Por Berenice Anaya. Desde las primeras horas del día de ayer, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de México. Cerca de 80 millones de mexicanos sobre un total de 112, fueron habilitados para elegir en 143 mil mesas de votación a quién los gobierne.
También se renovaron las bancadas de 128 senadores y 500 diputados del Congreso de la Unión, seis gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, alrededor de 900 alcaldes y de 600 legisladores locales.
Luego de tres meses de una agitada campaña electoral, en la que el rol protagónico antes que los candidatos presidenciales, lo tuvieron los jóvenes. Protagonismo que no sólo se debió a que estos ocupan alrededor del 25% del padrón, sino también a que a partir de la irrupción en el escenario electoral del masivo movimiento #YoSoy132, reavivaron la campaña, bajo las consignas y el compromiso de ser actores fundamentales y garantes de unas elecciones transparentes y legítimas.
Los cuatro candidatos: Enrique Peña Nieto, de Compromiso por México, alianza liderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que gobernara el país durante siete décadas- , Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que conforma la Coalición Movimiento Progresista, Gabriel Quadri, de Nueva Alianza y Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN) -actual partido de gobierno-, se presentaron durante el tiempo que duró la campaña como la opción de cambio que necesita el país.
Tras doce años de gobierno panista, quienes pensaron que el cambio comenzaría el primero de diciembre del año 2000, -momento en que asumía por primera vez un presidente que no fuera del PRI- se ven hoy decepcionados al menos por lo que los números dicen en materia de pobreza, corrupción y violencia.
La lucha contra el narcotráfico, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los gobiernos y deberá enfrentarse el próximo presidente, ha dejado en el sexenio de Felipe Calderón, entre 55 y 60 mil muertos, de los cuales la mayoría han sido civiles inocentes. La violencia ejercida por el crimen organizado hacia los profesionales de prensa arroja un saldo de más de 80 muertos o desaparecidos en la última década, de cuyos casos la mayoría se encuentran sin resolver por parte de la justicia. Lo mismo puede mencionarse en relación a la violencia de género que sufren las mujeres mexicanas, este es uno de los países de América Latina con más altos índices de femicidio y graves niveles de impunidad. Asimismo, en 2010, los estadísticas indicaban que 52 millones de mexicanos eran pobres, lo que representa cerca de la mitad de la población –temática esta que, por otro lado, no ocupo el principal objeto de la campaña de ninguno de los cuatro candidatos-.
En este contexto transcurrieron lo que el gobierno llamó “las elecciones más custodiadas de la historia”, no sólo por el alto despliegue del ejército intentando garantizar la tranquilidad en todos los distritos, especialmente en aquellos Estados que más afectados se han visto por los efectos del narcotráfico. Sino también por el hecho de haberse visto resguardadas por la presencia de más de 30 mil observadores electorales, locales e internacionales, que garantizaran la transparencia de un proceso electoral, previamente sospechado, por las distintas fuerzas políticas -en especial los candidatos del PRD y el PAN- y el propio movimiento #YoSoy132.
Si bien setenta y dos horas antes del acto comicial, los cuatro candidatos firmaron un Acta Compromiso, en el cual se comprometían a respetar los resultados electorales oficializados por el Instituto Federal Electoral (IFE), desde tempranas horas de la mañana comenzaron a registrase denuncias de irregularidades en el proceso, e incluso la concentración de electores frente al IFE, reclamando su derecho a votar. Desde demoras en la apertura de las casillas electorales, como la falta de boletas en muchas de estas, sobre todo las denominadas “Casillas Especiales” (qué son aquellas que el IFE dispuso para que los ciudadanos en tránsito, que estuvieran fuera de su distrito pudieran emitir su voto), la compra de votos y el acarreo de votantes, hasta la aparición de boletas marcadas a favor del candidato priísta (el código federal electoral mexicano, adopta para sus elecciones el sistema de “Boleta Única”, en la cual los electores deben marcar el candidato de su preferencia para emitir su voto). Estos fueron lo qué Leonardo Valdez Surita, presidente del IFE, calificó como “incidentes menores, en su mayoría ajenos a la elección y que no tendrán incidencia sobre el resultado final”.
Tras una jornada electoral catalogada por Leonardo Valdez Surita como exitosa y la que más votantes registro en años, los resultados arrojados por el Conteo Rápido implementado por el IFE –que se sustenta en una amplia muestra representativa y la información es analizada con métodos científicos comprobados, y marca la tendencia de los resultados finales- parecen ser lo que los sondeos venían anunciando en los últimos meses, la vuelta del PRI a Los Pinos. Según los primeros datos oficiales y, al cierre de esta edición de Marcha, Enrique Peña Nieto se imponía con el 36,68% de los votos, sobre el 33,22% que obtuvo el candidato Andrés Manuel López Obrador. Esta diferencia, si bien confirma la victoria del PRI, es mucho más escueta que la prevista. Por otra parte, Peña Nieto se proclamó ganador pero López Obrador sostuvo que “no está dicha la última palabra” hasta que termine el conteo de votos. Mientras tanto, en el Distrito Federal el PRD mantenía por amplio margen la jefatura de gobierno en manos de Miguel Mancera.
El triunfo de Peña Nieto, -candidato de la oligarquía y la corporación mediática de México- representa el regreso del viejo partido que se perpetuara durante 71 años en el poder, a fuerza de autoritarismo y corrupción. Además, este encarna el peor PRI de la historia, aquel que de la mano de Carlos Salinas de Gortari –padre político del presidente electo- pusiera en marcha las reformas neoliberales, privatizando cientos de compañías estatales, durante los noventa, enriqueciendo además a todo su círculo íntimo en sólo un sexenio de gobierno. Asimismo se avizora un gobierno que incremente e intensifique la represión.
Los resultados parecen traer la buena nueva de qué los años de gobierno panista finalizaran el 1° de diciembre cuando asuma el nuevo presidente. Sin embargo, tal y como muchos analistas mexicanos dicen, “en el país de la desmemoria”, el pueblo deberá enfrentar con gran esfuerzo y madurez política otro sexenio de un partido político que nació como no democrático y ha dado sobradas muestras de que sigue siéndolo. Un presidente qué surgió y se impuso como producto televisivo y detrás del cual se encuentra el poder económico concentrado del país. El cambio deberá esperar otros seis años. Período en el qué quizás el entusiasmo y el ímpetu de los jóvenes que ayer votaron por primera vez, así como la perspectiva del movimiento #YoSoy132, que ya anunció una estrategia política post electoral, se convierta en la esperanza de transformación de la política mexicana. El tiempo dirá si pasarán a ser una manifestación testimonial más o, por el contrario, una verdadera fuerza renovadora de la realidad mexicana.