#MacriChau: La profundización del Agronegocio

El modelo productivo durante la gestión de Mauricio Macri solo benefició a los sectores empresarios. En esta entrega del especial #MacriChau, repasamos las políticas en materia de agricultura.

Por Vivian Palmbaum / Foto Pablo Piovano (El costo humano de los agrotóxicos)

Desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri se enarboló como bandera de progreso al llamado “campo”, reservorio de la oligarquía terrateniente en nuestro país. Tal como sabemos las familias conservadoras están ligadas a ese campo. Las mismas que Roca repartió producto del arrebato a los pueblos originarios.

Pero para no irnos tan atrás, solo decimos que son estos apellidos los que estuvieron históricamente ligados al poder más conservador que siempre se autoproclamó como granero del mundo y por ello obtuvo privilegios que estuvieron ligados a nuestra historia más sangrienta.

No parece casual que el Ministro de Agricultura designado desde el comienzo de la gestión Cambiemos fuera  Luis Miguel Etchevehere que pasó de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina a ocupar esa función, una característica del gobierno de los dueños, donde desde las empresas privadas se convirtieron en funcionarios de gobierno. Este caso además tuvo un condimento especial porque hasta se reveló que por este paso la Sociedad Rural lo recompensó, “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”.

De Ministerio a Secretaría para luego volver a ser Ministerio de Agricultura, así fue el devenir de la cartera del ejecutivo nacional. Un trabalenguas difícil de dilucidar detrás del cual había un tejido de alianzas políticas ligadas a la oportunidad de favores y alianzas con el sector.

 

Políticas de concentración

Lo cierto es que a partir de la quita de retenciones y la devaluación de la moneda para el sector concentrado de la economía, y sobre todo para el Agronegocio, representó una importante diferencia en sus ganancias y en el poder que recuperaron con estas alianzas. Tal es así que hace pocos días, el pasado 21 de noviembre en un comunicado de las Confederaciones Rurales Argentinas, a poco menos de un mes del resultado electoral, advirtieron al próximo gobierno sobre el “nefasto impuesto mal llamado retenciones” e hicieron “un llamado a la racionalidad a fin de no detener el proceso proactivo de crecimiento e inversión”, algo que se parece bastante a una amenaza.

Las políticas públicas ligadas al sector de la producción agropecuaria concentrada, al igual que en otras áreas, repercutió en la profundización del modelo extractivo, de producción industrial, del monocultivo que beneficiaba al Agronegocio. Luego la dolarización de los insumos repercutió en la producción de los pequeños productores dejándolos en la miseria y el desamparo. Así lo expresaban apenas asumido el gobierno desde la Unión de Trabajadores de la Tierra: “La aplicación de las nuevas políticas económicas se iniciaron con una importante devaluación que impactó directamente en nuestro sector, que requiere insumos (como semillas y fertilizantes, entre otros) que se pagan en dólares, porque siguen estando dentro del modelo de agronegocio, donde los insumos los controlan las diez empresas que manejan el mercado mundial”.

A ello se sumó que la Secretaría de Agricultura Familiar dejó de cumplir funciones de asistencia al sector para transformarse en una simple instancia administrativa, que también sufrió las políticas de achicamiento de su planta de personal con despidos masivos y persecusiones políticas, tal como sucedía en otras dependencias. El Estado se iba reduciendo a medida que dejaba de cumplir funciones. Junto con ello además se eliminó el Monotributo Social Agropecuario para trabajadores y trabajadoras de la tierra, lo que les dejó sin posibilidad de acceso a una obra social, a los aportes jubilatorios y les quitó la posibilidad de facturar para comercializar sus productos. Es decir medidas que impulsaban la concentración del sector productivo en pocas manos, dejando atados a las y los pequeños productores a las arbitrariedades y abusos que sufren históricamente quienes producen pero no son dueños de la tierra. Lejos fue quedando alguna expectativa que el reconocimiento de los derechos humanos para campesinos y campesinas que se había conquistado en la ONU, en Argentina tuvieran alguna expectativa favorable.

La política de concentración de la producción profundizó un modelo productivo de monocultivo que destruye la diversidad y el monte nativo, ligado a paquetes tecnológicos -léase semillas transgénicas, fertilizantes y agrotóxicos-. Entonces no solo produjo el empobrecimiento de las y los productores, sino además envenenamiento, malformaciones y muerte.

El neoliberalismo que llegó de la mano de un gobierno aliado a las corporaciones, profundizó el extractivismo con políticas que descartan  al ser humano porque privilegian los negocios. Así también pudimos verlo en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que sesionó en diciembre de 2017, donde se delinearon políticas sobre el comercio internacional que luego los países aplican. A continuación, durante el año 2018 sesionaron los paises del G20 en nuestro país, la respuesta a la crisis financiera global para salvar el capital a costa de los pueblos, y en estas coordenadas se debatieron temas como la producción industrial y tecnologizada de alimentos en función de las agendas de las corporaciones, nunca de los pueblos.

Resistir frente a las Buenas Prácticas

Estas políticas públicas del gobierno de Cambiemos, que vinieron a profundizar el modelo productivo, frente a las incontrastables evidencias de las consecuencias del uso de agrotóxicos impulsó que desde el Ministerio se difundiera el Manual de Buenas Prácticas en Agricultura. Con amabilidad para maquillar, desde el Estado responsable de proteger a las y los habitantes, nombrando como productos fitosanitarios a lo que en realidad son agrotóxicos, mientras se enunciaba el repetido argumento de las corporaciones que niegan las consecuencias y responsabilizan del daño a quienes fumigaban, por hacerlo con impericia. Una ficción que se cae por el peso de las evidencias: intoxicaciones, malformaciones y muertes por el envenenamiento del que no se salvaron ni las escuelas rurales, donde concurren las y los más chiquitos.

Ni siquiera la justicia logró frenar estas prácticas, cuando el  presidente  Macri se atrevió a desafiarla al calificar de “irresponsable” al fallo judicial que en Entre Ríos delimitaba las zonas de fumigación sobre escuelas rurales.  De la misma manera la política de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, de la mano de María Eugenia Vidal, a partir del primer día de enero de este año habilitó la aplicación de agrotóxicos sin límites y de esta manera hacía oídos sordos a sus consecuencias. Por un lado estaban los discursos y por otro las prácticas concretas de gobierno y sus graves consecuencias.

No se salvaron ni las abejas

Las abejas comenzaron a morir en masa, con los perjuicios que esto significa para todo el ecosistema y sus consecuencias. Tampoco se salvaron otras especies de este ciclo de envenenamiento, que no tuvo más remedio de ser reconocido hasta por la OMS como peligroso para la vida. El nivel de contaminación alcanzó la tierra, el agua, el aire, las personas.

A poco de terminar su gobierno, en agosto pasado, el presidente Macri intentó sacar por decreto la llamada Ley de Semillas “MONSANTO”, cuando fracasó el intento que saliera por ley del Congreso. Una ley que representa más ganancias para las multinacionales y mayor dependencia para el sector campesino y de la agricultura familiar, por el fortalecimiento del monopolio, decían desde la UTT. Además constituía una manera de mantener controlada la cadena productiva desde la base y la destrucción de las semillas autóctonas y erradicar los saberes ancestrales que implican.

Minería extractiva

También la tierra siguió siendo depredada por la minería y se profundizaron las alianzas con corporaciones siempre bajo la promesa del progreso económico, como los espejitos de colores. Las consecuencias inmediatas fue que se impulsó la organización asambleas en defensa del agua, contaminada por un modelo productivo que  devasta, envenena los cursos de agua y priva del líquido fundamental a las y los pobladores. Una situación contrapuesta al derecho al agua potable reconocida por la Corte Suprema en 2014 como un derecho humano, sin embargo las políticas públicas están lejos aún de que las personas tengan un acceso pleno al agua potable.

¿Quién dijo que todo está perdido?

No todo parecía perdido cuando vecinos, productores, trabajadores y trabajadoras, profesionales de la salud y agrónomos, frente a este peligro comenzaron a adquirir mayor nivel de organización y a conectar las luchas. En estos cuatro años se afianzaron y multiplicaron redes y asambleas a lo largo y ancho del país para resistir, a través de distintas estrategias, en defensa de la vida.

Renacieron y se fortalecieron las distintas propuestas de volver a la Agroecología que viene demostrando que es posible producir sin envenenar, con un modelo que incluya a las distintas formas de vida. Volver al saber de los ancestros que producían respetando a la pacha, por el buen vivir. Un modo de producción que no le da ganancias a las corporaciones.

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