El lado B de la Reforma electoral

Por Mariano Bruno – @Pampeano

El presidente Mauricio Macri envió al Congreso el proyecto de Ley de Reforma Electoral que busca “transparentar”, según dijo, el proceso electoral, a la vez que intenta “agilizar” el recuento de votos.

Si bien parece contar con la mayoría en la cámara baja para ser aprobada, parte del arco opositor, expertos en sistemas de votación y organizaciones civiles consideran que la propuesta del gobierno es insuficiente.

Uno de los puntos centrales de la reforma electoral es la implementación de la boleta electrónica como ya introdujo Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, así como también en la provincia de Salta en las últimas elecciones. El objetivo es simple: aplicar el mismo sistema. Para eso, el ejecutivo deberá poner en marcha un proceso de licitación para la adquisición de las máquinas y la capacitación de los electores. El caballito de batalla de la ley implica, según el gobierno, una “mayor equidad y transparencia” a la vez que “agiliza el proceso de recuento y transmisión de resultados”.

Otras novedades del proyecto es la supresión de las famosas listas denominadas sábana y colectoras. Un mismo candidato no podrá presentarse en elecciones nacionales y provinciales al mismo tiempo y habilita la postulación del candidato a presidente en las PASO sin formula completa. Además, tras la experiencia de Argentina Debate, el gobierno pretende que de ahora en más los debates presidenciales sean obligatorios. Sostiene que el debate “fortalece el componente deliberativo de la democracia y alienta el interés ciudadano en las campañas”.

En cuento al punto de trasparencia el proyecto pretende generar un mayor control para evitar fraude: a través de la creación de un cuerpo de auditores para dotar a la Justicia electoral y controlar así el financiamiento político. Esta etapa de la reforma será para la segunda fase, hacia el 2019. También creará la figura de un fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que estará especializado en la materia. En la actualidad funciona con el fiscal que actúa ante el Juzgado Federal N° 1.

Una limitación democrática

Si bien la mayoría del arco político se manifestó a favor de la reforma, el punto que más críticas obtuvo fue la intensión de modificar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa pretende que cada elector deberá optar primero en qué agrupación participar y luego elegir entre los candidatos de dicho espacio.

Varios dirigentes del interior del país se manifestaron en contra de está medida, calificándola de “tramposa e ilegítima”. Para el ex legislador tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, del Frente Renovador, “Plantear que los partido políticos solamente lleven candidatos a presidente en las PASO y dejar la posibilidad de que luego se convoque a cualquier otro dirigente que perdió en las mismas elecciones o que no participo en ninguna me parece lo más tramposo e ilegitimo que se puede plantear al electorado”. Según el ex legislador, esto significará que “se multiplicarán los candidatos a presidente pero con intenciones reales de ser vice, especulando con el caudal de votos y negociando apoyos”. Aseguró que esta medida podría desvirtuar el espíritu de las PASO.

La polémica por las Primarias llegó incluso de aliados. El Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los principales gobernadores que respalda al gobierno de Macri, se mostró crítico a la restricción que implica la participación en las internas de un solo partido. “La partidización obligatoria que se propone es un retroceso porque le quita la posibilidad al ciudadano de armar su voto con total libertad, como hacemos en nuestra provincia y como viene funcionando positivamente en las actuales PASO”.

Por su parte, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, se mostró preocupado ya que “Macri agravó el intervencionismo estatal al prohibir que en las PASO el electorado no pueda cortar boleta entre distintos partidos o alianzas. Estamos en presencia de una manipulación extrema”. Además manifestó que el proyecto oficial omite por completo el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales “Lo que en los hechos significa mantener la estructura corrupta actual, que permitió el florecimiento de los José López, y también de la manipulación de los candidatos y partidos por parte de los empresarios y hasta el narcotráfico”.

Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) llegaron más críticas al proyecto enviado del Presidente al Congreso al destacar en su último documento publicado que “El desafío es que no basta con una reforma de la ley nacional. Se requiere, además, un compromiso de las provincias para eliminar la ley de lemas y verticalizar las alianzas: que los partidos deban mantener las mismas alianzas en todas las categorías y a través de los distritos”.

De aprobarse la reforma electoral -de modo total o parcial- solo tiene alcance en las elecciones de categorías nacionales -presidente, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur-, ya que en el ámbito provincial es facultad de cada estado fijar su normativa electoral, pudiendo adherir o no. En ese contexto, este nuevo paquete no implica que los términos se repliquen en todas las provincias, donde el debate deberá darse en sus respectivas legislaturas.

Comienza el debate

El proyecto que ya comenzó a discutirse en la Cámara, donde podría haber nuevas modificaciones. Sin embargo, desde el gobierno descontaban que las medidas avanzarán en el Parlamento sin mayores inconvenientes dada la ronda de consultas previa, donde por ejemplo se pudo modificar la intensión del oficialismo de eliminar la obligatoriedad de las PASO o crear un órgano electoral independiente que reemplace a la Dirección Nacional Electoral.

También fue descartada la implementación de un mecanismo para unificar el calendario electoral, siendo esta una de las obsesiones del presidente que planteó la necesidad de reducir la cantidad de veces que la ciudadanía concurre a votar en los años electorales. Pero esa pretensión chocó con algunas constituciones provinciales y sobre todo, con los intereses de muchos gobernadores, quienes defienden su facultad de fijar su calendario electoral. Finalmente sólo quedó en un llamado de Macri a “Concentrar rápidamente las elecciones para que los que ahora estamos con amor y compromiso en la carrera del servicio público tengamos la mayor cantidad de tiempo posible para resolver los problemas que tiene nuestra sociedad”.

Uno de los mayores desafíos será la implementación del uso de boleta electrónica en todo el país, que obligará al Ejecutivo a comenzar con los procesos de licitación y la campaña pública de capacitación apenas la ley esté sancionada. Vale recordar que el macrismo ya tuvo un antecedente complicado en la ciudad de Buenos Aires cuando tuvo que suspender la aplicación de la BUE en las primarias porque no llegó con los plazos y recién las pudo implementar en las generales.

En su momento, especialistas en seguridad informática advirtieron sobre posibles vulnerabilidades de este sistema, que resulta mucho menos accesible para su fiscalización por la necesidad de conocimientos técnicos. Además de la licitación de una empresa privada (en Salta y CABA se contrató a Magic Software Argentina MSA) para confección de las máquinas de votación y el desarrollo del software implica una “tercerización del proceso electoral”.