La Universidad de Buenos Aires contra la megaminería

La Universidad de Buenos Aires contra la megaminería

Edificio del Rectorado de la UBA sobre la calle Viamonte (Ciudad de Buenos Aires)

Por Tamara Perelmuter. El 11 de abril, a partir de un proyecto presentado por los consejeros estudiantiles por la mayoría, el Consejo Superior de la UBA aprobó una declaración (CS 4389/12) en contra de la megaminería.

Para tomar esta decisión, la resolución fundamenta que la actividad minera “implicaría un nuevo avance en la profundización del modelo económico extractivo-exportador vigente en nuestro país” y que “causa daños ambientales inmediatos”. Además afirma “que las poblaciones son expuestas entonces a consumir alimentos, agua y a respirar aire contaminados por productos químicos presentes en el ambiente a partir de estos modos productivos”. 

La historia de la minería a cielo abierto en nuestro país se remite a los años 90, cuando en 1993 se promulgó la ley de inversión minera Nº24.196, a la que le sucedieron una larga lista de leyes complementarias y decretos reglamentarios que sirvieron de incentivo para la radicación de grandes corporaciones mineras. Los privilegios que ofrece nuestra legislación se traducen en exenciones de todo tipo: las empresas no pagan impuesto a las ganancias ni IVA a las exportaciones que realizan. Todas estas transformaciones se dan en el contexto general de cambios sustantivos en la explotación de los bienes naturales, posibilitados a través de la reforma constitucional de 1994, con el traspaso de la soberanía del subsuelo (gas, petróleo, minería) del Estado nacional a las provincias. Y con el abandono del Estado nacional y provincial de la explotación de los recursos, dando lugar a su privatización.

La relación entre las empresas mineras y las universidades públicas es compleja y viene de larga data. La minera Agua Rica, a través de su página Web, remarca que entiende que “las casas de altos estudios constituyen la fuente del conocimiento, de donde empresas como la nuestra se nutren de capital humano, innovación e iniciativas de negocios”. Asimismo, explicita que mantienen convenios con las carreras de arqueología y geología dela Universidad Nacional de Tucumán; con geología e ingeniería química de la Universidad Nacional de Salta; con ingeniería en minas y geología de la Universidad Nacional de San Juan; y tiene un convenio de reciprocidad mediante el cual aportan becas para los estudiantes de mejores rendimientos de las carreras de Tecnología y Ciencias Aplicadas dela Universidad Nacional de Catamarca.

Pero quien se lleva todos galardones en este sentido es Minera La Alumbrera, el mayor proyecto minero del país y uno de los más grandes de América Latina, situado en la localidad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. En su página reconoce haber celebrado convenios con la Universidad Nacional de Catamarca y la UN de Tucumán para proyectos de pasantías. En 2008 la Asamblea Socioambiental de Catamarca denunció un acuerdo entre Minera Alumbrera y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para la realización de cursos de capacitación, dictados, entre otros, por el ex ministro de educación porteño Mariano Narodowski.

Pero quizás lo mas renombrado sea el hecho de que, a través del YMAD -Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional-, la minera distribuye fondos para todas las universidades nacionales del país, por intermedio del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Sin embargo, varias universidades (entre ellas las de Córdoba, Litoral, Río Cuarto) rechazaron los fondos, reconociendo que “se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este cuerpo, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”.

No fue el caso de la Universidadde Buenos Aires (UBA), que en agosto de 2009 resolvió, a través de su Consejo Superior, aceptar la partida de $3.470.236 proveniente de YMAD, correspondiente al monto dispuesto para el año 2008 por el CIN. Este dinero se utilizó para la compra del cine Cosmos. Por aquella época, sólo la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad había rechazado simbólicamente esos fondos.

Los autores del proyecto de declaración sobre la actividad, Matías Barbeito, Consejero Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (desde la cual se elevó el proyecto al Consejo Superior) y Pablo Vensentini, consejero estudiantil por la mayoría en el Consejo Superior de la UBA, dialogaron con Marcha. “Que la Universidad más grande del país, en representación de sus profesores, estudiantes y centros de investigación, se pronuncie en este sentido no debe ser pasado por alto”, afirmaron los consejeros, militantes de la agrupación La Mella – Rebelión. “Ahora el gran objetivo es que los fondos de la Alumbrera sean rechazados como en otras universidades del país. Este es el primer paso y un antecedente más que importante para cuando sea el momento de discutir si aceptar o no los fondos que provienen de la YMAD”. 

Bình Luận

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