que la calma vuelve a instalarse en las calles de La Paz y la tranquilidad en la democracia boliviana. El buen manejo y la respuesta expeditiva del gobierno, sumado a la acción reactiva de los movimientos sociales que apoyan al Evo han demostrado que con la superación de cada uno de estos conflictos el proceso boliviano se fortalece y se hace cada vez más maduro.