La persecución gremial a ATE, ahora a juicio

La Justicia elevó a juicio la causa que acusa a los representantes de ATE, Humberto Rodríguez y Mariano Skliar con motivo de lo que fue un reclamo salarial en 2013. Persecución gremial y judicialización en la clave del recrudecimiento condenatorio a la protesta social.

 

Ayer, trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones políticas, sociales y sindicales, entre ellas, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) se movilizaron frente a los Tribunales Contravencionales de la ciudad de Buenos Aires, en Tacuarí al 100, por la nulidad de la causa judicial impulsada por el gobierno porteño contra el secretario general adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital, Humberto Rodríguez junto al Delegado General de  la Junta Interna de ATE de Promoción Social de  la Ciudad, Mariano Skliar.

Ambos dirigentes se expresaron frente a la sede del Juzgado Contravencional 21 donde rige la causa que fue impulsada “simplemente por ser los referentes de una protesta enmarcada en el legítimo derecho a huelga, defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras, a quienes representan” según emitió el gremio en un comunicado. Rodríguez mencionó que el motivo de la manifestación consistió en plantear “el rechazo y la negativa a un armado de una causa que el PRO a través de la figura del fiscal Walter López les hace a dos trabajadores como nosotros” aduciendo un corte en la Av. 9 de julio sobre el Metrobus “que no fue tal y que además no está fundamentado”.

La causa que presentó el gobierno porteño a través del fiscal Dr. Walter López de la fiscalía 3 de la Unidad Sudeste y que recayó en el juzgado de la Dra. Cristina Lara tuvo ayer su audiencia técnica donde se expresaron las partes del juzgado para definir el carácter procesal de la causa. Mientras que el fiscal porteño había solicitado elevarlo a juicio con un arresto de 10 días, la defensoría de los representantes gremiales solicitaron la nulidad y la revisión de la misma de acuerdo a la alevosía política y persecución gremial de Rodríguez y Skliar, a la espera de un sobreseimiento.  Sin embargo, la jueza a cargo, Cristina Lara definió elevar a juicio la misma.

La jueza Lara es la misma que mencionó hacia el 2010 frente a una manifestación de apoyo a los trabajadores despedidos de KRAFT S.A que cortar una calle “no es una contravención sino un delito” y merece penas de hasta dos años de cárcel. En ese caso se había declarado icompetente para entender la causa. Sin embargo, casi un año antes en noviembre de 2009, consideró que el dirigente Luis D’Elía no había transgredido el código contravencional porteño por haber realizado una marcha de Liniers a Plaza de Mayo. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri había calificado en ese entonces el fallo como “una burla a la sociedad”.

“Esto se trata de una persecución gremial”

El secretario general de ATE Capital, Humberto Rodriguez denunció que “están imputando de forma arbitraria” y que la situación llega “a estos niveles de conflicto social porque tanto el gobierno de la ciudad como de la provincia no sistematizan agenda de gestión y negociación”. Rodríguez señaló que el fiscal López “nunca historizó un conflicto que llevaba más de 8 meses, incluso después de levantar un paro (en diciembre de 2012) y en 2013 sale a decir esto”.

Recordemos que la causa comienza cuando el 1 de agosto de 2013 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad porteña se manifestaron en esa cartera y luego de 4 horas sin respuesta alguna,  hicieron una interrupción momentánea de las vías del Metrobus en la intersección de México y Av 9 de julio, en el marco de un paro de 24 horas, en reclamo de mejoras en las condiciones laborales así como en repudio de la precariedad de las políticas sociales de la gestión macrista. 

En esa ocasión, el Delegado General de  la Junta Interna de ATE de Promoción Social de la Ciudad, Mariano Skliar, exigió el pase a planta de los trabajadores de esa delegación y aclaró que salían “en repudio de las pésimas condiciones laborales de los trabajadores de las áreas de Adicciones y Niños, Niñas y adolescentes de la Subsecretaría de Promoción Social porteña”.

Más de 1600 son los trabajadores precarizados de dicha Área, mientras los que están en planta permanente cobran un salario de 7 mil pesos, los que tienen contrato de locación o tercerizados cobran cerca de 3400 y realizan las mismas tareas. Dicha situación sin embargo, es una realidad que se traslada a muchas áreas y dependencias de gobierno de la ciudad porteña, precarizando el trabajo, desconociendo la experiencia y la formación y además desatendiendo las políticas públicas sobre todo de aquellas agencias que trabajan con los sectores sociales más vulnerados en la Ciudad.

“Es necesario que hagamos un laburo con los de abajo y por los de abajo”

Marcha dialogó en exclusiva con Mariano Skliar sobre la protesta enmarcada en el legítimo derecho a huelga, la vulneración, precarización  y criminalización de los trabajadores y sobre las políticas que los gobiernos de la ciudad y nacional llevan adelante en la judicialización de la protesta.

– ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales el Gobierno de la Ciudad armó la causa?

Mariano Skliar (MS): Sucede a partir de un conflicto del 1 de agosto del año pasado. En ese entonces, se votó en asamblea hacer un paro en la Subsecretaría de Promoción Social (en el GCBA) en reclamo de mejoras en las contrataciones y en la paridad salarial.  Hicimos una movilización frente al Ministerio por más de 4 horas, donde ningún funcionario nos atendió. Fue recién entonces cuando sucede lo del Metrobus, pero no realizamos un corte, sino que inevitablemente hubo que cruzarlo al movilizarnos de un punto a otro.

En ese momento se comunicó el Asesor Paritario Central de la Ciudad, José María Ohrnialian, yel Ministro de Hacienda Néstor Grindetti, quienes nos convocaron a una mesa de negociación para dar resolución al pedido de aumentos para esos 1600 trabajadores precarizados. Recuerdo que nuestra postura al acceder fue “No queremos coleccionar más actas, queremos respuestas”.

En dicha mesa, se acordó un aumento que pusimos a consideración de la asamblea, el cual fue refrendado. Sin embargo, unos días después de resuelto el conflicto, el gobierno de la ciudad inicia acciones legales contra quienes fuimos los referentes del reclamo.

¿Esto que implica? Por un lado se asume que se trata de un conflicto gremial legítimo por eso se abre una mesa de negociación y por otro, que es un acto de contravención.

Entonces lo que interpretamos es que el macrismo hace la lectura de un conflicto genuino, de una demanda justa que implica solucionar las condiciones laborales de sus propios trabajadoes, pero por otro implicó un costo político alto por las elecciones de octubre de ese año. Ese día participaron del paro muchos sectores del gobierno de la Ciudad y nosotros entendemos que el costo hoy es la judicialización de la protesta.

– ¿Qué fue lo que sucedió luego con la causa judicial?

– (MS): El fiscal nos acusó a mí y a Humberto Rodríguez de obstaculizar e impedir el libre tránsito. Lo que pasó desde entonces es que se movió con una velocidad inusitada. Varias veces fuimos a declarar y se fueron agregando pruebas inconsistentes. Luego, en 5 meses ya estaban haciendo el pedido de elevación a juicio que se confirma hoy con la resolución de la jueza Lara.

Mientras se da el período de instrucción del fiscal Walter López, nos investigan y ponen como supuestas pruebas notas que dimos a los diarios, notas del 2008 y del 2010, que entienden que dan cuenta del accionar que luego tendríamos en el 2013. Tan inconsistente como eso, son las pruebas. Además otras que acreditan refieren a conversaciones telefónicas, con quién hablé, dónde estaba ese día, etc. Y señalan que tuve conversaciones por esos días con el ministro de Hacienda porteño, lo cual es cierto porque ellos nos llamaron a una mesa de negociación, esto demuestra el grado de la contradicción.

Cuando me citan mediante una carta a mi casa en carácter de delegado gremial de Ate (lo que no es menor) entendemos que tiene el simple pero preocupante objetivo de hostigar y amedrentar a los trabajadores a los cuales represento.

– ¿Qué sucede a partir de la resolución de la jueza Cristina Lara?

– (MS): Nuestra defensa hizo pedidos de nulidad de la causa por todo lo que venimos mencionando, la jueza desentiende eso y hace el pedido de elevación a juicio.

Pero esto hay que ponerlo en un análisis mayor. Tenemos a la presidenta de la nación diciendo que hay que regular la protesta social y  poniéndose del lado de la judicialización de una huelga, un corte o una movilización legítima, además de la conducta aberrante de cuestionar a los docentes, así como el cuestionamiento a la campaña por la absolución de  los petroleros de Las Heras. Tenemos al gobierno porteño que sale a cuestionar y criminalizar cualquier movilización en reclamo legítimo por parte de los trabajadores. Entonces está claro que la justicia no va a ser independiente

– ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora y qué análisis hacen ustedes de los motivos por los cuales el gobierno porteño inició la causa?

– (MS): Este juicio lo tenemos que afrontar con mayores niveles de organización y unidad, que empiezan primero por los lugares de trabajo y que luego se plasman en la calle, ganando la batalla político, social y cultural que implica todo esto.

Tanto el kirchnerismo como el macrismo llevan adelante la política de normalidad del capitalismo, donde el Estado precariza a sus trabajadores y vulnera derechos o la sociedad es un campo de conflictos.

Entonces lo que decimos es que se quiere regular la protesta social, pero no la calidad del empleo, de la vivienda, de la salud, de la educación, entre tantas.

Por ejemplo, en las Defensorías (del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA) los abogados están atendiendo más de 500 casos al mismo tiempo de población en situación de vulnerabilidad social y no hay recursos para satisfacer como corresponde esta demanda, pero sí los hay para perseguirnos a nosotros. Eso es una decisión política.

Probablemente ganemos este Juicio en un juzgado, pero también lo vamos a ganar en la calle y con la fuerza de la movilización de las bases.

– ¿Qué elementos entendes necesarios incluir en el análisis de la coyuntura actual y de la etapa política que se aproxima para el movimiento gremial?

– (MS): Lo primero es que la enorme mayoría de las direcciones gremiales son funcionales al orden dominante, al sistema, y en este sentido es que se va a influir en las decisiones vinculadas al orden político.

Tenemos que consolidar un sindicalismo democrático, clasista y de lucha. Es decir, tenemos que tener el nivel de conciencia suficiente para generar unidad por abajo, y con los de abajo. Tenemos que establecer niveles de coordinación mayores en la dirigencia sindical, pero también es importante lograr masividad con niveles amplios de participación, con estrategias inteligentes para leer la etapa y hacer intervenciones en ese sentido.

No hay que hacer un manual del sindicalismo desde la izquierda, hay que construir esas asambleas con la implicancia absoluta de los laburantes. Llamar a un paro no significa que logre niveles de avance significativos, llamar a una movilización no significa que salgan a la calle todos los trabajadores precarizados, entonces es necesario que los referentes hagamos un laburo desde abajo y que tiene que permanecer siempre abajo. Los debates deben ser con el mayor nivel de profundidad posible. Entonces unidad, estrategias inteligentes, buscar masividad, niveles de eficiencia y niveles de democratización es lo que nos debemos en esta próxima etapa.

– ¿Respecto de lo que señalas qué escenario abre esta situación (la de la causa de ustedes como la de tantos otros) para el conjunto de los trabajadores?

– (MS): Es necesario contrarrestar ese efecto, esto tiene que aumentar los niveles de movilización y de unidad. La realidad es dinámica, con mucho laburo de base y sobre todo construyendo espacios democráticos y participativos sobre cómo se enfrenta la judicialización.

Cuando las condiciones materiales que tienen los laburantes es una realidad, cuando no alcanza para llegar a fin de mes, cuando no alcanza para darle de comer a tus pibes, eso significa que no hay trabajo digno y eso rompe cualquier miedo. Y si el macrismo, quiere eso, busca amedrentarnos y generar miedo entre los trabajadores, las condiciones materiales son indiscutibles.

Ellos nos quieren humillar y nosotros sólo queremos un trabajo digno.