Por Agustin Bontempo. La presidenta Cristina Fernández anunció ayer, entre otras cosas, la creación de una Secretaría de Hábitat con el compromiso de urbanizar villas y barrios informales en todo el país.
En la jornada de ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó durante un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario en Casa Rosada, la creación de la nueva Secretaría nacional de acceso al Hábitat, la cual estará a cargo de Rubén Pascolini y tendrá el objetivo central de urbanizar barrios informales en todo el país.
La nueva secretaría contará con un presupuesto inicial de 2118 millones de pesos, que serán destinados a “lograr que los barrios informales, muchos de ellos denominados villas, sean incorporados a la trama urbana y sean incorporados jurídicamente al acceso de la propiedad de la tierra”, según informó la presidenta.
El acuerdo fue firmado por los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, quedando afuera Córdoba, Santa Fe y Capital Federal, siendo estos los distritos -junto a Buenos Aires- que más asentamientos y barrios informales tienen en su territorio. Con el paso de los días, podremos saber de quién es la responsabilidad en los territorios más necesitados.
Ruben Pascolini, quien ya se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, manifestó en declaraciones a Télam que “trabajará de manera integral con las distintas instancias del Estado, con cada municipio, dándole dignidad a esos barrios, integrándolos urbanísticamente, socialmente” y que desarrollará su labor “hasta el fin de la gestión de 2015”. Es llamativo el límite que el nuevo Secretario pone a su gestión, teniendo en cuenta las dificultades y los tiempos que demandan un trabajo tan estructural como la urbanización de los barrios proyectados, entre ellos los 42 que están ubicados en la provincia de Buenos Aires, con todas las complejidades políticas, sociales y económicas que atraviesan.
En líneas generales, si bien el anuncio es prometedor, el déficit habitacional es grande en todo el país. Las cuatroscientas manzanas que integran dichos barrios fueron elegidas por sus condiciones de ubicación en terrenos fiscales así como también por sus características facilitadoras para una primer experiencia urbanística. Los cien barrios, no es el conjunto de los asentamientos y como advertíamos antes, no están incluidos algunos distritos como Capital Federal, que tiene a las villas más antiguas y numerosas del país.
Un derecho que llega hacia el final del kirchnerismo
La mandataria destacó que “la Constitución Nacional y nuestras más profundas convicciones nos hacen saber que cada argentino tiene derecho a un pedazo de tierra adonde constituir su hogar y vivir dignamente”. La decisión del Gobierno nacional en torno de esta medida hacia el final de su mandato, excluyendo en el comienzo el distrito de Capital Federal sólo puede tener dos lecturas. Por un lado un acuerdo con el PRO en la capital porteña donde el gobierno de Macri ya tiene su Secretaría de Hábitat y a pesar de que villas como las 31 y 31 bis están asentadas en terrenos fiscales, no hubo avances de acuerdos ni políticos ni legislativos entre ambos gobiernos, en la urbanización que plantea la ley 3343 a espera de discusión en la Legislatura. Es un mensaje hacia el jefe porteño, la Capital sigue siendo tuya. Por otro lado, establecer un trazado urbano destinado a los habitantes de las villas “así como para los que viven en los contornos” aseguró ayer, “porque pensamos en todos” tiene que ver claramente con el escenario electoral 2015 así como con el reordenamiento del mercado inmobiliario en las provincias –lo que a muchos kirchneristas les interesa mover como puntos importantes de su agenda.-.
Otro dato que surge con algunas particularidades, es la relación que este anuncio puede tener con la reforma del Código Civil que se votará el día de hoy en la diputados -recordemos que cuenta con media sanción de senadores desde noviembre de 2013-. Si bien la reforma del Código tiene avances y retrocesos y es particularmente ambigua, en ella no se cuestiona ninguno de los pilares de la estructura liberal en relación al derecho a la tierra y la vivienda, esto en torno a la frase que ayer repitió reiteradas veces la presidenta fue “que cada argentino tenga un pedazo de tierra digno donde construir su hogar”. Este punto podría ser una traba a la hora de llevar adelante un proceso de urbanización de barrios ya que, como cuenta la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, muchas veces la cuestión de la propiedad, sea pública o privada, es decir la titularidad del suelo termina siendo más un motivo de desalojo que de ampliación de derechos.
Recordemos que días atrás cientos de habitantes de asentamientos, villas y zonas rurales de todo el país se movilizaron en cada provincia en el marco de Encuentro Nacional por la Tierra y la Vivienda en el pedido de las garantías del acceso a la tierra y a una vivienda digna. Entendiendo esta coyuntura, y los matices contradictorios respecto del Código habrá que tener en cuenta su proyección. Es claro que el anuncio en sí despierta expectativas en algunos sectores que aguardaran con ansiedad ser beneficiados por la norma. Es este sentido es importante destacar que el compromiso por la vivienda digna y el acceso a la tierra es función del Estado y que las diferentes luchas y exigencias de los villeros y villeras en todo el país, así como de movimientos sociales y campesinos, es la herramienta fundamental para hacerlo cumplir.