La responsabilidad política de femicidios y casos de trata en Almirante Brown

Por Maru Correa.

Organizaciones de mujeres de Almirante Brown exigen una respuesta política del parte del intendente, Daniel Bolettieri, ante los casos de femicidio, desapariciones de jóvenes y trata con fines de explotación sexual. Investigar, comprometerse y promover una solución integral para las víctimas de las violencias y sus familias también es hacer gestión.

 

El intendente de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, es “el principal responsable político de los abusos, muertes y desapariciones de las mujeres” en ese distrito. Así lo señalan las distintas organizaciones de género, sindicales, sociales, culturales, estudiantiles y políticas que días atrás se manifestaron en la puerta del Municipio para exigir el fin de los femicidios y las zonas liberadas para la trata sexual, sobre lo cual la gestión comunal puede actuar pero no lo hace.

Tres casos que las organizaciones alzaron en sus reclamos fueron los de Estefanía Díaz, de 30 años, Mariana Llamazare, de 17, y Ailén López, de 17. En marzo de 2014, Estefanía fue asesinada a martillazos delante de sus hijos por su ex pareja Fernando Oriolo, quien transgredió una orden judicial de exclusión del hogar. Días antes, Mariana desapareció de su casa del barrio Don José, en el límite de Claypole (Brown) y el partido de Florencio Varela, y un mes después su cuerpo fue encontrado descuartizado en un descampado de la zona. En febrero de 2013, Ailén desapareció de su casa de Longchamps y hasta el momento nada se sabe de ella.

Mi propiedad privada

Junto con el caso de Estefanía, la Asociación Civil La Casa del Encuentro registró entre 2013 y 2014 otros cinco femicidios ocurridos en Brown: en la localidad de Glew, Viviana Morlio, de 32 años; en Ministro Rivadavia, Sofía Maier, de 20; en Burzaco, una mujer de 30 sin identificar; y en Adrogué, una víctima de identidad de género femenino. Además Mauro Silva, de 26 años, fue víctima de “femicidio vinculado” al intentar defender a una mujer, Liliana Luna, a quien su pareja Mario Correa, un policía retirado, la golpeaba ferozmente en la puerta de un bingo de Adrogué. Por intervenir, Correa mató al joven a balazos.

Excepto en el caso de la víctima por identidad de género -que no se determinó quién la asesinó-, el resto de los crímenes los perpetraron parejas y ex parejas de las mujeres, motivados por el tan instalado concepto patriarcal de “propiedad privada”. Situación que se agrava porque Viviana, Estefanía y Sofía dejaron huérfanos a hijos e hijas menores de edad (siete en total), lo cual es una constante en los registros del país.

La trata que no se trata

El año pasado, vecinos y vecinas de la localidad de Claypole lograron, después de varias denuncias, que se realicen allanamientos en el local “El Viejo Gaucho”, debido a que sospechaban que allí obligaban a chicas a prostituirse, algo que efectivamente se comprobó. A eso se suman diez intentos de secuestro de jóvenes de entre 15 y 30 años en Rafael Calzada en lo que va del año.

La CTA Autónoma Brown- Perón, convocante de la actividad, sostuvo en un comunicado que “tantos casos en un radio tan pequeño sólo pueden explicarse por la complicidad del Gobierno municipal y las fuerzas de seguridad”. En diálogo con Marcha, Lilén, de ese espacio gremial, aclara que hay intentos de secuestro que quedan sin denunciar por temor a represalias o a sufrir maltrato al hacerlo, y que por lo tanto “es difícil tener casos certeros, sólo hay testimonios”.

“Cuando (las mujeres) hacen la denuncia, la policía no la toma o les dice que no denuncien”, cuestiona la militante, y acusa que la escapatoria de las comisarías en ese sentido es el envío de patrulleros al lugar sospechado de trata y la rotación de los comisarios, “para desmovilizar y mostrar que hacen algo”.

Claro, el sistema de redes de trata con fines de explotación sexual es uno de los negocios más millonarios del mundo, y para funcionar no sólo se necesita clientes, sino también la connivencia de los poderes político, policial y judicial para liberar zonas.

Un grito ignorado por el poder

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La movilización del 9 de abril último comenzó como protesta concreta frente al Municipio y continuó con intervenciones artísticas en la Plaza Espora, de Adrogué, ambas como parte de un plan de visibilización para decirle “basta” a la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos y formas, especialmente institucional.

Ese día, las mujeres esperaban ser recibidas por Bolettieri, pero según les informaron desde el Municipio, estaba en una reunión en el Concejo Deliberante. Les ofrecieron entonces hablar con el secretario de Prevención Ciudadana y Control municipal, Marcelo Fila, con quien ya habían intentado dialogar en otras oportunidades sin obtener respuesta, porque según cuenta Lilén, la política del funcionario en materia de trata es rotar a los comisarios, o sea que los que quedan involucrados se van a otras dependencias. Por ese motivo es que no aceptaron volver a reunirse con él.

“Fila nos dice que lo de la trata y los secuestros son un mito y Bolettieri dice que tenemos que ir a reclamar a Provincia o al Ministerio de Justicia de la Nación”, cuenta la militante. Pero el problema es concreto y existe, y en todo caso lo que queda por hacer es investigar, comprometerse y promover una solución estructural para las víctimas y sus familias.

Tajante, el comunicado emitido por CTA y firmado por decenas de agrupaciones denuncia que “el rol del Gobierno frente a la violencia es aterrador: no sólo no dedica ni un mínimo de recursos para llevar estadísticas oficiales sobre femicidios y desapariciones, sino que perpetúa la violencia sobre las víctimas al no ofrecer planes estructurales de contención ni de prevención de abusos”.

Lilén recordó, por ejemplo, que en 2012 el entonces intendente local y hoy diputado nacional y candidato a gobernador bonaerense por el Frente Renovador, Darío Giustozzi, había asegurado que ya estaba en marcha el proyecto de la Casa de Refugio, un histórico pedido de las organizaciones que dan batalla en defensa de la integridad de las mujeres, debido a la creciente cantidad de denuncias por violencia de género en el distrito (en ese año, más de seis mil en seis meses) y a la falta de contención a nivel estructural.

Sin embargo, todavía no hay un informe certero sobre la construcción de ese espacio ni una fecha de finalización, y mucho menos la posibilidad de que las organizaciones, conocedoras como son de los barrios, participen del monitoreo de los casos.

Consiste todo esto en un grito desgarrador ignorado por el poder estatal que se sucede en Almirante Brown. Es la continuidad de la falta de voluntad política para devolverles a las mujeres los derechos que el patriarcado les mata. Es la profundización de la corrupción y la perpetuidad de la impunidad.