La vivienda no tiene género

La vivienda no tiene género

Por Noelia Leiva. La comunidad trans de Salta reclamó facilidades para acceder a la casa propia. Asegura que no tiene trabajo digno para construir o reunir los requisitos para recibir un préstamo. La transfobia se mete en el bolsillo.

El sueño de la casa propia es más que la aspiración fundamental para muchas personas de la ‘clase media’. Para el colectivo trans salteño, significa sortear una cadena demoledora de prejuicios que comienza con la discriminación por género y sigue por la reducción de las oportunidades laborales dignas. El siguiente eslabón es otra ausencia: la de ingresos para ahorrar o la de un recibo de sueldo para acceder a un crédito. Desde la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) reclamaron que el machismo se corra del mercado y las oportunidades se multipliquen.

Pensar el patriarcado no es una cuestión de mera filosofía. Su uña ponzoñosa se mete en la economía doméstica. Los mitos sobre que si alguien ‘no es mujer ni varón’ no es confiable o sólo es portador o portadora de un cuerpo exótico del que servirse se convierten en violencia laboral cuando las empresas descartan a aspirantes por ser trans. Incluso los órganos de gobierno tienen una cantidad minoritaria de trabajadores o trabajadoras de esa comunidad, todavía a modo de excepción para dar muestra de la política inclusiva. A veces, ese entramado es tan complejo que ellas y ellos mismos prefieren no postularse a algunos puestos por temor a la revictimización.

Las consecuencias son las naturales: no hay dinero para ahorrar, menos para comprar o construir una casa. Una amplia porción de la población trans reside en viviendas de familiares, amistades o en pensiones. Aunque no sólo ocurre en Salta, en la capital de esa provincia “se habla de inclusión pero no existe contención alguna, ni ante una emergencia, ni por pobreza o vulnerabilidad”, denunció Mary Robles, referente de Attta en la provincia y del Grupo de Transparencia Salteña (GTS).

Sin trabajo en blanco, tampoco hay un recibo de sueldo que les permita garantizar su solvencia para solicitar un préstamo hipotecario. Siquiera el nacional Procrear, porque requiere demostrar ingresos en el sistema formal por al menos un año: “Ingresar (a un crédito) es casi lejano para nuestra gente, más cuando se trata de burocracia”, denunció ante Marcha la también asesora del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia.

En concreto, lo que se pide es un cupo de viviendas sociales a integrantes del colectivo, especialmente a quienes están casados o casadas, según propuso la dirigente en una jornada realizada en la Cámara de Diputados en la que se celebró los cuatro años de la Ley de Matrimonio Igualitario.

Otra opción podría ser flexibilizar los requerimientos para recibir un préstamo, ya que a la dificultad para conseguir un empleo que tiene cualquier persona en el mercado se le suma el estigma patriarcal y conservador. “Proponemos un plan de igualdad de oportunidades para reglamentar la salud, el trabajo y la educación para nosotros y nosotras”, señaló durante el encuentro en la Legislatura salteña. También se reunió con Matías Posadas, interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para avanzar en las tratativas pero al momento no hay más que conversaciones. 

“La igualitaria” 

La respuesta pequeñoburguesa esperable es preguntar por qué habría que diseñar una política exclusiva si tantas otras personas con otras problemáticas tampoco pueden tener un techo propio. Sin embargo, la violencia que asalta a los y las trans en la calle o al interior de las relaciones sociales con quienes siguen atados a la tradición más férrea agrava el marco de segregación, aunque parece no ser blanco de cuestionamiento.

La reacción no tardó: “El próximo paso será la reivindicación del boleto gay gratuito en el transporte público de pasajeros y, más tarde, el doble valor del voto gay en las elecciones generales”, ridiculizó el portal Noticias de Iruya sobre el pedido de equidad. “O (también van a reclamar) la jubilación travesti sin aportes y con el 82 por ciento móvil a los 35 años”, se burló el medio que se considera “en defensa de la libertad de expresión en Salta”.

No felices -o acaso sin comprender la magnitud del término-, definieron a Robles en el epígrafe de la foto que acompaña el artículo como “la igualitaria”, como si, en su paradigma de la exclusión, ese calificativo fuera un chiste en sí mismo. El machismo chorrea bits y tinta, mientras el trabajo sigue menguando para la población vulnerada. 

Una Ley que haga cumplir la ley 

Aunque la normativa que planteó que en todo el país las personas pueden definir su género sin tener que atenerse a las cualidades sexuales, culturales o impuestas desde el nacimiento también vela por el acceso homogéneo a las oportunidades y el respeto de la sociedad a esa comunidad, la arena cotidiana dice otra cosa. Más en Salta, la conservadora provincia que ya prevé reacciones de derecha y ultracatólicas frente al 29º Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará en octubre. Entonces, hay que reforzar la letra escrita.

Con aval de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans de Argentina, trabajan para que se trate la Ley Integral para Personas Trans, que vendría a superar todo lo escrito para bregar por la satisfacción de las necesidades básicas. La norma “tiene el objetivo de asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en cualesquiera otros ámbitos de la vida ciudadana”, define en su primer artículo.

“Es el momento para hacer conocer nuestra situación”, enfatizó Robles. Tiene que suceder que, esta vez, el norte si exista.