La triste precarización: desalojo y represión en la vía pública

Por Vivian Palmbaum / @vivi_pal – Foto por Camila Parodi / @_ParodiCamila

Desde tempranas horas del martes, trabajadoras y trabajadores de la vía pública del barrio de Once, fueron objeto de un operativo de desalojo con una violenta represión por parte de las fuerzas de inseguridad que representan al Estado.

Mercaderías confiscadas y el impedimento de trabajar. Feriantes, manteros y vendedores ambulantes se movilizaron para responder a los palos y ocuparon las calles para reclamar por su derecho al trabajo. También fueron reprimidos trabajadores y trabajadoras de los medios de prensa, que cubrían la noticia.

Hace casi un año, trabajadores y trabajadoras de la vía pública fueron desalojados y reprimidos en la calle Avellaneda, del barrio de Flores. Con promesas de relocalización que nunca se cumplieron, estas personas aún esperan una solución por parte del gobierno ciudadano. Una estrategia de gran contenido mediático que estigmatiza a estos trabajadores pobres, que sostienen la economía popular, por fuera de toda formalidad. En su gran mayoría comercializan mercaderías que responden a una producción industrial, de la cual ellos son el último eslabón. Sin embargo el sentido común instala la responsabilidad en el comercio hormiga, informal, que sostiene esas producciones industriales cuyo beneficio va a parar al bolsillo de los empresarios, que ni siquiera son sospechados por este accionar, que evade impuestos a gran escala, que no declara sus ingresos y que implica una red de comercialización informal, una mafia, que lucra no solo con el hambre de las clases populares, sino también con otro modo de subsistencia.

Medios masivos serviles

Mientras tanto los medios masivos se ocupan de legitimar los argumentos, esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad con ayuda de los comerciantes, que culpabilizan a estos trabajadores de la economía popular porque ocupan el espacio público, no pagan impuestos, no tienen autorización para trabajar y son parte de una mafia. Todo ello los hace responsables de la falta de ventas en los comercios de la zona. Una construcción discursiva que oculta el beneficio para los grandes empresarios textiles, que alimentan circuitos de informalidad para comercializar y a la vez invisibiliza la responsabilidad que tienen las actuales políticas económicas en la disminución del consumo, que los afecta.

Al mismo tiempo

Un operativo ejecutado en defensa del espacio público e instrumentado brutalmente por la Policía de la Ciudad golpeó a mujeres, jóvenes y persiguió incluso a trabajadores discapacitados cuyo único modo de ganarse la vida es la venta callejera. Curiosamente no interviene el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que los perseguidos son trabajadoras y trabajadores en condiciones de gran vulnerabilidad social. Poco antes de finalizar el año el gobierno nacional junto con el Congreso Nacional reconoció la Emergencia Social por la situación de los sectores más frágiles de la sociedad.

Al mismo tiempo que se reprimen a los trabajadores más informales, se ejecuta otra operación discursiva desde las políticas del gobierno nacional. La flexibilización laboral está en marcha. Esa que fuera anunciada desde el minuto cero de este gobierno, cuando desde el diario La Nación se anunciaba que era alto el costo laboral argentino. El Secretario de Empleo y ex directivo de Techint, Miguel Ángel Ponte, enunció esta semana que “la posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia” a lo que agregó que es como “comer y descomer” con una metáfora alimenticia de dudosa veracidad, para alguien que no debe haber tenido dificultades para acceder a la ingesta diaria. El funcionario hacía alusión a la implementación de pasantías laborales favorecidas desde la cartera laboral, lo que en la práctica implica la flexibilización del mercado laboral, cuyos salarios van a la baja. Esto se acompaña de políticas de Estado que buscan reducir los aportes y contribuciones patronales que sostienen el sistema previsional. Es decir favorecen una vez más a los grandes grupos económicos.

Al mismo tiempo los diarios titulan “Macri firma convenio de Vaca Muerta y logra la primera flexibilización laboral” (El Cronista). Un acuerdo que suscribe el presidente Mauricio Macri y sus ministros con el acuerdo del secretario general del Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquen y La Pampa, Guillermo Pereyra y su par de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo. La flexibilización laboral con la complicidad escandalosa de los representantes de las y los trabajadores que benefician a las petroleras.

Al mismo tiempo, se implementa la complicidad del aparato judicial, que a través de uno de sus jueces acaba de deportar a un joven con la hipótesis de implicación en un asesinato, que aún no ha llegado a juicio, contrariando la presunción de inocencia que consagra nuestro derecho.

¿Qué relación tiene esto con los vendedores desalojados?

Mientras los medios, cómplices históricos, ponen el foco en perseguir a las personas que buscan un miserable sustento diario, con extensas jornadas laborales soportando las inclemencias climáticas, se oculta que no parece haber otra posibilidad de alcanzar otro modo de ganarse la vida. Emergencia social, creciente desocupación, junto con la flexibilización laboral muestran el trazado de un ajuste que está en marcha, un ajuste feroz para una gran mayoría, que solo cierra con represión. Así también lo muestran los episodios que están sucediendo en nuestra Patagonia, donde se instrumenta la represión de estado para permitir la entregan de territorios y cursos de agua que benefician a grandes grupos económicos

La sociedad busca un chivo expiatorio, alguien a quien responsabilizar por sus males. En general estas hipótesis se dirigen a la representación del extranjero, el negro, el pobre, los jóvenes, es decir el diferente, que se convierte en una amenaza. Un discurso legitimado desde las usinas del pensamiento más xenófobo, tal como lo expresa de manera brutal el discurso de Trump y que cotidianamente circula en el sentido común más instalado: inmigrantes, extranjeros, de otras religiones, una amenaza a la integridad de los estados nacionales. Un discurso que se dirige a encontrar siempre un culpable en el más débil.

La cuestión de las y los vendedores callejeros aún no encuentra solución, la de la entrega de nuestros intereses soberanos a los grandes grupos económicos tampoco, pero mientras tanto el pueblo se organiza, se moviliza y lucha. “Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino” tal es lo que consagra nuestra Constitución Nacional, al mismo tiempo en su artículo 14 bis garantiza el derecho al trabajo.