La punta del iceberg

La punta del iceberg

El gobernador Scioli y el ministro de Seguridad Casal junto a Carola Labrador, madre de Candela

Por Tomás Eliaschev. El caso Candela y las bandas de narcopolicías que funcionan en zonas del conurbano bonaerense. Critican a la investigación en la Cámara penal de Morón y en el Senado bonaerense. 

A la luz de las últimas noticias, desde que comenzó el caso de Candela Sol Rodríguez los investigadores de la Policía Bonaerense hicieron todo lo posible para que nada se esclarezca. Ante el escándalo de una investigación que se cae a pedazos, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Morón declaró la nulidad de lo actuado por el fiscal Miguel Tavolaro y el juez de garantías Antonio Meade. Los jueces cuestionaron el abuso que se hizo de las declaraciones de los misteriosos testigos de identidad reservada que llevaron a que haya ocho acusados, algunos que estuvieron presos hasta ser excarcelados en las últimas horas. Varios de los detenidos denunciaron apremios.

Recordemos que, cuando después de 9 días de una difusión mediática inédita el asesinato era un hecho, las autoridades de la provincia de Buenos Aires procuraron la rápida resolución del caso: aunque deteniendo solamente en base a dichos de testigos encubiertos a un conjunto de perejiles y de lúmpenes, tales como el informante (buche) Hugo “Topo” Moreyra, que desde hace décadas es un personaje del hampa conocido de varios jefes policiales. Para esto contaron con una estrategia que tuvo al abogado Fernando Burlando y al fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate a la cabeza. Y con el soporte de la cadena de medios del empresario Daniel Hadad, el promotor de la mano dura que, asociado al empresario Mario Montoto, hegemoniza el negocio de la venta de cámaras de seguridad. Por eso siempre tienen la primicia, a tal punto que llegaron a divulgar un llamado extorsivo minutos después de que apareciera el cuerpo muerto de la niña.

Pese a la obviedad de que el secuestro de Candela y sus posterior homicidio se dio en el marco de la disputa de bandas de traficantes asociados a efectivos policiales, desde la gobernación de Daniel Scioli (junto con el ministro Ricardo Casal y su entramado mediático judicial) se priorizó evitar poner el eje en los cuestionamientos contra la Policía y la Justicia provinciales. A diferencia de otros casos de personas desaparecidas, como en el caso Luciano Arruga, Carola Labrador, madre de Candela, fue atendida por las autoridades. Fue recibida por la presidenta Cristina Fernández al tercer día de estar la niña perdida. En la casa Rosada celebran no haber permitido fotógrafos. El gobernador Daniel Scioli se reunió con ella en varias oportunidades. Y se sacó varias fotos.

La comisión que conformó el Senado provincial que está analizando la connivencia de la policía con el crimen organizado en el caso Candela fue un impulso para que quede demasiado expuesta una investigación plagada de irregularidades, entra las que se destaca que todas las detenciones se basan en una prueba móvil: un vaso con el ADN de la niña que apareció en el tercer allanamiento de la propiedad en la que supuestamente estuvo secuestrada. Y en testimonios de misteriosos denunciantes, que por sí solos no son prueba suficiente. Las versiones y confusas declaraciones promovidas desde la fiscalía general, con Nieva Woodgate dando detalles sobre la vida sexual de la niña asesinada, sin mencionar nunca los episodios recientes en los que dos tías de la niña habían estado involucradas, como víctimas, en secuestros extorsivos donde tuvieron participación narcos y policías.

En este espantoso crimen, la Policía Bonaerense fue parte del problema, no de la solución. Al ponerse la lupa sobre el caso, y sobre antecedentes cercanos, queda establecido que en el partido de San Martín funcionan bandas de traficantes asociadas con funcionarios policiales y judiciales, específicamente en las villas Corea, 9 de Julio y la Cárcova, que pueden llegar a disputarse un territorio a los tiros o secuestrándose y matándose. Y luego seguir operando. 

La comisión del Senado bonaerense, presidida por Marta Arriola, convocó a trabajadores de prensa que en distintos medios cubrieron aspectos del caso Candela.  Sebastián Hacher, Gustavo Carabajal, Ricardo Ragendorfer y quien esto escribe, dieron testimonio ante ocho senadores de distintos bloques junto a algunos de sus asesores, que pudieron escuchar en detalle los contenidos de las notas escritas, en las que se apunta a la complicidad de policías con el crimen organizado.

Por los que se deduce de las preguntas formuladas por los senadores a los periodistas, tanto desde los bloques del Frente para la Victoria, del GEN y de la Coalición Cívica, que son quienes participan, se notó mucha preocupación por los niveles inocultables de descomposición que existen en la Policía de la provincia más poblada del país. Con la causa caída, la comisión cobra especial relevancia.

“Empezamos a una etapa de convocatoria de funcionarios judiciales y policiales, además de los abogados defensores. También vienen personas que se presentan espontáneamente. Todas las personas que tuvieron algo que ver con el caso serán citados por la comisión”, adelantó Arriola a Marcha. La funcionaria destacó que “se está trabajando muy bien entre distintos bloques. Se formó un grupo compacto de asesores, la comisión ya tomó cuerpo”. Según recordó, “para este martes está previsto que se presente quien era Jefe de la Policía en ese momento, Juan Carlos Paggi. Y para el próximo martes, está convocado Nieva Woodgate”.

Uno de los servidores de la ley más mencionados en los artículos periodísticos que ponen el foco sobre la investigación es Marcelo Javier Chebriau, jefe de la DDI de La Matanza, hombre ligado a dos Rodríguez: uno, el duhaldista juez federal de Morón, Jorge, y otro, Mario “el Chorizo”, recordado jefe de la corrupta maldita bonaerense de los noventa. Chebriau, que aparece atrás de la madre de Candela en la foto que ilustra esta nota, tomada cuando apareció el cuerpo de la nena, el 31 de agosto pasado. Múltiples denuncias de sus subalternos indican que se trata de un profesional del armado de causas y de la recaudación ilegal. Y un jefe policial de peso. Estuvo a cargo de la no búsqueda de Luciano Arruga, desaparecido en Lomas del Mirador en 2009. Durante los primeros 45 días posteriores a la denuncia, los días clave, no movió un pelo para encontrar al joven de 16 años, secuestrado por policías que todavía siguen trabajando en la fuerza, en comisarías del conurbano.